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Guatemala: El gobierno de Giammattei apostó por una comisión presidencial contra la corrupción, estos son los resultados

El acuerdo que extiende la vigencia de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción puede ser derogado por el mandatario entrante. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A pesar de existir una Comisión Presidencial Contra la Corrupción, su funcionamiento y resultados han sido cuestionados por diferentes sectores sociales durante los cuatro años de funcionamiento, por no develar casos de impacto, cuando funcionarios y el propio mandatario son señalados en casos de corrupción.

TOMADO DE: prensalibre.com

El abril último, mediante el acuerdo gubernativo 72-2023, Giammattei amplió la vigencia de la referida Comisión por cuatro años más, por lo que concluiría su funcionamiento en enero de 2028. Sin embargo, la disposición puede ser derogada por el mandatario entrante.

Sobornos

En el caso más reciente se involucra a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, y sancionado con la Ley Magnitsky el 1 de diciembre pasado por supuestamente recibir sobornos por la compra de vacunas rusas Sputnik, para prevenir el covid-19..

Estados Unidos señala a Martínez de haber recibido “grandes sobornos por facilitar la compra de estos inmunizantes. Además, asegura que “se confabuló con otros funcionarios del gobierno para adjudicar ilegalmente contratos”.

Martinez estuvo a cargo del Centro de Gobierno, una entidad creada el 28 de enero de 2020 y que tenía representación en cada uno de los ministerios del Estado.

El exministro de Gobernación,  Gendri Rocael Reyes Mazariegos, fue incluido en la lista Engel de Estados Unidos, al asegurar que  se le involucra “en una importante corrupción”.

Construcción suspendida

En noviembre último el Ministerio Público (MP) inició una investigación y se hicieron verifificaciones de campo relacionadas a la construcción de un paso a desnivel y viaducto en la calzada Roosevelt y 9a. avenida de la zona 11 capitalina, a cargo del ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Civ), debido a que la obra se encuentra inconclusa desde hace varios meses.

El Civ argumentó que se detectó una tubería de hierro galvanizado entre las pilas 3 y 5, que transporta agua hacia las zonas 3 y 7, por lo que trabajan en la reubicación de estas y en otros trabajos similares de readecuación, esto según esa dependencia, provoca que la empresa ejecutora no pueda continuar los trabajos.

Desfalco

El 3 de noviembre último, nueve personas fueron capturadas señaladas de participar en un desfalco de más de Q67 millones en el Hospital Nacional de Chimaltenango, un caso por el cual el exviceministro de Salud, Gerardo David Hernández García, se encuentra ligado a proceso penal.

Las anomalías se encontraron dentro de 770 compras adjudicadas mediante la modalidad de Compra Directa con Oferta Electrónica, para dotar de suministros con servicios de garantía al nuevo Hospital Nacional de Chimaltenango.

Negocio

En febrero de 2022, una investigación del medio salvadoreño El Faro, reveló que un testigo señaló a Giammattei de negociar sobornos con el exministro Benito durante la campaña de 2019. Dicho medio publicó un testimonio en que revela que el presidente Giammattei, negoció US$2.6 millones con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, para que continuara en el cargo en el que fue designado durante gobierno de Jimmy Morales, y así diera continuidad a una red de corrupción mediante la entrega de contratos a empresas constructoras.

La información de El Faro, menciona que una copia de la declaración del testigo estaba en una caja fuerte en el Tribunal D de Mayor Riesgo, a cargo de la jueza Erika Aifán, quien posteriormente se autoexilió al argumentar persecución judicial.
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La investigación según el Faro se deriva de la localización de las 22 maletas que contenían Q122 millones que fueron incautadas en octubre de 2020 en una vivienda de Antigua Guatemala, Sacatepéquez y que había sido arrendada por Benito.

En su momento, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López Oliva, dijo que “rechaza, de forma categórica, todo señalamiento o suposición infundada que pretenda vincular al gobernante con exministros”.

Mandatario

En agosto el 2021, El New York Times aseguró que el 23 de junio de ese año, un testigo aportó detalles a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) sobre la visita de un empresario ruso a Guatemala, cuya misión fue entregar una alfombra llena de dinero al presidente Giammattei en su vivienda de Vista Hermosa, zona 15 a cambio de lograr una concesión portuaria. En su momento, el MP dijo que comenzaría una investigación para determinar si existían dichas pruebas, Sin embargo, no se han conocido resultados de la misma.

Comisión

La Comisión Presidencial Contra la Corrupción fue creada durante el presente gobierno y es presidida por Oscár Dávila, uno de los aspirantes a Fiscal General que llegó a la recta final y considerado como uno de los candidatos favoritos del mandatario para ocupar el cargo, aunque finalmente designó a María Consuelo Porras.

Dávila fungió como viceministro de Gobernación entre el 2016 y 2018. Entre septiembre del 2013 y diciembre del 2015, estuvo a cargo de la Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales dedicadas al Narcotráfico, Lavado de Dinero y otros activos y Delitos contra el Orden Tributario.

Dávila dice que la Comisión ha tenido resultados efectivos, al afirmar que han presentado 43 denuncias al MP durante los cuatro años, aunque reconoce que los procesos son lentos, puesto que de esa cantidad se han logrado 2 sentencias y 21 personas aprehendidas.

“Lamentablemente tenemos un déficit con respecto a la cantidad de denuncias presentadas y los logros obtenidos porque los casos aún se encuentran en investigación según el MP, casos que presentamos desde 2020 y 2021”, afirma.

“Creíamos que estos casos se resolverían pronto pero el MP dice que se debe a las auditorías especiales que se solicitan a la Contraloría General de Cuentas”, explicó.

Davila sostiene que como parte de los resultados de la Comisión se presentaron 35 denuncias ante la Contraloría General de Cuentas y se lograron sanciones económicas para 111 empleados públicos, el monto monetario de las mismas asciende a Q1 millón 500 mil.

Dentro de los casos resueltos que menciona, figura el de un asesor del Congreso que pedía comisiones ilegales por mantener a servidores públicos en varias instituciones.

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