Este martes se pondrían sobre la mesa las pruebas para imputar a tres implicados por contratos por $23.000 millones.
Casa por cárcel o libertad. En esa disyuntiva se moverían este martes en la tarde la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo; Lina María Gil, exdirectora técnica del programa Buen Comienzo, y el representante legal de la corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.
Para mañana, a partir de las 5:10 p.m., fue citada la audiencia virtual en la que, según le dijeron varias fuentes a EL COLOMBIANO, la Fiscalía pediría que un juez imponga medida de aseguramiento para ellos tres, bajo la modalidad de prisión domiciliaria, luego de que les impute cargos por presunta celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación.
La diligencia estaba prevista para el lunes 23 de enero pero se aplazó para el 7 de febrero debido a la inasistencia de la abogada de Gómez por incapacidad médica.
Solo en ese momento será que la Fiscal 49 de delitos contra la administración y el patrimonio público explique de qué manera considera que Agudelo, Gil y Gómez habrían tenido que ver con la presunta pérdida de más de 1.300 millones de pesos del presupuesto de Medellín destinados a la educación y comida para niños de entre 0 y 5 años, así como a mercados para madres gestantes o lactantes beneficiarios del programa Buen Comienzo en el año 2020, según denuncia de la veeduría Todos por Medellín.
Los investigadores del caso le dan al material que lograron recabar tal grado de credibilidad como para pretender llevar la acusación hasta la instancia de juicio y pedir que se prive de la libertad a los implicados.
Todos por Medellín y la Fiscalía han guardado hermetismo sobre las evidencias; sin embargo el punto de partida de ellas, en buena medida habría sido el informe de auditoría que realizó en 2021 la Contraloría de Medellín, donde señaló cinco hallazgos fiscales —es decir conductas en las que se podría estar embolatando la plata pública— en dos contratos por $23.000 millones que le entregaron a Colombia Avanza. En su momento, en el documento que generó, la Contraloría adelantó que algunos de esos hallazgos podrían tener hasta el carácter de delitos.
A su vez, ese proceso fiscal fue producto de las denuncias de los concejales Daniel Duque (Partido Verde) y Alfredo Ramos (Centro Democrático) así como de Todos por Medellín, mostrando la que sería una red de tráfico de influencias y presunta corrupción alrededor de Colombia Avanza e instancias de la Alcaldía de Medellín.
Hallazgos que podrían convertirse en delitos para la Fiscalía
El punto de partida, que tiene connotaciones disciplinarias y penales fue que la Alcaldía no sacó el contrato a licitación, como se hacía previamente con este y otros programas, y en cambio lo entregó a dedo, bajo el argumento de que el decreto nacional de urgencia manifiesta por la pandemia del covid-19 se los permitía.
Como si fuera poco, de acuerdo con Duque y Ramos, los pliegos de condiciones se relajaron en algunos aspectos, como la experiencia, en los que Colombia Avanza no les habría ganado a otras competidoras de mayor trayectoria.
Pero ahí no para todo. El informe de la Contraloría, al que la Fiscalía le dio crédito, hace una descripción de la manera como las sumas cuantiosas se habrían ido por un grifo valiéndose de maniobras como inflar precios de productos, disminuir el tamaño de los paquetes alimenticios, elevar los costos de la logística y contratación de profesionales sin el perfil de idoneidad exigido. Todo ello habría ocurrido gracias a una supervisión cuestionada en la que había personas que en el pasado tuvieron vínculos laborales con el contratista y que no habrían tomado las medidas adecuadas ante los indicios tempranos de que algo irregular se estaba cociendo.
Según el informe de auditoría, desde el mismo contrato, al oferente (Colombia Avanza) se le permitió “cambiar de forma unilateral e injustificada las condiciones de la oferta presentada por la administración pública”, y se le aceptó a cambio una propuesta “escueta, global y poco detallada” del servicio por el que iba a responder, lo cual generó una ambigüedad que posteriormente aprovechó.
En cuanto a los sobrecostos, por ejemplo, dice la Contraloría, algunos alimentos se cotizaban con precios al detal aunque la compra se hiciera luego al por mayor.
