POR: NELSON MATTA COLORADO |
El indicador de homicidios mejoró 3,8% en el último año, pero volvieron las amenazas de los grupos armados, esta vez con calcomanías en Andes.
A pesar de tantos operativos y promesas de inversión en seguridad de las autoridades, muchos habitantes del Suroeste antioqueño comenzaron el 2022 con la misma zozobra que los acompaña desde 2018, cuando las bandas decidieron convertir a la subregión en un escenario de disputa por plazas de vicio.
El pasado 13 de enero en la vereda La Comuna, de Andes, algunos campesinos se despertaron asustados por varias calcomanías pegadas en las fachadas de sus casas, con el emblema de un supuesto grupo autodenominado Frente de Choque Halcones del Suroeste.
La situación la hizo pública Claudia Carrasquilla, la exjefa de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, quien mostró el adhesivo en su cuenta de Twitter. Al ser consultada por EL COLOMBIANO, contó que “en la vereda aparecieron pegados esos stickers en puertas y portones, los campesinos andan asustados porque creen que los declararon objetivo militar”.
No es la primera vez que los tales “Halcones” amedrentan a la comunidad. En la madrugada del 13 de septiembre de 2021 aparecieron grafitis con la misma inscripción en la vereda San Bartolo y el barrio San Luis, de Andes, y en otros vecindarios colindantes del municipio de Jardín.
A los tres días fue detenido en Betania un presunto responsable de pintar los letreros, apodado “Felipe”. El hombre de 26 años, oriundo de Medellín, figuraba en los archivos policiales como integrante de “Los Guadalupe”, una banda que actúa con el patrocinio de “la Terraza”, una de las mafias más antiguas de la capital antioqueña.
Los organismos de Inteligencia no han confirmado que exista un nuevo actor ilegal llamado “Frente de Choque Halcones del Suroeste”, y de momento los investigadores presumen que es una marca ficticia de los mismos grupos de siempre, para amedrentar a la población.
La percepción de inseguridad va de la mano de hechos violentos recientes, como el del 8 de enero en Salgar, cuando en seis horas mataron a un mayordomo en la vereda La Siberia, y a dos caficultores en distintos puntos de la vereda La Yaruma.
LOS ESCONDITES DE “EL PAISA” Y “ROMAÑA”
Mejoraron los indicadores
A pesar de esto, el indicador de homicidios mejoró en la subregión, según la Gobernación. En 2020 hubo 312 casos, que bajaron a 300 en 2021 (-3,8%); en 2022 (con corte a enero 17) van 6 (4 en Salgar, 1 en Concordia y otro en Andes), mientras que el año pasado en este mismo tiempo iban 23, lo que implica una reducción del 73,9%.
“Según las cifras de homicidio se puede concluir que la situación de orden público ha mejorado”, opinó el secretario de Seguridad departamental, Jorge Castaño.
A su juicio, la mejoría se debe a “la presencia coordinada de las instituciones del Estado, con el fin de disuadir la acción violenta y muy importante ante hechos como los homicidios múltiples, frente a los cuales se han desplegado operativamente las instituciones y se ha avanzado en el esclarecimiento de los hechos”.
En este punto, el resultado más reciente fue la captura de un sicario de 21 años apodado “Zeta”, a quien la Policía apresó la semana anterior cuando iba en un taxi por El Poblado, en Medellín. Al parecer está involucrado en la muerte de los tres hombres en Salgar (8 de enero) y en el triple homicidio de una familia en Ciudad Bolívar (noviembre 15/21).
Castaño indicó que “se ha avanzado en la comprensión de las dinámicas de inseguridad en la zona, focalizando los territorios y los factores de riesgo. Esto ha permitido ser más asertivos en las intervenciones, plantear estrategias como Finca Más Segura, y proponer la focalización de la acción institucional en la provincia de San Juan”.
El comandante de la Policía Antioquia, coronel Daniel Mazo, dijo que en 2022 se implementará la estrategia Finca Más Segura, en la que “con ayuda de los dueños podamos ponerles cámaras e iluminación a las fincas, y georrefenciarlas”.
Añadió que “la idea es ubicar rápido a los extraños, a los que no son de las veredas, porque el delincuente siempre nos ronda antes de hacer daño, y poderles llegar rápido con las patrullas mixtas (de policías y militares)”.
Y las bandas, ahí
La zozobra de la comunidad está asociada al hecho de que, pese al incremento del pie de fuerza policial y militar, siguen activas las mismas bandas de siempre, las que vienen peleando por las plazas de vicio rurales y urbanas hace cuatro años, con periodos alternantes de mayor y menor confrontación.
Hay cuatro actores en disputa: el frente Suroeste del Clan del Golfo; una disidencia de dicho frente; 15 bandas locales; y tres grupos del Valle de Aburrá (ver el mapa).
Luis F. Suárez, líder de la Secretaría Sectorial de Seguridad Humana de la Gobernación, advirtió tras una reunión con la cúpula de la Fuerza Pública, el 18 de enero, que en la subregión persiste “una disputa entre organizaciones por el mercado de estupefacientes, el cual se potencia con la actividad cafetera”.
Esto último tiene que ver con que, en tiempo de cosecha, llegan 32.000 andariegos a recolectar el grano en las fincas, una dinámica laboral que aprovechan los traficantes para expender la droga.
Un investigador judicial que combate a esos grupos, le expresó a este diario que “hemos hecho muchas capturas, pero siguen reclutando muchos pelados de Manrique e Itagüí para llevarlos a delinquir por allá, donde les dan droga para comercializar y un territorio. Mucho de ese negocio en el Suroeste se sigue manejando desde las cárceles”.
Precisó que a los delincuentes llevados desde el Valle de Aburrá, muchos de ellos a trabajar con “la Oficina del Suroeste”, aliada de “la Terraza”, “los ponen a manejar una plaza de vicio, les dan una comisión por las ventas y armas para ejercer el control territorial”.
Mientras no cese a esta dinámica, ¿qué paz puede haber en el Suroeste?
