Santiago Olivares Tobón
La venta de lotes en las partes altas es una de las rentas de más crecimiento. Hay 65 puntos detectados por la Alcaldía.
Una mina de oro para sus rentas criminales se volvieron las partes altas de las montañas para las bandas delincuenciales de Medellín.
La invasión de predios, públicos o privados, para luego vender una parcela a quienes tienen pocos recursos para comprar una vivienda se ha vuelto una fuente de ingreso para 31 estructuras, una renta, además, que requiere pocos esfuerzos en comparación con otras modalidades.
Las laderas de las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique) y 7 (Robledo), además de los corregimientos San Cristóbal y Santa Elena han cambiado su panorama en los últimos cuatro años, pasando de ser zonas verdes a estar invadidas por construcciones, algunas de madera y otras de cemento y ladrillo.
El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, manifestó que “son 65 puntos críticos ya identificados de asentamientos irregulares. Si uno coge el mapa del 2019 y el de 2024, basta con sobreponerlos e inmediatamente se identifican esos puntos tomados por los criminales”.
Las causas
Una de las mayores problemáticas que se vive en la ciudad es el déficit de vivienda, ya que más de 200.000 familias no cuentan con un techo digno. A esto se suma el incremento de la migración venezolana a Medellín, que hoy es el 10% de los habitantes de la ciudad.
Ambas circunstancias son aprovechadas por los criminales, que después de apropiarse de manera irregular de los predios, aparecen como mesías a ofertarles, a bajos costos, espacios para tener un techo, en algunas ocasiones con servicios públicos incluidos, pero en su mayoría sin la dotación básica para poder vivir.
“Como en todo, hay partes donde cuesta más y otras donde vale menos, dependiendo de varias circunstancias. Sabemos que hay lotes de $1 millón y otros que pueden estar en $300.000, $500.000 o hasta $800.000, dependiendo de donde lo encuentre. Hay otros que pueden valer hasta $5 millones”, explicó el funcionario.
En la mayoría de los casos, quienes hacen la adquisición de estos espacios los pagan por cuotas, lo que genera presiones por parte de los criminales, obligando a que en caso de incumplimiento sean víctimas de desplazamiento forzado, perdiendo los recursos invertidos hasta ese momento.
“Cuando no les pagan, cuando tienen algún inconveniente o algún problema, simplemente son capaces de desplazarlos, y ¿qué queda ahí? Una vivienda a la que ellos vuelven y les sacan provecho, porque entonces se la venden a otra persona que también tiene necesidad”, señaló Villa Mejía.
Pero más que preocupación por temas de seguridad, los mayores inconvenientes pasan por las zonas de riesgo de desastres en los puntos donde se anclan las propiedades ilegales después de que las estructuras hacen los loteos.
De acuerdo con los análisis del Dagrd y la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, en la mayoría de los predios invadidos hay alto riesgo de movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, debido a que se encontraban en predios no aptos para el desarrollo de infraestructura, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y otras normas urbanísticas.
Las estructuras
De acuerdo con los registros manejados por la Secretaría de Seguridad, con base en las investigaciones de la Policía Metropolitana y la Fiscalía, entre las 31 estructuras que manejan el tema criminal del loteo en las laderas están La Terraza, Moravia, Los del Alto, La Paralela, La Sierra, Los Chivos y los de El Limonar, solo por mencionar a las más conocidas.
Para contrarrestar este accionar, desde la Alcaldía de Medellín se han hecho 716 remociones de construcciones ilegales, lo que ha permitido la recuperación de 18.000 metros cuadrados de predios invadidos, aunque para lograrlo han tenido que librar una batalla legal aún más intensa que la presentada por las estructuras criminales.
“Es difícil que actuemos, porque si construyen una casa y no actuamos dentro de las primeras horas de construcción y terminan la obra, por más que sea una invasión en un loteo ilegal, la normatividad y la jurisprudencia es tan garantista que nosotros no podemos ir a decirle a esa gente que tienen que retirarse”, aseguró el secretario.
Para las autoridades, esta es una evidencia de la evolución criminal en la ciudad, en la que también incursionaron con la urbanización irregular de las zonas, haciendo de las laderas una de sus minas de oro.
