Un proyecto de resolución que busca evitar la pérdida de iniciativas estratégicas de generación eléctrica afectadas por retrasos en las obras de transmisión fue publicado para comentarios por parte del gobierno Nacional. La medida tendría especial impacto en La Guajira, donde varios parques eólicos dependen de infraestructura pendiente para conectarse al Sistema Interconectado Nacional.
La propuesta del ministerio de Minas y Energía establece mecanismos transitorios para ajustar los cronogramas cuando los retrasos no sean responsabilidad de las empresas desarrolladoras. El objetivo es proteger inversiones en energías renovables, mantener la seguridad energética del país y corregir dificultades surgidas por decisiones de planeación adoptadas en años anteriores.
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El documento también contempla condiciones para proyectos energéticos vinculados con iniciativas de justicia restaurativa. Estas propuestas podrán recibir un tratamiento regulatorio especial cuando cuenten con la validación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y demuestren su contribución a procesos de reparación, reconciliación y desarrollo comunitario.
Línea Colectora supera el 80 por ciento de avance
La medida adquiere importancia por la construcción de la Línea Colectora, infraestructura encargada de transportar la energía eólica y solar producida en La Guajira hacia el resto del país. Según el Ministerio, la obra ya registra un avance superior al 80 por ciento y constituye una pieza esencial para aprovechar el potencial renovable del departamento.
Varios proyectos de generación fueron adjudicados con fechas de entrada en operación que no coincidían con el progreso de las redes necesarias para conectarlos. Esta diferencia entre los cronogramas dejó inversiones expuestas a sanciones, incumplimientos o cancelaciones, pese a que algunas demoras estaban relacionadas con situaciones ajenas a los desarrolladores.
“La transición energética no puede fracasar por errores de planeación heredados ni por retrasos en obras que no dependen de los desarrolladores. Con esta resolución protegemos proyectos estratégicos para el país, preservamos el futuro energético de La Guajira y garantizamos que obras como la Línea Colectora puedan cumplir su propósito de llevar las energías limpias al Sistema Interconectado Nacional”, afirmó el ministro Edwin Palma.
Beneficios estarán sujetos a avances verificables
El Ministerio aclaró que la resolución no otorgará flexibilidades de manera automática. Las empresas interesadas deberán acreditar avances técnicos y constructivos que demuestren una intención real de ejecutar los proyectos, entre ellos la adquisición definitiva de equipos principales u otros hitos equivalentes que puedan ser verificados por las autoridades.
Con esta exigencia, el Gobierno pretende evitar que las medidas sean utilizadas por iniciativas sin capacidad de construcción. Los ajustes regulatorios quedarían reservados para proyectos con inversiones comprobables, cronogramas definidos y posibilidades ciertas de entrar en operación una vez estén disponibles las obras de transmisión.
Los proyectos con enfoque restaurativo también deberán demostrar su articulación con procesos reconocidos por la JEP. La intención es vincular la producción de energía limpia con acciones que generen oportunidades económicas, fortalezcan el tejido social y aporten a la reparación de comunidades afectadas por el conflicto armado.
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Resolución permanecerá abierta a comentarios ciudadanos
“No vamos a condenar a La Guajira al atraso energético por decisiones equivocadas del pasado. Estamos construyendo reglas para que la transición energética llegue a buen puerto, con participación de las comunidades, seguridad jurídica para las inversiones y beneficios reales para los territorios”, señaló el ministro de Minas y Energía.
Palma agregó que la Línea Colectora debe convertirse en la infraestructura que conecte el potencial renovable de La Guajira con las necesidades energéticas de Colombia. Para lograrlo, el Ministerio considera necesario armonizar las fechas de los proyectos de generación con la disponibilidad efectiva de las redes de transmisión.
Una vez finalice la etapa de comentarios y sea adoptada la resolución, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, tendrá hasta doce meses para desarrollar los ajustes correspondientes. Mientras avanza ese proceso, los desarrolladores que cumplan los requisitos podrán acogerse transitoriamente a las medidas establecidas.
