Los combos tienen controlado todos los negocios que viven del turismo y en especial los que están alrededor de las escaleras eléctricas. Casi todo el mundo acá debe pagar el “derecho de piso”.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
En la comuna 13, para nadie es un secreto, pasan a diario cientos de visitantes de todo el mundo, los cuales han convertido la que fue una de las zonas más deprimidas de Medellín en el sitio más turístico de la ciudad.
Y para que esto tenga lugar, no pasa lo de antes, es decir, los abaleos callejeros a cualquier hora del día o de la noche, o los combates con fusilería entre una montaña y otra del territorio. Sin embargo, que no silben las balas no quiere decir que las organizaciones criminales hayan desalojado los barrios, porque la realidad es que ellas se quedan con una parte de las ganancias que deja el turismo.
Desde enero 2012 sonaron las alarmas, cuando las escaleras eléctricas apenas llevaban unos días funcionando y ni siquiera estaban terminadas, ya las bandas trataban de tomar su parte, buscando extorsionar a los contratistas que las construyeron e incluso cobrándoles a los primeros usuarios.
Así se denunció ante el Concejo; sin embargo, los organismos de seguridad echaron el tema al olvido escudándose en que no había denuncias formales al respecto, como si no se supiera que la obligación de guardar silencio es la ley más acatada en esta parte del occidente de Medellín.
Lo cierto es que, según testimonios recogidos por EL COLOMBIANO, el boom turístico tiene dos caras: la buena, porque les sirve a cientos de lugareños para tener ingresos; pero la cara oscura habla de grupos armados con presencia en la zona para aumentar sus rentas criminales. Ese es un secreto a voces que todo mundo niega en público y la mayoría acepta en privado, siempre y cuando se prometa que se guardará la confidencialidad de la fuente.
La puerta de entrada principal a La 13, o por lo menos al área más turística de ella, bordeando el barrio 20 de Julio, es la calle 39. Hace una década básicamente estaba compuesta de viviendas a lado y lado. Hoy, desde las tres cuadras antes de la iglesia Las Bienaventuranzas es una sucesión de licoreras, barberías, un taller de motos, un supermercado, cafeterías, casas de cambio, restaurantes con pregoneros promocionando sus menús y no falta nunca un nuevo local en construcción. Difícilmente se encuentra algún primer piso dedicado al uso residencial.
A la altura de la carrera 109, es decir una cuadra antes de ingresar al barrio Independencias 1, por donde se accede a las escaleras eléctricas, el ritmo aumenta y ya todo parece volcado exclusivamente a los foráneos. En toda la esquina, en una barra-bar, decenas de guías esperan a que aparezca la clientela. Hay, mal contados, por lo menos 300, casi todas mujeres y cabezas de familia. Están agremiados en varias organizaciones, pero las versiones indican que cada una debe pagarle hasta dos millones de pesos a la banda que domina el sector de La Torre por el derecho a subir con los turistas sin ser molestados y eventualmente con la posibilidad de tenerlos de aliados en caso de conflictos. La cuota de mantenimiento de la “membresía” es de 30.000 semanales.
La guianza en La 13 –los guías– se ha convertido en una verdadera jauría en la que cada quien actúa como depredador. Ante la falta de una tarifa única por el servicio, la competencia es despiadada y se siente todavía más con guías externos y con los conductores de carros que traen a los visitantes y se lanzan en el aventón de estrenarse impostando un oficio ajeno.
Cuentan que hace poco, por ejemplo, llegó un carro con turistas y el chofer le pidió a un guía que le cotizara. Como al parecer no le satisfizo el precio, volteó la cara y en un santiamén contrató con otro guía. La reacción del ofendido fue amenazarlo: “Si subís por allá te van a matar hp”, le dijo y le manifestó su cercanía con alguno de los actores armados que domina el área. En el barrio corrió la voz de que los “dueños de la vuelta” le dijeron que mandara la foto del guía y la placa del carro, que “ese carro ya está destruido”.
