La extracción ilícita generaba cada mes una devastación enorme al medio ambiente.
Las autoridades anunciaron varios de los golpes más importantes contra la minería ilegal de oro en el Suroeste antioqueño. Tras una serie de diez operativos en Venecia y Tarso las autoridades destruyeron maquinaria utilizada para la extracción de oro sobre el río la ribera Cauca.
Los uniformados encontraron dragas, motores y plataformas metálicas avaluadas en más de $265 millones. Así lo confirmó el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante Departamento de Policía Antioquia, quien manifestó que con la desactivación de estos 61 elementos incautados se mitiga el daño ecológico causado por la extracción ilícita y cuya degradación tarda décadas en revertirse.
Guzmán recordó que la minería ilegal no solo afecta la biodiversidad y el recurso hídrico del Cauca, sino que también compromete seriamente la supervivencia y desarrollo de las comunidades locales que se quedan sin sustentos, como la pesca y hasta el turismo que se ve seriamente afectado.
La policía le pidió a la ciudadanía que denuncie actividades ilegales que atentan contra los patrimonios naturales y el bienestar colectivo, fortaleciendo así los esfuerzos para garantizar un entorno seguro y saludable para todos.
El Suroeste antioqueño atraviesa una grave problemática no solo por la minería ilegal sino por cuenta de los planes de explotación que se planean.
Expertos y comunidades alertaron hace unos meses que por cuenta de la extracción masiva de minerales zonas ambiental y socialmente cruciales como el Cerro Bravo sufrieron graves afectaciones como la ocurrida a finales de julio de 2024, cuando el cerro se desgarró y dejó miles de millones en pérdidas y dejó sumida a la población que habita la zona en la completa zozobra ante la posibilidad de nuevas emergencias.
La minería ilegal de oro se ha extendido con fuerza en los últimos ocho años en el departamento. Actualmente, genera desastres ambientales en Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Oriente y Suroeste antioqueño, en todas estas zonas, el principal responsable es el Clan del Golfo que ha utilizado esta renta como principal fuente de financiación, pero también la ha implementado como estrategia de control social, generando desplazamientos entre campesinos, como ocurre actualmente en el Oriente antioqueño.