POR NELSON MATTA COLORADO
Las personas nacidas en Medellín representan, con 6.168 casos, el 16 % de todos los ciudadanos encarcelados en Colombia, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Esto implica que somos la tercera ciudad que más detenidos suma a los reclusorios, después de Bogotá (11.436 internos; 30,3%) y Cali (6.891; 18,2%). El ranquin de las cinco primeras lo complementan los oriundos de Barranquilla (2.287; 6,1%) y Bucaramanga (2.119; 5,6%), de acuerdo con la estadística oficial. Con corte al 20 de agosto de 2020, en el país hay 103.362 presos en total por toda clase de delitos.
En primera medida, hay que decir que en estos porcentajes incide de manera proporcional la cantidad de habitantes y la natalidad de las localidades. Según proyecciones del Dane, Bogotá alberga 7’740.000 personas aproximadamente, Medellín 2’533.424 y Cali 2’252.616.
Son las ciudades con la mayor población y por eso no es raro que sean las capitales que más personas tengan involucradas en la ilegalidad. También sucede que las fuerzas policiales y de Fiscalía de esas tres ciudades están mejor capacitadas y con más recursos, lo que genera un mayor número de detenciones que en otros lugares.
Pero más allá de los números y proporciones, ¿a qué se debe que nuestra metrópoli ponga la tercera parte de todos los presos en el país? Para aproximarnos a la respuesta, les preguntamos a expertos en el ámbito jurídico y el comportamiento humano.
Históricamente, Medellín y Antioquia han puesto una alta cuota de delincuencia, por cuenta, entre otras razones, del crimen organizado. De las cerca de 2.000 bandas identificadas por el Ministerio de Defensa, 350 operan en el Valle de Aburrá y al menos 250 solo en Medellín.
Grupos delictivos como el Clan del Golfo, “la Oficina” y sus combos asociados, que suelen entrar en disputas con frecuencia, ponen una alta cuota de capturados por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y de drogas, homicidio y extorsión, entre otras conductas.
A esta situación hay que añadir la problemática social, que produce detenciones por riñas, lesiones personales, violencia intrafamiliar y hurtos.
¿Qué ocurre?
El abogado, expersonero de Medellín y director del museo Casa de la Memoria, Jairo Herrán Vargas, dijo que aunque habría que contemplar más variables en esta estadística, los datos sirven como un mecanismo de alerta para las autoridades, acerca de la persistencia de los factores que generan ilegalidad.
“En Medellín hay unos problemas de fondo que promueven una mayor comisión de conductas punibles. El narcotráfico y el conflicto urbano generaron una contracultura, en la cual los jóvenes ven una opción de trabajo en la delincuencia. Esto implica que aquí es más probable que una persona empiece a delinquir a más temprana edad”, opinó.
Señaló que ese fenómeno es impulsado por el caldo de cultivo de pobreza en los sectores populares y la falta de educación que, aunque es cada vez menor, sigue siendo preocupante.
Ricardo Hoyos Duque, exmagistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia y expresidente del Consejo de Estado, coincidió en que en la delincuencia juvenil podría estar la clave para el alto porcentaje de presos medellinenses.
“En la ciudad, muchas personas se enrolan en pandillas a temprana edad, en robos y tráfico de drogas. Esto va de la mano de su desescolarización, y por ende buscan caminos en la ilegalidad”, expresó.
Zulima López, psicóloga, magíster en Antropología y docente de la U.P.B., dijo que se debe tener en cuenta que la búsqueda de “dinero fácil”, uno de los antivalores que genera la delincuencia, viene desde la época ancestral (ver el recuadro). “Y a estos elementos históricos es necesario sumarles asuntos más estructurales, como un sistema educativo débil, condiciones laborales laceradoras del bienestar y situación económica que lleva a la población cada vez más a la pauperización”.
¿Qué hacemos?
Para Jairo Herrán, “el Estado tiene un arduo trabajo por delante, para desactivar los factores sociales y económicos que promueven las conductas delictivas.
En el caso de Medellín, hay que diseñar mecanismos que mitiguen la contracultura de antivalores, y para ello “se recomienda invertir en programas educativos, artísticos y deportivos, que alejen a la juventud de la ilegalidad”.
A juicio de Hoyos, “todo pasa por la educación. Hay que hacerle un seguimiento a los jóvenes, para que no se salgan del colegio y tengan la oportunidad de capacitarse para empleos y oficios legales. No necesariamente tienen que ser profesionales universitarios, pero sí tener la opción de desempeñar trabajos técnicos que les permitan su desarrollo. Así dejarían de ser carne de cañón para las bandas”.
Según López, la solución es tan compleja que habría que “rehacer el Estado. Tendríamos que comenzar por hacer cambios estructurales en educación, trabajo y oportunidades. Si a un individuo desde que nace, se le reducen las condiciones de vulnerabilidad, lo más seguro es que esté lejos de ser un delincuente”.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
RADIOGRAFÍA
LA MALA HERENCIA DESDE LA COLONIA
Según la psicóloga y antropóloga antioqueña Zulima López, frente a esta problemática delictiva “hay una serie de respuestas que están en relación con la historia reciente y la ancestral: la reciente tiene que ver con el narcotráfico y el referente que allí se creó en términos del dinero fácil; y cuando hablo de la ancestral, me refiero a los colonizadores de esta región. Quienes llegaron a estas tierras eran los ladrones y asesinos de España, no la nobleza; y muchos vinieron a estas montañas para no ser perseguidos por la corona española. Esos son nuestros ancestros, heredamos una cultura no muy loable que digamos”.