Según HRW, grupos asesinan a personas que no cumplen con órdenes en sus áreas de influencia.
Aprovechando la ausencia del Estado y con el pretexto del coronavirus, grupos armados en Colombia, entre ellos el Eln y las disidencias de las Farc, están imponiendo brutales medidas de control social en al menos un tercio de los departamentos del país.
Los grupos, de acuerdo con un informe de la ONG estadounidense Human Rights Watch, que será publicado este miércoles, están castigando hasta con la muerte a quienes incumplan con las medidas.
Según HRW, su reporte está basado en entrevistas con 55 personas en 13 departamentos de Colombia, incluidos líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes locales.
«Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación del covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo.
En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia”, dice el reporte.
Según la organización, los grupos están transmitiendo sus órdenes a través de panfletos y mensajes en WhatsApp.
En ellos comunican una amplia variedad de disposiciones que incluyen toques de queda, cuarentenas, restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones, límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas, y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país. En el reporte, HRW sostiene que las medidas son mucho más severas que las impuestas por el gobierno para controlar la propagación del virus.
La organización documentó nueve casos de asesinatos cometidos por estos grupos, entre los que también están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que emergieron de la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década pasada.
Uno de ellos es de este 26 de abril cuando la columna móvil Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc
Las víctimas, según le dijeron a HRW funcionarios de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que investigaron el caso, fueron atacadas en un parque público por supuestamente no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por este grupo.
Y también el asesinato el 8 de junio de Édison León Pérez, un líder comunitario de Putumayo, por denunciar los controles de uno de estos grupos armados.
La organización estadounidense documentó a su vez tres casos en los que los grupos armados quemaron motocicletas de supuestos infractores para intimidarlos.
De acuerdo con el informe, las medidas han disminuido el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza y que ya era limitado debido al aislamiento ordenado por el gobierno.
Y cita el testimonio de un líder comunitario en Tumaco según el cual las familias se están muriendo de hambre porque los grupos limitan la pesca y no permiten la compra-venta después de las 5 de la tarde, cuando inicia el toque de queda.
José Miguel Vivanco, director para las América de esta ONG, afirma que “este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”.
Vivanco le pidió al gobierno colombiano intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades como está establecido por el Derecho Internacional Humanitario.
SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON