Las autoridades deberán informar sobre propuestas para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos de personas no identificadas. La cita es el 31 de marzo y 1 de abril.
Recaudar información que permita establecer los lugares donde se encontrarían los cuerpos de personas desaparecidas en Norcasia, Samaná y Victoria, en Caldas, por hechos relacionados con el conflicto y que vinculan a varios grupos armados, es el objetivo de la JEP con la citación a una audiencia pública en Manizales.
A la diligencia cita al partido político de la extinta guerrilla de las Farc que deberá aportar información sobre el paradero de posibles lugares de inhumación o destino de los cuerpos en estos tres municipios caldenses por hechos que vinculan a los frentes 9 y 47 de las Farc-EP.
La información recolectada por la JEP indica que los casos de desaparición forzada estarían asociados a las conductas de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Toda esta información será analizada y contrastada por la JEP con el fin de tener elementos sólidos que permitan tomar decisiones respecto de la solicitud de protección de los lugares objeto de esta diligencia, que se efectuará el 31 de marzo y 1 de abril próximos en la Universidad de Manizales.
Diligencia
De acuerdo con la JEP, atendiendo el principio de centralidad de las víctimas, a esta diligencia fueron citadas, para su participación activa, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la Fundación para el desarrollo comunitario de Samaná (Fundecos), el Centro de estudios sobre el Conflicto, Violencia y Convivencia Social (Cedat) de la Universidad de Caldas, el Equipo Colombiano interdisciplinario de trabajo forense y asistencia Psicosocial (Equit As) y otras víctimas.
A esta audiencia también fueron convocados el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, los alcaldes y personeros de Norcasia, Samaná y Victoria, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Ministerio Público, entre otras instituciones.
Allí, las autoridades deberán informar y explicar sus planes, medidas, acciones, procesos y propuestas para proteger los lugares donde se presume la existencia de cuerpos de personas no identificadas y dadas por desaparecidas.
En la diligencia pública también se buscará verificar si existe riesgo en los mismos que implique la necesidad de adoptar medidas de protección.
Avance
Para Valentina Escobar, abogada y docente de la Clínica Sociojurídica de Interés Publico de la Universidad de Caldas, es un avance significativo convocar a los excombatientes para que aporten a la verdad y al restablecimiento de los derechos de las víctimas y de sus familias. Añade que la desaparición forzada es un delito complejo porque no cesa el dolor de la familia de la víctima hasta tener respuesta de lo que pasó con su familiar, y particularmente en esta región donde hay familias buscadoras que en su mayoría son adultos mayores.
Escobar agrega que el 20 de febrero en La Dorada se entregó del informe de Esclarecimiento de la búsqueda de los desaparecidos en el Magdalena caldense a las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que la componen la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Justiticia Especial para la Paz.
«Considero que este es un ejercicio significativo porque las voces de las víctimas reflejan el impacto del conflicto armado en la región y las necesidades jurídicas insatisfechas por el Estado».
Apunta que este ejercicio de memoria visibilizó el conflicto armado en esa región del departamento Caldas, «hecho por las víctimas y para las víctimas, financiado por el PNUD y ejecutado por el Cedat de la U. de Caldas, Fundecos de Samaná y Equitas».
Antecedentes
El 29 de agosto del 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la JEP tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 zonas del país, en las cuales se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto armado. Posteriormente los peticionarios agregaron una zona más, y a la fecha son 17 sitios en los que la JEP estudia tomar medidas cautelares.
El 14 de septiembre de 2018, la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares y corrió traslado a las instituciones públicas y privadas de los ámbitos nacional, regional y local. Y le solicitó al Movice ampliar la información con el fin de determinar, con la mayor certeza posible, los lugares de efectiva inhumación, los niveles de riesgo naturales o por acción humana, y avanzar hacia la toma de las decisiones más convenientes.
La JEP ha realizado audiencias públicas participativas en Medellín: el 17 y 18 de julio del 2019, sobre la Comuna 13, y los días 8 y 9 de octubre del mismo año, sobre la zona de Hidroituango; en Cartagena los días 20 y 21 de noviembre pasado, en relación con los cementerios de San Onofre (Sucre), del corregimiento Rincón del Mar y de las fincas La Alemania, El Palmar, y sus alrededores.
Así mismo durante el trámite se adoptaron ya medidas cautelares parciales para la protección de cuerpos que se encuentran en Medicina Legal en proceso de identificación y se realizaron actos simbólicos que reivindican la dignidad y derechos de las víctimas.