Las bandas no escatiman cuando se trata de imponer su autoridad, como a mediados de noviembre pasado, cuando asesinaron al dueño de un restaurante en el 20 de Julio. Una de las hipótesis que se regó por el barrio fue que se habría negado a pagar la vacuna.
No obstante, dicen que por órdenes “de más arriba” los grupos armados tienen por regla general no calentar el parche, es decir, mantener los conflictos con un bajo perfil, porque son conscientes de que el aspaviento mataría la gallina de los huevos de oro si aleja a los turistas y pondría en riesgo las rutas hacia dentro y fuera de la ciudad que alimentan el narcotráfico y otras rentas.
—¿Qué penas imponen entonces para no provocar escándalo? Le pregunta un periodista de EL COLOMBIANO a un habitante de La 13 y su respuesta es que generalmente optan por amenazar y desterrar, de manera que las víctimas salen en silencio, sin que se altere la aparente paz. Datos de la Personería Distrital indican que de 2012 a 2022, justo la década que llevan funcionando las escaleras eléctricas, la 13 fue la comuna con más desplazamiento intraurbano de Medellín, con 14.000 de las 65.000 víctimas que dejó este flagelo. “El Estado solo llega hasta un punto y los poderes de siempre siguen latentes”, expresa un líder comunitario.
En esta Babel criolla donde el parlache se mezcla con idiomas de los cinco continentes, todo es susceptible de convertirse en plata: hasta los niños más pequeños han afinado el instinto para reconocer al que les puede reportar mejores ganancias. Si ven a un rubio de piel blanquísima y ojos claros sin vacilar lo identifican con un europeo o un gringo, y por supuesto con la posibilidad de obtener uno o varios dólares si son convincentes al generar conmiseración. En las pintas latinas buscan el acento puertorriqueño, porque también lo asocian con los billetes verdes, de suerte que si los detectan se les cuelgan repitiendo incesantemente “gua”, “gua”, “gua”, que, según se volvió vox populi, en la isla del Edén traducen como “somos pobres”.
No faltan los artistas callejeros mostrando sus dotes con el break y el rap. En las aceras pululan pequeños puestos en los que se ofrece la arepa “quesuda”; el mango biche, paletas de sabores, camisetas y gorras con la imagen de Pablo Escobar, con la inscripción de La 13, o con expresiones popularizadas por el reguetón tipo “tóxico”, “obvio mor”, “bichota” o “parce”. También hay negocios de cerveza artesanal que venden como novedad la cerveza con el componente no adictivo del cannabis, pero aún les falta mejorar el sabor.
Cada pequeño negocio de esos, según dijo una fuente del barrio, les debe pagar a los actores armados $600.000 al momento de establecerse y entre $10.000 y $20.000 de cuota semanal, en tanto que los locales responden por $20 mil semanales si son pequeños y de ahí en adelante dependiendo del tamaño, la cercanía con las escaleras y el consecuente volumen de ventas probable.
Como si de una empresa respetable se tratara, en diciembre las bandas se aseguran su prima, solo que en este caso corre por cuenta de los 400.000 pesos que les exigen a los comerciantes para ese fin. Los guías tampoco se salvan del “impuesto” de Navidad.
Además, las casetas de madera levantadas en la cancha de Independencias 1 tendrían que responder por un millón de pesos como derecho de piso al comienzo y una cifra parecida a los demás de forma consuetudinaria.
Seguimos subiendo la loma y nos acercamos cada vez más a las escaleras. En medio de un corrillo de asiáticos, emerge un artista local pintando reproducciones de los murales que verán en el recorrido del ya tradicional graffitour, por ejemplo el de una persona con mascarilla contra gases lacrimógenos. El hombre le explica a una guía lo que para él ha sido la transformación de la comuna 13, “”de la guerra a la paz” y esta traduce luego a un idioma que podría ser mandarín para que entiendan el resto de los concurrentes.
