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Análisis realizado por la UVG evidencia un incremento de denuncias de violencia intrafamiliar en Guatemala, las mujeres son las más vulnerables.
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En 15 años las denuncias de violencia intrafamiliar muestran una tendencia al alza. Cuando en el 2008 se tenían 23 mil 619 reportes, para el 2022 se llegó a 36 mil 238, cantidad que superó el año en que ocurrieron más casos, que fue el 2013 con 35 mil 559. Este es un análisis desarrollado por el Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y que aparece en el portal Guate en datos, que toma como base las cifras del Instituto Nacional de Estadística.
Las mujeres son las principales víctimas de esta acción que causa daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial como se detalla en el decreto 97-96, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar.
El análisis indica que en el 2008 la tasa de violencia contra ellas fue nueve veces más alta que contra los hombres. Aunque para el 2022 la brecha se redujo a 5.5 veces, la población femenina continúa siendo la más violentada.
Al hacer una revisión por departamentos, los que concentran los hechos de este tipo son El Progreso, con una tasa de 568 casos por cada 100 mil habitantes. Le siguen Sacatepéquez con 413 casos, Retalhuleu con 410, Baja Verapaz con 385, Zacapa con 328 y Alta Verapaz con 318. Son los seis lugares donde el año pasado la violencia intrafamiliar fue más frecuente.
Consecuencia letal
La constante violencia en el hogar puede conducir a una tragedia más oscura. En junio del 2021 en Gualán, Zacapa, fueron asesinados Sandra Roselia Contreras de 24 años, y sus hijos de 4 y 7 años de edad. El victimario fue su esposo: Osmín de Jesús Pinto Gómez de 26 años.
El machete, considerado una herramienta de trabajo para agricultores, se convirtió en el arma letal, y la escena del crimen fue su vivienda. La Policía Nacional Civil capturó al hombre y fue enviado a prisión. Un mes después lo ligaron a proceso.
En el año de dicha tragedia se registraron 36 mil 200 denuncias de violencia intrafamiliar a nivel nacional y representó un incremento de 22.3% comparado con el 2020, pues como efecto de las medidas de contención y restricciones de movilidad debido a la pandemia del covid-19 los casos disminuyeron.
Un hecho similar al ocurrido en Gualán sucedió tres años antes, en el 2018 cuando hubo 29 mil 789 denuncias. El caso ocurrió en octubre, en la cabecera departamental de Alta Verapaz. La víctima fue Alejandra Icó Chub, de 32 años, quien fue asesinada por su conviviente Mario Tut Ical, de 46.
El hombre confesó que lo hizo en un “arranque de celos”, porque creía que ella le era infiel. Pero la investigación, a través de un peritaje psiquiátrico, determinó que era misógino.
Alejandra no era la primera mujer a la que agredía. Él estaba casado y también había atacado con un machete a su esposa, y la hirió.
El agresor fue llevado ante un juez y el 29 de agosto de este año el Tribunal de Sentencia de Femicidio de Cobán lo condenó a 50 años de prisión, además debe pagar un resarcimiento a los tres hijos que Alejandra tenía con otra persona.
Mayor impacto
Lo que se observa en el reporte realizado por el Instituto de Investigaciones de la UVG es que durante los 15 años analizados la tasa de casos de violencia intrafamiliar fue más alta entre la población que tiene un grado de escolaridad media.
Por ejemplo, en los reportes del 2022 la tasa de víctimas que cursaron el diversificado era 372 casos por 100 mil habitantes, con nivel básico era 281, mientras que de primaria 191 y de nivel superior 198.
Paula Barrios, coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, menciona que en departamentos como Zacapa y El Progreso no hay organizaciones locales que trabajen en el tema de prevención de la violencia contra las mujeres -principales víctimas de la violencia intrafamiliar-. Además, culturalmente el machismo prevalece en el oriente del país.
Agrega que la falta de justicia especializada impacta en el aumento de casos, como también que a nivel local no hay instancias de defensoría de la mujer indígena, que les permita organizarse y participar en actividades formativas de prevención de la violenta o actividades de sensibilización. Esa articulación es inexistente.
Son las organizaciones de mujeres de sociedad civil las que lideran las acciones sistemáticas y permanentes de prevención en los lugares donde hay mayor vulnerabilidad.
En el caso de Alta Verapaz indica que la población es mayoritariamente q’eqchi y las instituciones de Justicia y de prevención de la violencia contra la mujer no tienen personal que hable el idioma local, y recurren a intérpretes, pero este es un modelo de escaso impacto. Además, las instancias no se ubican cercanas a las comunidades.
Se suma a que en el departamento la mayoría población esta en condiciones de pobreza y pobreza extrema – 89.6% y 46.7% respectivamente, según el último Mapa de Pobreza Rural-, el acceso a la educación y la salud es escaso. Bajo ese contexto la población femenina es la más vulnerable.
Ante los hechos de violencia intrafamiliar, y hacia la mujer, Barrientos dice que no se debe obviar que la legislatura en ocasiones resulta complaciente con el agresor y esa impunidad no envía un mensaje de disuasión, y eso es parte de lo que ha pasado en Alta Verapaz. En el caso de Alejandra Icó Chub la condena del agresor llegó cinco años después.
Falta por hacer
Pese a que la violencia contra a mujer es el delito más denunciado en el país, a criterio de Barrientos desde las instituciones de gobierno no se trabaja de manera articulada en prevenir la violencia.
No hay prevención primaria con la que se busca no se cometan los delitos, tener espacio y condiciones seguros para las mujeres. En un nivel secundario, que el Estado trabaje en disminuir las condiciones de vulnerabilidad, y la prevención terciaria es cuando ya se cometió un delito y se trabaja en que no vuelva a repetirse.
“Guatemala es incapaz de proteger la vida de las mujeres, no cuenta con mecanismos efectivos ni un plan sistemático. Las mujeres seguimos siendo víctimas, sobre todo las que están en condiciones de mayor vulnerabilidad”, agrega.
Rodrigo Castellanos, investigador del Observatorio Sostenible (OES) del Instituto de Investigaciones de la UVG, refiere que los datos evidencian que la violencia físico-psicológica es la más denunciada, pero a partir de la pandemia, quizá por el encierro en los hogares, los casos de agresión psicológica predominaron sobre la física. Además, que la violencia intrafamiliar tiene mayor impacto en la región norte y nororiente del país.
Agrega que la intención del portal Guate en datos es que las instituciones que buscan proteger a la mujer conozcan los puntos donde hay más denuncias y patrones de comportamiento de la violencia de género para trabajar en acciones de prevención.
Violencia sexual
La organización Diálogos Guatemala reporta que el Ministerio Público documentó entre enero y octubre de 2023 un total de 7 mil 265 denuncias de mujeres que corresponden a violencia contra este grupo. El 60% son por casos de violación, un 29% tienen relación con agresión sexual, y el 10% a situaciones de violación a la intimidad sexual. En tanque el uno por ciento son casos de exhibicionismo sexual.