EL SALVADOR:
Por Javier Urbina
La familia de María desconoce su estado de salud. En octubre cumplió ocho meses de embarazo y al momento de su captura fue golpeada a pesar de esa situación.
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María Hernández cumplió recientemente ocho meses de embarazo y los cumplió en prisión, pues fue capturada el 7 de junio de 2022 en el marco del régimen de excepción. Su familia sostiene que su arresto es arbitrario y hasta la fecha desconoce su estado de salud. Únicamente les han dicho que está recluida en la Granja Penitenciaria de Izalco, en Sonsonate.
A ella le queda menos de un mes para que pueda dar a luz y su familia necesita conocer su condición, si necesita algún medicamento o sí está llevando sus controles de embarazo. Solamente les han confirmado que sigue embarazada, pero no hay más respuestas por parte de autoridades penitenciarias.
La hermana de María relató que la captura de María fue arbitraria y al contrario de pertenecer a una estructura delincuencial, como le señalaron al momento de capturarla, ella ha sido víctima de la delincuencia pandilleril.
«Hemos sido víctimas de violencia. Al esposo de ella se lo asesinaron hace nueve años y hace dos años le asesinaron a su hijo. Nosotros somos víctimas de violencia y no somos personas que pertenecemos a esos grupos», narró.
Relataron que agentes policiales llegaron aproximadamente a las 11:00 de la mañana del 7 de junio a su vivienda, ubicada en el Cantón San José Primero del municipio de San Martín. Le pidieron que los acompañara a la delegación para darle un informe sobre el fallecimiento de su hijo, quien fue asesinado por pandilleros.
Sin embargo ella ya no regresó. Quedó detenida por el régimen de excepción y las autoridades policiales la acusaron por el delito de agrupaciones ilícitas.
«Tenemos cuatro meses de no saber nada de ella. Está en su octavo mes de embarazo. Yo le paso paquete, no sé si le llegan a ella, no sé si le están dando controles porque incluso ella tenía controles en el seguro y no sé cómo estará la salud de ella», dijo la hermana de María.
Su familia ha pedido su libertad debido a su estado y consideran que han presentado todos los arraigos al juez que lleva el proceso, pero no hay ninguna respuesta.
El 13 de julio presentaron un habeas corpus a la Sala de lo Constitucional en el que expusieron la situación de María. Sin embargo, tres meses después aún no existe resolución por parte de los magistrados impuestos en la Corte.
«Estoy afligida porque ya casi le tocará dar a luz y no es justo que esté ahí porque no debe nada. Es bien injusto que se ensañen con ella y no le quieran dar su libertad. He ido a la PGR, he presentado arraigos laborales, familiares y hace tres meses que metí el habeas corpus y no he tenido respuesta», lamentó su hermana.
También denuncian que al momento de su captura María fue sometida violentamente por las autoridades policiales, a pesar que les advirtieron que ya tenía cuatro meses de embarazo. «Una agente llegó y la quería esposar; intentó ponerle la rodilla en su espalda ya sabiendo que estaba embarazada y ella dijo que no le constaba que estuviera embarazada», describió su familia.