Los decretos con los que se designan a los voceros de ambas partes están listos. Se busca sacar de la ilegalidad a por lo menos 14.000 personas.
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Pese al hermetismo con el que se ha querido manejar el tema, por tratarse de un asunto de extrema delicadez que tiene repercusión directa con la seguridad de la región, ya está todo listo para que en cuestión de días se instale formalmente una mesa de diálogos entre delegados de las bandas que operan en el Valle de Aburrá y el Gobierno de Gustavo Petro.
Los decretos que tienen los nombres de los voceros de ambas partes, que en lo relacionado con los combos incluye gente tanto detenida como en libertad, con canales de diálogos con los jefes delincuenciales, ya se encuentran listos para ser firmado por la Casa de Nariño y así darle piso jurídico a la puesta por sacar de la criminalidad a por lo menos 14.000 personas.
Se sabe que los acercamientos –realizados bajo el paraguas de la llamada paz total– tienen como epicentro la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, lugar en el que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, ha tenido encuentros directos con los capos que manejan los hilos de las bandas del Aburrá y que, así estén presos, tienen incidencia directa en la operatividad ilegal de los combos.
Por eso, según información recogida por EL COLOMBIANO a través de diversas fuentes, este viernes 2 de junio se tiene previsto que la mesa quede conformada, se instale en esa cárcel y así se dé inicio a los diálogos con los que podría darse un eventual salto a la legalidad de estas bandas.
El propio Rueda, en una reciente entrevista con este diario, reveló que “en este momento tenemos interlocución en fase de acercamiento con cerca del 90%. Nos falta un 10%. Buscamos lograr el 100%, pero si no lo lográramos igual vamos a iniciar la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? El escenario de conversaciones sociojurídicas; empieza una fase pública”.
Eso sí, Rueda fue enfático en que “las personas trasladadas de cárceles para facilitar esto, como lo que pasó en Itagüí, son sentenciadas y referentes, por ejemplo, de quienes están activos. Y si delinquen, pues incurren en nuevos delitos. Es importante esa diferencia, porque, de lo contrario, estaríamos amparando el delito y a su responsable”.
Un asunto clave es que las bandas decretaron un cese de hostilidades, precisamente desarrollado desde la cárcel de La Paz –la de Itagüí–, e incluye a poderosos combos como La Oficina y Los Pachelly.
Y aunque los decretos aún no se han hecho público, por lo que los nombres de los voceros de ambos lados siguen estando en revisión, este diario supo que por el lado del Ejecutivo se analiza la presencia en esas mesas de la senadora Isabel Zuleta, de la excomisionada de la Verdad Lucía González, el exsecretario de Gobierno de Antioquia y exasesor de Paz Jorge Mejía Martínez, y de una persona vinculada con los gremios de la región.
En lo referente a los combos, según las fuentes, habría personas privadas de la libertad, como también en su momento lo dijo Rueda, y otras que en libertad tienen contacto con los líderes de los combos. Además, bajo parámetros legales, hay un grupo de abogados apoyando este tema para que se llegue a buen término.
En todo caso, mientras estos últimos detalles terminan de estar listos, se han comenzado a realizar invitaciones a sectores oficiales, como la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín –entre otros–, para que hagan presencia este viernes en Itagüí y atestigüen el comienzo de estos diálogos con la criminalidad del Valle de Aburrá.