“Así para determinar el presupuesto oficial del huevo se usó el promedio de: canasta por 30 de huevo tipo A Avifresco por $10.110, canasta por 30 de huevo tipo AA Avinal por $10.750 y canasta por 6 de huevo tipo A Avinal por $3.060, y el presupuesto oficial se estableció en $12.060, al promediar el valor por unidad de huevo de las 3 consultas”, sostuvo la auditoría que luego hizo la descripción de una maniobra idéntica para la harina, la panela, las lentejas y el aceite, por ejemplo. En este último producto se costeó un frasco de 1.000 cc en tanto que en el paquete se incluyó uno de solo la mitad y en el caso de la panela, se costearon paquetes de 900 gramos pero se habrían entregado apenas 500 gramos.
Por otra parte, los estudios previos determinaban que los costos logísticos equivalían al 18%, pero en este caso ese valor se elevó hasta al 25% o 27% del valor total de los paquetes entregados y en ello habría jugado el hecho de que Colombia Avanza al parecer era una mera intermediaria, porque las proveedoras fueron la Corporación Impulsando Mi País y la firma Servicio de Entrega SAS, donde los investigadores perdieron el rastro del dinero porque estas se negaron a colaborar aduciendo ser entidades de derecho privado con las cuales la Alcaldía no había celebrado el contrato referido.
Todo lo anterior, según la Contraloría, llevó a un detrimento posible de 756 millones entre marzo y septiembre de 2020, una cifra que unida a otras posibles triquiñuelas como la contratación de personal que no llenaba los requisitos, se habría subido a cerca de $1.300 millones y hasta podrían ser más.
Aunque la Secretaría de Educación, en cabeza de Agudelo, le respondió a la Contraloría que hizo los respectivos descuentos a la cifra que le pagó a Colombia Avanza, no anexó los documentos que lo comprobaran.
Inicialmente, al evaluar las propuestas del contrato, un punto flaco de Colombia Avanza era la insuficiencia de su bodegaje, pero las influencias en la administración se lo habrían ayudado a subsanar. Este diario tiene fotos en las que se muestra cómo la corporación ocupó el galpón conocido como Las Malvinas, de la Plaza Mayorista, de propiedad de la Alcaldía de Medellín, para guardar y distribuir sus paquetes alimentarios en 2020.
La interventoría, en este caso ejercida por la Institución Universitaria Pascual Bravo, debió detectar las fallas del contrato, pero una coincidencia hace sospechar a las autoridades de la independencia de su criterio, a la hora de permitir por ejemplo adiciones que se hicieron al contrato. Por lo menos dos de los profesionales asignados para esa misión —Juan Guillermo Salazar Mendoza y Juan Camilo Álvarez Garrido— habían laborado previamente con Colombia Avanza o con otra organización estrechamente relacionada con ella, llamada Dignificar.
Cabe anotar que el director de Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez, gana alrededor de $13,5 millones mensuales, salario que resulta inusual y algo escandaloso para una organización sin ánimo de lucro.
Tras los contratos de Buen Comienzo con Colombia Avanza en 2020, por $16.060 millones y $7.168 millones y a pesar de las críticas que motivaron la investigación penal actual, la administración firmó otro contrato en abril del año siguiente por $6.298 millones con la misma entidad.
De ahí en adelante, no ha habido más contratos para la corporación. Sin embargo, EL COLOMBIANO halló en bases de datos oficiales que Buen Comienzo sí ha otorgado otros contratos por $7.391 millones entre el 31 de enero de 2021 y enero de 2023, a Dignificar.
Se trata de una organización que, como se dijo antes, ha sido proveedora de Colombia Avanza y con una más, Impulsando Mi País, han formado una triada para participar en varios concursos.
Y existen otros lazos: la mamá de Gómez, Olga Lucía Montoya, ha sido revisora fiscal de Impulsando Mi País y el fundador de esa entidad, Ricardo Restrepo, fue director administrativo de Colombia Avanza.
