JAVIER ALEXANDER MACÍAS |
Ni la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno ni la pandemia del coronavirus que ya empieza a regarse por todo el territorio nacional ha sido un obstáculo para que los grupos armados ilegales continúen segando la vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
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Datos entregados por la Fiscalía General de la Nación señalan que, en su orden, son las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el Eln y el Epl, en su orden, las estructuras ilegales que más han ordenado la ejecución de los dirigentes de las comunidades.
Según el ente investigador, entre 2016 y a la fecha han sido muertos de manera violenta 360 líderes (base que según la vicefiscal general, Marta Mancera, fue tomada de los registros de Naciones Unidas). De estos, 116 fueron asesinados por orden directa de estos grupos armados ilegales.
“Los registros que tenemos es que en 2016 fueron asesinados 61 líderes sociales; en 2017, 81; en 2018, 104; en 2019, 105 y en lo que va de 2020, nueve homicidios. En cuanto a los departamentos, Antioquia registra el mayor número de homicidios con 55 casos, seguido de Cauca con 51, Santander con 32, Valle del Cauca con 23, Nariño con 21, Caquetá con 20 y Putumayo tiene 16 casos”, aseveró Mancera en la sesión virtual realizada por la Comisión de paz del Senado.
La funcionaria aseveró que en la Fiscalía se han tenido avances en cuanto al esclarecimiento de esos homicidios y aseveró que en terreno hay equipos especializados para aclarar este tipo de crímenes. En esa vía, agregó Mancera, hay 53 sentencias condenatorias pro atacar a líderes sociales.
Las medidas desde el ministerio de Defensa
Ante la difícil situación que atraviesan los líderes sociales en el país, Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, expuso las tareas realizadas desde el Gobierno nacional para la protección de los líderes. Entre estas está el fortalecimiento de la investigación criminal en las regiones, específicamente en Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Meta y Sur de Bolívar, con nueve comisiones permanentes y 61 investigadores.
Se ha avanzado en las 23 tipologías de liderazgo social y el despliegue de una ruta preventiva de protección con siete acciones institucionales, con respuesta rápida a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. La Policía Nacional adoptó en los departamentos y municipios, 3.631 medidas de prevención, 2.190 rondas policías, 1.289 cursos y charlas de auto-protección. Además, las Fuerzas Militares han emitido lineamientos de protección para los líderes sociales”, enfatizó Holmes Trujillo.
El jefe de esta cartera argumentó que la mayoría de las muertes violentas de los líderes tienen como factores de riesgo el narcotráfico y la minería ilegal.
A estas medidas, el senador Iván Cepeda solicitó que se adhiera la petición de que la reunión de la Comisión de Seguridad se reúna con más frecuencia necesaria, “y adopte una propuesta que han hecho las organizaciones como una ruta de protección y seguridad para líderes sociales. No entendemos por qué no se ha puesto en obra”.
Controversia por los registros
En la sesión virtual de la Comisión de Paz del Senado, hubo un hecho que generó controversia: los datos reportados por la ministra del Interior, Alicia Arango, son muy distintos a los entregados por la Fiscalía y el monitoreo hecho por Naciones Unidas.
“En el 2020, según nuestras cuentas, y es preocupante la diferencia, nosotros con la Fiscalía llevamos ocho, yo creo que amerita sentarnos a ver dónde está la diferencia, porque no puede existir una tan grande entre unos y otros”, dijo Arango.
A su turno, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, precisó que los datos que tiene en su oficina son de 64 líderes asesinados, de los cuales han verificado 13 y tienen pendientes por verificar 43 en el primer trimestre. “Se debe determinar cuáles se encajan dentro del asesinato a líderes sociales en tal naturaleza, y cuáles no”.
Ruiz Massieu destacó el avance de Colombia en la toma de medidas para la protección de los defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, pero agregó que se debe llegar a los autores intelectuales como una medida de disuasión para los que atentan contra esta población vulnerable.
