PUERTO RICO:
El jefe de la fiscalía federal en la isla, Stephen Muldrow, indicó que buscan personas que tengan armas de fuego mientras están sujetas a órdenes de protección o agresores que las posean tras haber cumplido sentencia de cárcel.
Las autoridades federales podrían procesar a algunos imputados de violencia de género en Puerto Rico que estén en posesión de armas de fuego.
El jefe de la fiscalía federal en la isla, Stephen Muldrow, indicó que la posibilidad surge de un memorando de entendimiento firmado el mes pasado con el gobierno de Puerto Rico.
“Estamos trabajando con nuestras contrapartes locales para identificar a las personas bajo órdenes de restricción locales por violencia doméstica y que posean armas”, sostuvo Muldrow, durante un encuentro con periodistas.
“Es una prioridad para las autoridades federales garantizar que las personas a quienes un tribunal local ha determinado que representan una amenaza para sus parejas no posean armas ilegalmente”, agregó.
Sus expresiones surgen en momentos en que diversos sectores reclaman al gobierno de Puerto Rico la declaración de un estado de emergencia para tratar de detener la violencia de género.
En la jurisdicción federal no se puede acusar por violencia de género por sí solo. La denuncia tiene que incluir alguna violación a otros delitos contemplados en las leyes federales como es el uso de armas de fuego.
“Cuando pasa un caso, tenemos que probar que la persona estaba bajo una orden de la corte y algunos otros requisitos para el nivel federal”, comentó.
Según Muldrow, una de esas leyes es la sección 922(G)(8) del Código Penal de Estados Unidos, que prohíbe la posesión de armas por parte de una persona que “esté sujeta a órdenes de protección por violencia doméstica”.
Una sección de esa ley plantea que está prohibido la posesión de un arma de fuego por parte de una persona “que está sujeta a una orden judicial que evita a esa persona de hostigar, perseguir o amenazar a una pareja íntima o menor de edad de esa pareja”.
Muldrow dijo que buscarán aplicar también la sección 922(g)(9) del Código Criminal federal que “prohíbe la posesión de armas de fuego por parte de personas que hayan resultado convictas por un crimen de violencia de género”.
“Hemos emitido un anuncio de ese proyecto, en las áreas de violencia doméstica y los casos de armas de fuego el 10 de septiembre, cuando firmamos acuerdo con el Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Policía y el Departamento de Seguridad Pública”, especificó Muldrow.
“Esto es parte del programa. Queremos aceptar estos casos federales. Ese tipo de proyecto está en coordinación con grupo de la comunidad y estamos en proceso de desarrollarlo más”, puntualizó.