Las relaciones con la política metropolitana también han estado presentes en este tema: Gómez fue concejal de Bello apoyado por la casa Suárez Mira, igual que su tía Gloria Montoya, quien también fue alcaldesa encargada en el mismo municipio. Restrepo, por su parte, fue conductor de esta en su paso por la corporación local.
Además, desde finales de 2021 el director del programa Buen Comienzo es Hugo Alexánder Díaz, y previamente había sido subdirector. A él se le endilga una cercanía con el grupo político Suárez Mira, a nombre del cual habría ocupado la gerencia del programa Maná, dedicado igualmente a la atención de la infancia, en la gobernación de Luis Pérez, un político cuya alianza con el alcalde Daniel Quintero es indudable. Díaz es hoy parte de la postura de que en la contratación con Colombia Avanza no se cometieron irregularidades.
Lazos con Quintero
Vale la pena anotar que Henry Paulison Gómez le había aportado refrigerios y tarimas a la campaña de Daniel Quintero para la Alcaldía. Es más, según publicó el portal Las2Orillas, este es muy amigo de Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, dos personas consideradas de la primera línea de Quintero, y visitaba de manera asidua al actual mandatario. Fuera de eso, según medios nacionales de comunicación, en aquel momento, la casa de El Poblado en la que el movimiento Independientes celebró su triunfo así como el trago y los alimentos habrían corrido por cuenta de ese empresario.
Fuentes conocedoras de este proceso no se explican por qué siendo los hallazgos fiscales de la auditoría que hizo la Contraloría de Medellín la base para las investigaciones que le dan pie a la Fiscalía para imputar, la entidad de control fiscal de carácter local acaba de archivar el proceso de responsabilidad fiscal que abrió por los mismos hechos, de acuerdo con un boletín de prensa publicado el 24 de enero, en el cual Alcaldía anunció que ese mismo día le pidió a la Fiscalía que hiciera lo mismo con la investigación penal sobre el mismo asunto.
La decisión la firmó el 11 de enero el contralor auxiliar de Responsabilidad Fiscal, Juan Eduardo Cuadros Acosta, quien le dijo a este diario que se trató de un fallo en primera instancia que todavía no ha sido confirmado en segunda instancia por el Contralor General de Medellín, Pablo Garcés.
Y explicó que “el equipo auditor puede observar un presunto daño, pero una vez en Responsabilidad Fiscal se analizan las pruebas que se alleguen al proceso se determine que no hay mérito para continuar con el proceso y se decida el archivo”.
Así mismo, aseveró que “el proceso penal y el proceso fiscal son diferentes e independientes y tienen diferentes elementos. Así las cosas lo que se decida en uno no necesariamente es lo que se resuelva en el otro”.
Se ha cuestionado en muchas ocasiones el componente político en el funcionamiento de la Contraloría, donde altos cargos representan cuotas burocráticas. Cuadros, por ejemplo, es reconocido en el medio como alfil del concejal de la coalición quinterista Lucas Cañas (conservador). Lo cierto es que a pesar de las decenas de denuncias de la ciudadanía, e incluso de los testimonios que han sido públicos de parte de contratistas que reconocen que les han pedido ‘mordidas’, la Contraloría local se ha convertido en una suerte de convidada de piedra de los presuntos carteles de corrupción pública en Medellín.
Las razones de la imputación
La imputación de cargos contra la secretaria Agudelo obedecería a que fue ella la firmante de los contratos con Colombia Avanza, en representación de la Alcaldía de Medellín y en su condición de ordenadora de gasto en la cartera de Educación.
Lina María Gil, por su parte, firmó los estudios previos donde se certificó que Colombia Avanza era idónea para el contrato de Buen Comienzo, a comienzos de 2020, recién comenzando la administración Quintero, cuando ella fungía como directora técnica del programa. El portal periodístico Vorágine llamó la atención en un artículo reciente acerca de que uno de los profesionales del equipo de Gil que elaboró ese informe trabajó después con Colombia Avanza.
Gómez, como representante de esa corporación, habría dinamizado el entramado de presunta corrupción, conllevando por demás un beneficio.