En los muros, al aire libre, está pintada la historia de esta comuna, con escenas sobre los tiempos en que las bandas violaban y robaban a su antojo, luego la época de las milicias con su autoritarismo de izquierda, posteriormente la operación Orión con sus helicópteros artillados y la violación de derechos humanos, para desembocar en el dominio de los paramilitares. Ese relato que generó cierto estigma, al punto de que mencionar que se residía allí hacía perder oportunidades de empleo, ahora se ha convertido en una epopeya de resiliencia que se volvió parte fundamental de la narrativa que “vende” a la 13 ante el mundo, la de uno de los rincones más violentos que se transformó en paraíso.
Las casas apiñadas y aferradas de milagro a las montañas sobre las cuales están los barrios Independencias 1, 2 y 3, hacen juego con esas imágenes del pasado tormentoso plasmadas en las paredes. La extraña estética de barriada marginal motiva a miles de visitantes a tomarse selfies delante de esa escenografía y lleva a que las paredes tengan mucho valor económico. No en vano por estos días por allí aparece la publicidad de Citadel, la nueva serie de acción de Prime Video que se estrenó a nivel mundial. Esos mismos muros pagan por el uso de acuerdo con la extensión y ubicación. Un pedazo que esté estratégicamente localizado puede reportar unos 600 mil pesos, teniendo en cuenta que el contenido se renueva cada mes o cada dos meses. Lo paradójico es que el producido no enriquece a quien figure en la oficina de Catastro como propietario sino a los “dueños de la vuelta” según le informaron a este medio.
Después del quinto y último tramo de las escaleras eléctricas se llega a un cinturón de cemento que divide el horizonte. Abajo de él quedan las Independencias y encima barrios como Betania y El Socorro. En el extremo izquierdo tiene al Plan del Che, un recodo que hasta hace una década no visitaba el que quería sino el que podía porque de manera sucesiva fue cuartel de cuanto armado tomaba posesión del territorio.
“Uno le podría decir con toda la tranquilidad del mundo a un turista que va a estar más seguro acá que en El Poblado, y siendo esta una comuna de estrato 1 o 2”, expresa con convicción el dueño de un puesto de tintos y bebidas frías.
Al preguntársele, un comerciante del sector aseguró que no le cobran vacuna, pero después aceptó que cada mes o cada dos meses los “muchachos” le ofrecen boletas que él no se niega a comprar porque las asume como una “colaboración”.
Al sector en su conjunto lo llaman el viaducto de media ladera, es el último tramo habilitado por el Distrito para el turismo y tiene una panorámica de ensoñación de la ciudad pero también estaría colonizado por las bandas tanto para vigilar sus intereses (aprovechando la vista privilegiada sobre la zona) como para diversificar su economía.
ECONOMÍA ILEGAL SE MEZCLA CON LA LEGAL
“Ellos son muy buenos empresarios, entonces, unos están a cargo de las dinámicas del cuidado para el turismo, o sea seguridad; y otros de las dinámicas de comercialización, de manera que ellos mismos tienen puestos, y hay otros puestos que están ubicados para campanear”, explica una fuente de la misma comuna.
Por otra parte, cuantificar las ganancias de la extorsión resulta prácticamente imposible, “no solo por su carácter ilegal, sino, precisamente, por las múltiples imbricaciones que posee con la economía y la vida social y legal”, según advierte el Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación (IPC), que en 2019 publicó un estudio referido a otras dos comunas de la ciudad.
El estudio advierte que si la extorsión es ejercita por una agrupación organizada y con dominio territorial prolongado y sin mucha resistencia de las autoridades ni de otros grupos -como ocurre en La 13- la necesidad de la coerción se reduce y “las víctimas tienden a pagar sin mucha resistencia”, de manera que pagar la vacuna se hace tan natural como cancelar la cuenta de servicios públicos.
