EL SALVADOR:
Javier Urbina / David Bernal
Las denuncias subieron levemente en 2021. Señalan que estos grupos diversifican sus fuentes de ingresos
TOMADA DE:https://www.laprensagrafica.com/
El año 2021 reportó un incremento en el número de denuncias por extorsión, según cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), lo cual encamina el delito, según especialistas y víctimas consultados por LA PRENSA GRÁFICA, hacia las cifras que tenía previo a la cuarentena por la pandemia del covid-19.
En 2020, las autoridades reportaron la cantidad más baja de denuncias por extorsión en los últimos seis años, con 1,345, provocada especialmente por el encierro y la parálisis económica que exigió la cuarentena domiciliar obligatoria. En 2021, hasta octubre, la institución policial había reportado 1,391 denuncias, es decir, 46 más. Pero a eso habrá que sumarle los datos de noviembre y diciembre, cuando ya sean oficiales.
Aunque el actual gobierno sostiene que las cifras siguen bajas en comparación con quinquenios anteriores (ver gráfico), según analistas esto podría deberse a diversos factores, como el miedo de poner una denuncia o como parte de la supuesta tregua que existe entre pandillas y el Gobierno
Un informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GITOC) denominado «Renta o extorsión, victimarios y víctimas de las maras en El Salvador», publicado en octubre de 2021 y realizado por Luis Enrique Amaya y Juan José Martínez D’Abuisson, revela que después de la cuarentena de 2020 las pandillas recuperaron el control e incluso aumentaron los cobros .
«Hay casos donde nos dijeron que después de la cuarentena los pandilleros los extorsionaban más, posiblemente porque los grupos delincuenciales querían recuperar lo que no habían recibido. Hay víctimas que denuncian que les subieron los cobros o que les hicieron cobros extra», dijo Amaya.
«Notamos que al inicio de la cuarentena las denuncias bajaron y al final de la cuarentena las denuncias se estabilizaron, lo cual es normal porque toda la economía, tanto legal e ilegal, estaban paralizadas», sumó el investigador, quien a su vez destacó la importancia de entender que las estadísticas de denuncias son ambivalentes, pues pueden tener diferentes interpretaciones.
«Las estadísticas oficiales no establecen las extorsiones, sino que miden las denuncias de extorsiones, que son dos cosas muy distintas. Podríamos decir que el delito ha incrementado o que la población tiene más confianza en denunciar, depende de cómo se interprete», señaló.
El cobro de la extorsión o renta tiene un proceso a seguir al interior de las estructuras delictivas. Existe un camino ya establecido en la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18. La pandilla más organizada y con una estructura definida es la MS-13.
La jeraquía en esta pandilla empieza con la ranfla nacional, que puede definirse como la junta directiva nacional y está compuesta por líderes recluidos en centros penales y o en libertad.
Abajo de la ranfla se encuentran los programas, que están compuestas por varias clicas. Según el informe de GITOC, en la actualidad la MS-13 está compuesta por 48 programas a nivel nacional. Los líderes de los programas son los que establecen las reglas que deben seguirse en las negociaciones de las extorsiones. Además, aprueban los homicidios ante una falta de pago de la renta o extorsión y presentan informes a los ranfleros sobre los movimientos financieros.
Por último, están los jefes de clicas, quienes dirigen las extorsiones en cada zona y controlan los cobros.
Un experto en seguridad pública y pandillas consultado por LA PRENSA GRÁFICA, quien prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias durante su trabajo de campo, confirmó el flujo que sigue el dinero al interior de la Mara Salvatrucha.
Señala que esta pandilla está enfocada en el incremento del capital ilícito y están dando pasos al lavado de dinero. «La contabilidad de las pandillas es de las mejores. Existe planeación, ejecución, resolución de conflictos y si alguien se atreve a quitar algo de dinero se muere. Estas son empresas contables con juzgados de muerte, es moneda y sangre», aseguró.
Mencionó que en primer lugar está el pandillero que hace el contrato con la víctima o el primer acercamiento. En un segundo momento, están las personas que recogen el dinero. Por lo general las pandillas utilizan a mujeres, niños o ancianos. Incluso envían a miembros menos importantes de la estructura que, sí son capturados, son fácilmente reemplazados.
Luego ese dinero llega a caja o casetas, que son puntos específicos donde se mueve el dinero. Posteriormente el dinero recolectado por las clicas es enviado a los jefes de los programas quienes deciden en qué se invertirá el dinero. Una de las finalidades de ese dinero son las empresas que han podido crear las pandillas, para darle apariencia legal al dinero ilícito.
El experto puso el ejemplo del municipio de San Juan Opico, La Libertad. Sostuvo que en el sector del Sitio del Niño la MS-13 tiene una flota de taxis piratas y que incluso ofrecen trabajo a las personas. También esta pandilla se han apoderado de líneas de buses, son distribuidores de agua, de pan francés y hasta prestan dinero, aseguró.
Sectores más afectados
Uno de los sectores que más ha sido golpeado por las extorsiones ha sido el de los empresarios de transporte público. El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte Inversiones y Negocios (Fecoatrans), Catalino Miranda, confirmó que en el 2021 los empresarios de buses y autobuses cancelaron en concepto de renta $12 millones, más una cifra indeterminada que los motoristas de las unidades deben pagar para entrar en algunas colonias, lo cual no se ve reflejado en las contabilidades de las empresas.
«El transporte le ha hecho frente al tema y en muchas oportunidades las autoridades han podido desmantelar ciertas bandas, pero para nosotros esto es un tema complicado. Hay zonas donde los jóvenes no pueden entrar aunque tengan licencia, porque ellos (pandilleros) deciden quién entra a un lugar y quienes no», mencionó.
El empresario aseguró que la cantidad cancelada en 2021 todavía es alta, pero a comparación de años anteriores bajó. En 2020 cancelaron $10 millones.
«Es una cifra alta, pero no tanto como cuando se pagaban $18 millones. Pero que estemos satisfechos porque un individuo nos hable para pagar es mentira. Nadie debería estar satisfecho», manifestó.
El alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, asegura que en su municipio ningún negocio paga extorsión, pero que es algo que resulta difícil de controlar, porque las pandillas han «diversificado» sus negocios para obtener ingresos.
En un recorrido realizado en el casco urbano en junio de 2021 todos los distribuidores de productos confirmaron que a pesar de que existen pandillas en el lugar nadie les ha cobrado la renta desde 2006 y solo los mototaxistas dijeron que pagaban en algunas zonas.
El edil aseguró que la única forma de que la extorsión sea eliminada es que la población denuncie. «Lamentablemente en algunos casos con la denuncia terminan cerrando el negocio o llega algún hecho que atenta contra la vida de los dueños del negocio o los empleados, entonces es un problema serio que viene desde hace años», sostuvo Vilanova.
El alcalde dijo que miles de dólares que las pandillas recogen terminan en negocios ilícitos que parecen lícitos. «Tienen car wash o pueden estar vendiendo carne y cerveza pero ese no es el negocio, el negocio es vender droga. Hay lugares en los que abundan taxis piratas que son negocios de pandilleros y no estamos hablando de uno o dos carros, sino de varios», dijo.
Esta versión también fue confirmada por Luis Enrique Amaya a título personal, quien dijo que ya hay pandillas que han diversificado sus ingresos y que incluso proveen servicios básicos, como agua o gas, en algunas zonas del país.
