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Hacinamiento juega en contra de cárceles ante el covid-19

Las horas pasan y pesan en la cárcel. Si antes los reclusos que viven hacinados en 132 establecimientos penitenciarios y carcelarios del país esperaban durante cinco o seis días para la llegada del fin de semana, y con él la visita de amigos, familiares, cónyuges, hijos,

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

El Colombiano

compañeros de vida, desde hace tres semanas no va nadie a las prisiones, ni siquiera los abogados están autorizados a ingresar, con el fin de mitigar el riesgo de que el coronavirus se les cuele y haga más daño en una población ya de por sí vulnerable. Mientras tanto, la sensación de soledad taladra las mentes de los internos.

“Las visitas son un alivio para nosotros”, reconoce Juan*, quien pasa sus días confinado en el Patio 16 de Bellavista. “Si hay tensión o estrés, se alivia cuando uno puede ver y abrazar a su compañera, su mamá, su hermana, sus hijos. Es un momento en el que uno se sale de ese mundo oscuro que está detrás de estas rejas”.

Esa fue la primera medida tomada por el Gobierno Nacional una vez se supo que el covid-19 había llegado a Colombia. Así que este es el tercer fin de semana que los presos no reciben visitas y tampoco saben cuánto tiempo más estarán aislados de sus seres queridos, sin poder sentir esa caricia reparadora.

“Somos conscientes de esa medida y la asumimos con respeto porque es la correcta para evitar el contagio en la cárcel; pero no deja de afectarnos emocionalmente. Nuestra visita es todo para nosotros, es el reencuentro con la libertad”, anota Miguel* desde la cárcel de Palmira (Valle).

Pero los días fueron pasando y la angustia creciendo. El Gobierno, según dicen los reclusos en diferentes partes del país, no atendió el llamado para declarar la emergencia penitenciaria y carcelaria para permitir inversiones y excarcelaciones que ayudaran a mitigar el riesgo. “Nos tuvimos que amotinar y ver morir 23 compañeros para que nos miraran”, dice Juan.

La ministra de Justicia, Margarita Cabello, y el general Norberto Mujica, director del Inpec, explicaron que lo que ocurrió en la noche del sábado 21 de marzo se trató de un acto sistemático en 17 establecimientos del país, en el que, con cacerolazos, los reclusos camuflaron un intento de fuga masiva, que terminó con 23 prisioneros muertos y 83 heridos entre reclusos y guardias.

Para el lunes 23 de marzo, el general Mujica declaró la emergencia. “Esto nos va permitir agilizar los actos administrativos: hacer traslados presupuestales, contratar de manera más ágil todas las necesidades que se tienen de cara a garantizar la salud y la vida de los privados de la libertad. Pero también nos va a permitir tomar algunas medidas de cara a la situación de orden público que se viene presentando. Lo que queremos es poder garantizarle al pueblo colombiano que las cárceles se van a seguir administrando con toda seguridad”.

Hacinamiento

En Bellavista los presos viven agolpados en patios sin celdas. Las rejas están al ingreso de cada patio y los pisos de los edificios están divididos en varios compartimientos que hacen las veces de habitaciones. Su altura no supera los 1.75 metros de altura. En cada habitación duermen entre cuatro y ocho reclusos que se acomodan en dos camarotes y en el suelo. Esos son los afortunados, porque quienes no han podido pagar por sus “cambuches”, como le llaman a un cupo en una habitación administrada por mafias dentro de la cárcel, deben dormir en los pasillos o en los baños y llevar el colchón y la ropa al hombro para donde se muevan.
Y es que, según la Personería de Medellín, Bellavista cuenta con 1.300 cupos, pero hoy alberga en sus instalaciones a 3.440 privados de la libertad, lo que representa un hacinamiento de 265 %, el establecimiento más congestionado del país.

“Esta cárcel es un infierno, aquí no se resocializa nadie, nos tienen como ganado, estamos uno sobre el otro, no hay manera de guardar ninguna distancia prudente y siempre nos hemos sentido vulnerables a las enfermedades porque la alimentación es mala, no solo maluca sino en mal estado. ¿Qué defensas podremos tener ante una enfermedad como el coronavirus?”, cuestiona Andrés*, otro preso del patio 16 de Bellavista.

En la cárcel de Pedregal la historia es diferente. Los habitáculos no son compartimentos con puerta o cortina, son celdas de unos tres metros hechas para que vivan cuatro internos, pero acomodan en cada una a seis personas, y tienen ahí mismo una taza sanitaria y un lavamanos metálico, sin muros que los separen. Hacen sus necesidades fisiológicas a la vista. Más que su libertad, les ha sido arrebatada la dignidad.

Samuel*, interno en esa prisión, asegura que “inicialmente la idea es que en esta cárcel de alta seguridad estuvieran solo sindicados, pero ahora hay sindicados y condenados. Somos 4.300 internos entre mujeres y hombres. La de hombres es para 1.500 internos y hoy tenemos un hacinamiento del 200 %. Inclusive han tenido que habilitar unos espacios que eran para oficinas y metieron allí internos, ahora son los patios R1 y R2”.

