Está previsto que, entre julio y diciembre, es decir en el segundo semestre de 2024, haya elecciones presidenciales en Venezuela, según acordaron en octubre en Barbados las delegaciones del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición. Sin embargo, no hay una fecha exacta para esos comicios y tampoco un cronograma electoral, lo cual se ha convertido en una exigencia de grupos opositores que piden ante el Consejo Nacional Electoral aclarar estos puntos.
El dirigente opositor de Voluntad Popular, Juan Guaidó, a través de sus redes sociales se sumó a las voces que piden definir el cronograma de los comicios colocando como referencia otros seis países en América que tendrán elecciones presidenciales este año y que ya tienen una fecha definida: El Salvador (4 de febrero), Panamá (5 de mayo), República Dominicana (19 de mayo), México (2 de junio), Uruguay (27 de octubre) y Estados Unidos (5 de noviembre).
El partido Primero Justicia se pronunció también en rueda de prensa este martes sobre el tema. “Existe un ambiente de incertidumbre en la ciudadanía por la escasa información suministrada por los entes competentes”, dijo el dirigente Angel Medina en representación de la organización.
CNN se comunicó con el Consejo Nacional Electoral para obtener algún comentario sobre el tema, sin haber recibido respuesta hasta ahora.
Eugenio Martínez, miembro del Consejo de expertos electorales de Transparencia Electoral y periodista experto con 26 años de trabajo en el área, dijo a CNN que “desafortunadamente la legislación electoral venezolana no establece específicamente el momento en el que tiene que celebrarse una elección”. Martínez pone como ejemplo las elecciones presidenciales de 2018 celebradas en mayo, aunque el inicio del periodo constitucional, es decir, la toma de posesión, tiene lugar el 10 de enero del siguiente año, según lo establecido en la carta magna. Mayoritariamente, las elecciones en Venezuela se han realizado en diciembre.
Pero además de un cronograma para las urnas, la oposición demanda mejoras en las condiciones electorales con el apoyo de llamados de Estados Unidos y países de la Unión Europea.
Para Martínez, un anuncio temprano de la fecha podría hacer más compleja la posibilidad de cumplir con las garantías políticas y electorales, incluidas las que se acordaron en Barbados bajo la mediación de Noruega. En este sentido el también director del portal informativo Votoscopio expone como ejemplo el caso de los observadores internacionales que, pese a que el Consejo Nacional Electoral se reunió con representantes del Centro Carter en noviembre de 2023, aún no se ha informado públicamente si se ha formalizado la invitación de esta entidad como veedora.
En respuesta a la consulta de CNN, el Centro Carter aseguró que no ha recibido ninguna comunicación del CNE sobre una posible invitación para la elección presidencial en 2024. CNN se comunicó con el CNE para conocer si el proceso ha avanzado en privado y no ha obtenido respuesta hasta el momento.
En el caso de la Unión Europea, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, advirtió en noviembre que no permitirán que una delegación participe como veedor del proceso mientras el bloque mantenga las sanciones al gobierno de Maduro.
Para que estos organismos puedan observar un proceso electoral, según sus normas, deben iniciar su labor con suficiente antelación a la fecha de los comicios. Esto implica en algunos casos, y dependiendo del alcance, iniciar la misión hasta seis meses antes de la fecha y de esto dependerá si la observación es completa o solo enfocada en una fase del proceso electoral.
El acuerdo de Barbados establece que el Centro Carter y la Unión Europea tienen que ser observadores del proceso, recordó Martínez.
Con respecto a la actualización del registro o padrón electoral, que es una exigencia de la oposición, debe cerrar varios meses antes de la elección, según el experto. Por ejemplo, explica Martínez, si la elección presidencial se convocase, para julio, el registro electoral tendría que cerrar en febrero, aunque explica que no hay tiempos específicos para estos plazos en la legislación electoral venezolana.
Según la organización no gubernamental Súmate, que vela por la transparencia electoral, alrededor de 3 millones de venezolanos con edad para votar no están inscritos en el CNE y al menos 2 millones deben actualizar su información para poder ejercer su derecho al voto.
Martínez estima que, si la fecha de los comicios es muy pronto, los venezolanos expatriados difícilmente podrán inscribirse para sufragar.
Todas las fechas del cronograma electoral venezolano están condicionadas por la discrecionalidad con la que las puede definir el Consejo Nacional Electoral, que en última instancia responde a los intereses del Gobierno de Maduro.
La incertidumbre electoral pasa también por los candidatos
Tampoco las candidaturas principales están claras de momento. El presidente Maduro afirmó en una entrevista realizada el 1 de enero con el periodista español Ignacio Ramonet que es prematuro hablar de si será o no el candidato del oficialismo este año.
“Esperemos a que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber este año y con el favor de Dios tomaremos la mejor decisión”, dijo el actual mandatario venezolano.
Entretanto, la candidata opositora María Corina Machado, electa en comicios primarios realizados el 22 de octubre y ganadora con más del 99% de los votos, permanece en una suerte de limbo jurídico y político. Aún no se ha tomado una decisión sobre la inhabilitación política que pesa sobre ella como sanción emitida por la Contraloría General de Venezuela y que la imposibilita para postularse y ejercer cargos públicos. Una medida que la dirigente considera ilegal.
Machado acudió personalmente el 15 de diciembre a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para introducir una demanda de reclamo por vía de hecho y un amparo cautelar que la defensa describe como una acción en contra de una medida que aseguran impide sus derechos políticos y le imposibilita participar como candidata en las elecciones presidenciales.
CNN se comunicó con el Tribunal Supremo de Justicia en busca de comentarios sin obtener respuesta hasta ahora.
La dirigente y fundadora del movimiento político Vente Venezuela acudió al Poder Judicial dentro de un mecanismo anunciado en el marco de los acuerdos sobre derechos políticos y electorales suscritos en Barbados por el Gobierno y la oposición, y que, según se anunció el 30 de noviembre, el Poder Judicial sería la vía entre el 1 y el 15 de diciembre de 2023 para atender las demandas legales destinadas a revisar las inhabilitaciones políticas “conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.