El comité de empalme le solicitó que aclare si es estrictamente necesario dejar ese millonario contrato amarrado a pocos días de terminar este periodo de gobierno local.
El equipo del comité de empalme del alcalde electo Federico Gutiérrez advirtió que aunque la solicitó a la actual administración no adjudicar un contrato por más de $1.000 millones para alimentación, a menos de que fuera estrictamente necesario, la alcaldía saliente insiste en dejar amarrado este contrato que sería adjudicado el 28 de diciembre y que iría hasta el 30 de junio del 2024.
Mediante comunicado, el comité de empalme, le solicitó a la actual administración que informe y aclare si existen requerimientos urgentes que justifiquen tal contratación a tres días de irse, y sobre todo teniendo en cuenta que en los procesos de contratación que el comité de empalme revisó de la Empresa de Seguridad Urbana (la encargada de la adjudicación) nunca se mencionó tal proceso.
El concejal electo de Medellín Andrés Tobón criticó tal contratación, al asegurar que se trata de un proceso cuestionable, a pocas horas de terminar la administración actual.
Tobón señaló que el proceso lo sacaron el 20 de diciembre y para recibir propuestas hasta este viernes 22 de diciembre. Los invitados a la licitación serían: Mixservicios S.A.S., Cres y Catering S.A.S., Eventos y Alimentos, TLC Solutions, Ulicar Eventos S.A.S. y Javal Solutions.
“¿Cuál será la intención? ¿Dejar amarrado contratista? ¿Pretender obligar a la próxima administración a que, si necesita suplir servicios de alimentación antes del 30 de julio, lo tenga que hacer mediante adiciones?”, cuestionó el concejal, quien señaló que durante estos años la ESU se especializó en contratos extraños, como un contrato por seis meses que empezó en febrero que mágicamente terminó ampliado y con adiciones hasta este mes de diciembre. Por eso le pidió a la Personería y Procuraduría poner sus ojos sobre este proceso. “Esta gente no entendió que su corrupción no pasará de agache, ni que su nefasto gobierno se acaba en unos cuantos días”.
Esta no es la única presunta irregularidad en la que se ve envuelta la ESU en este cierre de gobierno. A principios de noviembre se conoció que una treintena de trabajadores de esta entidad estarían moviendo sus hilos para quedarse atornillados en sus cargos luego del fin de la administración Quintero.
A través de una carta que fue enviada al gerente de esa entidad, Edwin Muñoz Aristizábal, el pasado 30 de octubre de 2023, los trabajadores de esa entidad pidieron cambiar las condiciones de sus contratos de trabajo antes de que termine esta administración.
En resumidas cuentas, esta figura hace que los trabajadores oficiales que están vinculados a la ESU tengan una ventana de seis meses que se abre y se cierra periódicamente para que su contratación se mantenga o se disuelva. Sin embargo, el gerente de la ESU negó tajantemente que estuvieran haciendo esta maniobra.
No es la única entidad que anda en esas. En menos de una semana, la Empresa de Desarrollo Urbano ha adelantado una extraña cascada de nombramientos y movidas de personal.
La entidad, que tras dos décadas de trabajo se convirtió en la punta de lanza de la Alcaldía de Medellín para apalancar sus obras y proyectos de infraestructura más ambiciosos, teniendo a cargo hoy misiones tan importantes como la gestión predial del metro ligero de la 80, está enfrascada en una batalla interna que tiene a gran parte de sus funcionarios de larga data en la zozobra. En los últimos días, por lo menos ocho contratistas terminaron metidos en la planta de personal, en una decisión avalada por una gerente, Margarita Contreras, que apenas empezó a ejercer sus funciones esta semana tras la salida abrupta de Raúl Morales.