Cuando alguien se enferma, debe estar demasiado grave para que reciba atención. Los patios tienen un horario de consultas médicas y se atienden con citas previas que son ocupadas regularmente por quienes tienen alguna enfermedad crónica. En el patio donde está Samuel las citas están agendadas para los jueves, pero si a alguno le da un dolor el viernes, por ejemplo, no lo atienden, a no ser que sea una herida abierta o una fiebre incontrolable, ahí sí puede acudir a Sanidad.

Ante estas condiciones, que se repiten en las demás cárceles del país, es muy complicado que si entra el coronavirus pueda ser contrarrestado en los penales.

Medidas

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) aseguró que había garantizado la disponibilidad de elementos de aseo como gel antibacterial y jabón (7.102 litros) para el lavado y limpieza de manos. Así mismo, de 1.053 unidades de desinfección y esterilización representadas en alcohol convencional, detergente enzimático y alcohol glicerinado (12.800 litros).

Además, indicó, que había asegurado el abastecimiento de medicamentos básicos para la atención de personas que puedan presentar síntomas relacionados con el Covid-19, con 908 unidades de analgésicos y antipiréticos, 62.526 unidades de antihistamínicos y 98.331 elementos de protección como batas, tapabocas convencionales, guantes y sábanas.

Hay que tener en cuenta que en las cárceles del país hay 123.265 internos según el Inpec, sin contar los centros de detención transitoria. De acuerdo con el testimonio de los presos, en Bellavista entregaron un tapabocas desechable por recluso y en Pedregal un paquete de 60 tapabocas por cada patio, en los cuales hay entre 300 y 350 internos.

Andrés es diabético. Cada día debe inyectarse dos ampolletas de insulina que religiosamente le entregan en la cárcel: “Yo sé que esta es una enfermedad crónica y, por lo que he podido ver en las noticias, el coronavirus le da más duro a uno, porque tiene las defensas más bajas. De nada sirve que nos quiten las visitas si los guardias llegan todos los días de las casas, si ellos están en las calles y nos pueden traer el virus”, lamenta.

Duro para los guardias

La situación también es compleja para la guardia y demás funcionarios, que tampoco quieren contagiarse, pero saben de la responsabilidad de garantizar el orden en los establecimientos.

Un miembro de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, que no fue autorizado por su organización para hablar a medios, asegura que “hemos adoptado algunas medidas como el aseo de manos y el uso de tapabocas para evitar ingresar el virus a los privados de la libertad, adicionalmente se están generando jornadas de aseo de las áreas comunes al interior del penal. Se busca el compromiso de los privados de la libertad para que mantengan aseadas las áreas personales como dormitorios, baños y pasillos. Esto se ha socializado intensamente en distintas formas, entre ellas el canal Bellavista Televisión”.

Inclusive, afirma el dragoneante, entre sus compañeros realizaron una recolecta de dinero para conseguir los materiales para la elaboración de tapabocas en sus áreas de confecciones, y solicitaron el redireccionamiento de presupuestos con prioridad a la mitigación del riesgo de coronavirus.

Por ahora toda la población carcelaria está a la espera de que el presidente Iván Duque y sus ministros firmen un decreto que permita la excarcelación de, al menos, 10.000 internos que ya hayan cumplido las tres quintas partes de su pena, que sean adultos mayores, enfermos crónicos, embarazadas o madres de niños pequeños.

El presidente, luego de los amotinamientos aclaró que eso no se va a permitir y hace una semana anunció el decreto, desde el Ministerio de Justicia afirman que ya está en su despacho, siendo revisado por jurídica, para tratar de paliar la crisis penitenciaria. Mientras tanto, hay revuelo en todos los patios y en un lado y en otro se hacen cálculos de las penas y las rebajas que se han ganado para ver quiénes podrán irse a domiciliaria o a libertad condicional, según diga el decreto que aún no ha sido conocido.

*Los nombres de los reclusos fueron cambiados para garantizar su seguridad y porque los celulares a los que fueron contactados son ilegales en las prisiones.

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁS
EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES
“En Irlanda, un país con apenas 4.200 reclusos, la discusión sobre la reducción del sistema penitenciario ya se ha abierto. En Irán, 85.000 personas han sido liberadas de prisión. En el Reino Unido se está evaluando la liberación temporal de internos no violentos. En Canadá se permite que los internos que ya se encuentran en permisos extramurales se queden en sus casas. Bahrain ha indultado a centenares de internos para aliviar la presión sobre el sistema. En Argentina, se han emitido órdenes judiciales para considerar la excarcelación de presos. La respuesta del gobierno colombiano de enviar más personas a prisión, prometiendo cárcel para todos aquellos que se atrevan a no acatar las medidas sanitarias tomadas en los últimos días, sólo podría agravar la situación”, indicaron en un análisis los profesores Libardo José Ariza, de la Universidad de los Andes, y Fernando Tamayo Arboleda, de la Universidad Autónoma Latinoamericana.

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