Juan Felipe Zuleta Valencia
Una familia campesina a la que le levantaron una falsa denuncia lleva dos años esperando a que la administración resuelva un trámite que tenía límite de 30 días.
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En medio de la crisis urbanística en Santa Elena que derivó recientemente en la demolición de una decena de casas y procesos sancionatorios contra casi 500 inmuebles más, han caído avivatos que infringieron todas las normas posibles para ocupar ilegalmente el corregimiento y también nativos con derecho ganado a su pedazo de tierra, a quienes los trámites y normativas les jugaron una mala pasada. Y también ha servido para encubrir rencillas y venganzas que, por fortuna en esta historia, no lograron su cometido.
La Casa de las Flores está ubicada en Barro Blanco, en el último pedacito de Medellín antes de cruzar la frontera con Guarne. Es la materialización de un sueño y un proyecto de toda una vida de Carmen Londoño, José Ignacio Rico Echavarría y sus hijos. La levantaron desde cero y hoy es un lugar de destino de turistas que recorren hasta 15.000 kilómetros, desde China, para conocerla y escuchar en sus jardines una historia de 600 años que desembocó en la cultura silletera.
Justo por los días en los que el bochinche por las casas ilegales estaba más prendido, Nacho y Carmen terminaban de construir una pequeña terraza destinada para exposición de piezas autóctonas y desde donde se puede divisar la imponente mancha verde del Arví.
En esas estaban cuando les cayeron de sopetón Corantioquia, la Corregiraduría, Control Territorial, la Policía y la Casa de Gobierno. Les había llegado una denuncia de que allí estaban construyendo la terraza ilegalmente.
Uno tras otro: licencias, permisos, trámites y otros documentos desfilaron ante los ojos de los funcionarios entregados por la familia Rico Londoño, evidencia irrefutable de que la denuncia, que además iba dirigida con copia a la Procuraduría, no tenía ni pies ni cabeza.
Poco después supo Nacho que el responsable de la denuncia fue alguien cuya casa cayó en medio de los procedimientos por los líos de irregularidad de los inmuebles y que, al parecer, su motivación fue intentar vender la idea de que los procedimientos se estaban ‘cebando’ contra los foráneos y estaban pasando dejando ‘pasar de agache’ a nativos, y particularmente a las familias silleteras.
Mejor dicho, apunta Nacho, la denuncia buscó pescar en río revuelto partiendo del prejuicio de que una familia campesina no tenía cómo tramitar una licencia. “Y se estrellaron feo porque precisamente la Casa de las Flores ha demostrado que en Santa Elena sí se puede construir y emprender cumpliendo con la ley sin excusa alguna”, dice.
De hecho, su caso ofrece la otra cara de la moneda en la crisis que atraviesa el corregimiento y deja en evidencia la negligencia de la Alcaldía y las entidades para intentar corregir el desbarajuste urbanístico que tiene en vilo su futuro.
Cuando Nacho y Carmen comenzaron a levantar su casa, en medio de la pandemia, a su alrededor todavía había terreno virgen, fragmentos de un paisaje rural en proceso de desaparición. Hoy ya no existe. El entorno ahora lo domina una decena de construcciones que difícilmente resistirían una revisión juiciosa de licencias y documentación legal. En algunos casos la ilegalidad salta a la vista, como un edificio de tres pisos, prohibido expresamente en la normativa. Una vez terminadas estas construcciones irregulares vendrán las posteriores conexiones ilegales al acueducto y su consecuente presión al sistema hídrico del corregimiento, que ya está límite.
Conscientes de las implicaciones que podría acarrear tanto para el corregimiento como para su propio patrimonio, cuando la familia Rico Londoño compró el predio se cercioró de que estuviera dentro en el polígono suburbano de uso mixto, adelantaron los estudios del predio y todos los trámites para que quedara completamente saneado.
Estando en esas, en la Curaduría le señalaron que había una inconsistencia con el área del predio, al que le faltaban 725 metros, tal como figuraba originalmente, tras lo cual descubrieron que el propietario vecino –donde hoy les están construyendo casi en las narices sin respetar el retiro de 15 metros– había corrido la cerca adueñándose de esos 725 metros que les faltaba.
Con toda la evidencia a su favor, solicitaron a las autoridades de catastro una corrección de linderos, un trámite que, por ley, tiene que tardar máximo 30 días hábiles. Pero pasaron dos años y siguen en las mismas.
La familia afectada ha interpuesto tres derechos de petición cuya respuesta se han pasado por la faja en la administración Distrital. La única respuesta que dice Nacho que han conseguido es la excusa de que están bajos de personal. “¿Es justa esa respuesta con un trámite que debe tardar 30 días y lleva dos años sin resolverse? Cómo le dicen a quien paga impuestos, quien hace todo en regla que no le pueden dar las garantías, que por derecho tiene, por falta de personal”, replica.
Para Nacho hay un evidente doble rasero de la administración en la crisis urbanística que atraviesa Santa Elena. Por un lado la alcaldía que quiere mostrarse eficiente con los procesos sancionatorios que ha adelantado a infractores y por otro lado está su propia negligencia para resolver conflictos en el territorio. “Si la Alcaldía sanciona al infractor, quién sanciona al alcalde cuando la administración es la infractora”, cuestiona.
Al margen de estos palos en la rueda, la Casa de las Flores sigue firme como embajadora de la cultura antioqueña ante el mundo. No en vano más de 3.000 turistas extranjeros llegaron entre enero y la primera semana de julio, incluso desde países remotos como Estonia, Lituania, Islandia, China y Rusia.
“La experiencia turística en la Casa de las Flores tiene estándares internacionales”, dice Nacho, encargado de realizar los toures en los cuales cuenta en español, inglés, italiano y francés una historia de siglos que recorre la herencia prehispánica, la llegada de los españoles, las conquistas napoleónicas, la rica genealogía antioqueña con sus raíces vascas y judías, los secretos de las 450 especies de plantas que tiene la casa y cómo todo esto desemboca en los silleteros.
La familia Rico Londoño fue pionera de lo que hoy se conocen como fincas silleteras, grandes responsables de dinamizar la economía del corregimiento. Son 15 fincas, cada una de ellas, reflejos de que en Santa Elena sí es posible hacer con las cosas con legalidad y mantener viva la tradición campesina y silletera.