ECUADOR:
A 31 días de que el presidente Daniel Noboa asumió el poder, ADN logró la aprobación de dos proyectos urgentes económicos. La ley de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública.
A 31 días de que el presidente de la República, Daniel Noboa, asumió el mando, su bancada Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados en la Asamblea Nacional (Pachakutik e Independientes) aprobaron el segundo proyecto de ley calificado de urgente económico.
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El 7 de junio de 2025, con 84 votos, ADN aprobó la Ley de Solidaridad Nacional que busca desarticular las economías criminales, pero que ya enfrenta dos demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC).
Los mismos 84 votos de apoyo (de los 77 necesarios) se repitieron este 24 junio con los que aprobó el proyecto de ley de Integridad Pública. Con este respaldo se confirmó el dominio del Gobierno en el Parlamento.
El proyecto fue aprobado en medio de enfrentamientos verbales entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana (RC). También hubo cambios de última hora. Al final se reformaron cerca de 20 cuerpos legales. Algunos son:
● Código Integral Penal (COIP).
● Código de la Niñez y Adolescencia,
● Servicio Público.
● Código General de Procesos.
● Ley de la Contraloría.
● Código de la Economía Social y Conocimientos.
● Ley de Empresas Públicas.
● Ley Orgánica de Transporte Terrestre.
● Código Orgánico Administrativo.
● Código Monetario y Financiero.
● Ley de la Función Judicial.
● Ley de Función Legislativa.
● Ley de Movilidad Humana.
● Registro Único de Proveedores.
● Economía Popular y Solidaria.
● Ley de Creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales.
● Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo.
● Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
La ley aprobada será remitida al Presidente para observaciones o para que ordene su publicación en el Registro Oficial. Estaba calificada como “urgente en materia económica”, por lo que la Asamblea tenía 30 días para pronunciarse, pero lo hizo tres días antes que concluya el plazo.
El proyecto incorpora la evaluación de funcionarios públicos y perfecciona la contratación pública, endurece las penas por el presunto delito de prevaricato, sanciona a adolescentes infractores, amplía las competencias del Consejo de la Judicatura, el gerente del Banco Central será designado por el Presidente de la República, entre otras disposiciones.
Valentina Centeno: se acabó la fiesta para los corruptos
“No puede haber más fiscales que dicten medidas sustitutivas; en este país se acabó la fiesta para los corruptos y los delincuentes, todo fiscal que actúe de manera ilegal, injusta y arbitraria para beneficiar a un criminal responderá a la Justicia por el delito de prevaricato.”, dijo Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del proyecto.
Los cambios que incluye la ley:
Contratación pública: Evaluación de funcionarios y perfeccionar la contratación pública es el eje central. Por ejemplo, se busca simplificar y transparentar las licitaciones. Según el proyecto, la contratación pública tiene un alto impacto en la economía nacional. Por ejemplo, en 2024 se adjudicaron contratos por $73 millones, $76 millones por lista corta y $25 millones mediante concurso público, lo que representó el 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, se indica que entre el 10% y el 30% de los recursos destinados a proyectos financiados con fondos públicos se pierden a causa de la corrupción.
Código Integral Penal
Se reforma el Código Orgánico Integral Penal para endurecer las penas por el cometimiento del presunto delito de prevaricato. Se establece una pena privativa de libertad de uno a tres años para quien revele los secretos de su persona defendida o que, después de defender a una parte, la abandone y defienda a la otra.
Juzgar a adolescentes infractores
Se reforma el Código de la Niñez y Adolescencia a fin de juzgar a menores como adultos en delitos superiores a los diez años de reclusión. El proyecto señala que, para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a diez años, se aplicará la medida de internamiento institucional de 10 a 12 años. El menor infractor no será llevado a un centro de rehabilitación común, sino que permanecerá en una sección especial en el mismo centro de adolescentes infractores. ADN cuestiona la creciente influencia de los grupos de crimen organizado en las generaciones más jóvenes. Según el informe, en 2024, fueron detenidos 2.777 menores de edad por diversos delitos.
Banco Central del Ecuador
La ley modifica el artículo 50 del Código Monetario y Financiero para que el Presidente de la República designe directamente al gerente del Banco Central del Ecuador que actualmente es nombrado por la Junta de Regulación Monetaria.
Emergencia en la función Judicial
En caso de que, previo análisis del presidente del Consejo de la Judicatura, la Función Judicial requiera de acciones inmediatas y urgentes para abordar problemas del servicio público de administración de justicia, y realizar mejoras esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, se resolverá la declaratoria de emergencia en la Función Judicial. Previo a la declaratoria, el presidente de la Judicatura someterá a aprobación del Pleno del Consejo los informes que establezcan la necesidad de declarar en emergencia. Una vez que se cuente con la aprobación de la mayoría simple, el director general de la Judicatura emitirá la resolución de declaratoria de emergencia en la Función Judicial.
Esta declaratoria permitirá de forma temporal y excepcional, realizar las siguientes acciones:
a. Establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales.
b. Reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia.
c. Realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
d. Realizar las contrataciones por emergencia que se requieran. La resolución de declaratoria de emergencia deberá estar motivada, y determinar un plazo de duración. El plazo podrá prorrogarse por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura”.
Código Monetario y Financiero
Se crea la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, parte de la Función Ejecutiva, como una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación monetaria, crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria será el máximo órgano de gobierno del Banco Central del Ecuador. (SC)