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Internacional

Las autoridades de Seguridad generan subregistro para ocultar homicidios en El Salvador

EL SALVADOR:

Por Laura Jordán Javier Urbina

Supuestos pandilleros que mueren en enfrentamientos con la PNC no son reportados, al igual que reos fallecidos.

TOMADA DE:https://www.laprensagrafica.com

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Pandilleros asesinados durante el régimen de excepción no están siendo registrados oficialmente, debido a que las autoridades gubernamentales dejaron de incluir las muertes de miembros de estructuras criminales en el reporte diario de homicidios, cinco días después de aprobado el régimen de excepción; algo que también se repite con la muertes de reos asesinados en distintas prisiones del país, los cuales ni siquiera han sido registrados ante el Instituto de Medicina Legal (IML).

Fuentes internas del IML confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que desde que inició la medida del régimen de excepción, el 27 de marzo de este año, no se ha llevado un registro de privados de libertad fallecidos y han catalogado la información com o «inexistente».

Esto pese a que, según testimonios de familiares, al menos 10 reos han muerto con signos de tortura, que incluyen costillas quebradas, estrangulamiento y otros indicios de que fueron asesinados mientras estaban en prisión preventiva.

Durante las autopsias, personal del IML ha indicado causas de muerte variadas, y aunque algunas de ellas dicen «golpes», evitan especificar más datos.

«De las personas fallecidas dentro de los centros penales se debería colocar si la causa de la muerte ha sido por un daño causado por otro prisionero o incluso, por un custodio o parte del personal, pero no se está haciendo», explicó un experto en criminología que pidió no ser identificado por temor a represalias.

“Al no registrar estas muertes (de reos asesinados) como un homicidio lo que están haciendo es decir que el Estado no tiene la culpa y mantener la impunidad ante una posible responsabilidad”.

Verónica Reyna, defensora de derechos humanos del SSPAS

En cuanto a los supuestos pandilleros que han resultado muertos en enfrentamientos con agentes de seguridad pública, la Policía solo reportó cinco entre el 27 de marzo y el 2 de abril, el último día que los informó. Los días siguientes, en su mayoría, fueron detallados con «cero homicidios», aunque LPG ha logrado documentar 35 de estos casos durante los últimos cien días.

UNOS SÍ, OTROS NO

Según el criminólogo consultado por este medio, los criterios de clasificación de las causas de muerte de la Organización Mundial para la Salud (OMS) para este tipo de casos especifican que deberían ser contados como «muertes en operaciones de guerra», porque bajo ese criterio «aparecerían los pandilleros muertos y tendrían que aparecer los policías y soldados que perdieron la vida en esos mismos enfrentamientos, si los hubo».

La Policía sí registra en la misma categoría de homicidios las muertes de agentes y soldados. El 28 de junio pasado, tres policías fueron asesinados en una emboscada que, de acuerdo con la información del Gabinete de Seguridad, fue planeada por seis pandilleros del Barrio 18.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la muerte de los tres agentes, pero no al pandillero que fue asesinado dos días después en un enfrentamiento y que era acusado del triple homicidio. «Esas clasificaciones tienen que tratar de ser lo más objetivos posibles», sostiene el criminólogo.

Enfatizó que si el enfrentamiento no es justificado, estas personas deben entrar en las estadísticas clasificadas como muertes violentas. «La duda es si la declaratoria de guerra tiene algún sustento legal, si no lo tiene, debe ser clasificado como homicidio», agregó.

Pese a que estos dos tipos de casos no están siendo incluidos en las estadísticas de las autoridades de Seguridad y Medicina Legal, el Gobierno ha promocionado frecuentemente los «días con cero homicidios», en donde ignora a pandilleros y privados de libertad.

El 4 de julio pasado, Adrián Efraín Solórzano Hernández, de 30 años, murió asfixiado dentro del Centro Penal La Esperanza (Mariona), donde se encontraba desde el 18 de abril de 2022.

Para su familia la muerte de Adrián se trató de un abuso de autoridad y tortura, ya que según el dictamen del IML tras la autopsia, la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación. Ese mismo día la PNC no informó ningún homicidio a nivel nacional.

Otro de los casos que ocurrió ese día es el de un pandillero que perdió la vida después de un enfrentamiento en San José Villanueva, luego que, supuestamente, atacara a unos soldados. En el reporte diario policial ese día fue clasificado con «cero homicidios».

La directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), Verónica Reyna, expuso que el actual Gobierno no está clasificando estas muertes como un homicidio, pese a lineamientos internacionales.

«El Gobierno mantiene esta tendencia de invisibilizar estos ‘enfrentamientos’ como posibles homicidios y profundiza en ese problema al no registrarlos, eso está generando que la Fiscalía no investigue esos casos». Concluyó que, al no registrar los reos asesinados, el gobierno actual «mantiene la impunidad ante una posible responsabilidad del Estado», lo que afectaría en posibles denuncias de víctimas por el régimen de excepción.

 

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