Tanto el consorcio contratista como la interventoría han elevado las respectivas solicitudes de pago y han llamado la atención sobre los avances de obra.
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La grave situación que atraviesa actualmente la región Mojana debido al colapso de un tramo de 100 metros en las obras de cierre del boquete de Cara e´Gato, ha puesto bajo la lupa el accionar de los funcionarios estatales responsables de la supervisión y gestión de este importante proyecto de infraestructura.
Según lo manifestado por José Manuel Jiménez Regino, abogado y apoderado judicial del Pacto Social por la Mojana, existen evidencias materiales y probatorias que llevan a inferir razonablemente que se habría configurado el delito de prevaricato por omisión por parte de algunos servidores públicos.
De acuerdo con Jiménez, tanto el consorcio contratista como la interventoría han elevado las respectivas solicitudes de pago y han llamado la atención sobre los avances de obra. Sin embargo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, encabezada por Carlos Carrillo, no ha dado respuesta oportuna a estos requerimientos, lo que ha generado retrasos y complicaciones en la ejecución del proyecto.
Asimismo, el abogado señala que una semana antes del colapso del tramo que hoy mantiene sumida en la tragedia a la región, se había advertido sobre los riesgos y solicitado una reunión con los actores involucrados para buscar soluciones a los problemas financieros manifestados por el contratista. No obstante, estas advertencias no fueron atendidas debidamente.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo, a través del doctor Carlos Camargo, ha impulsado las respectivas quejas disciplinarias ante la Procuraduría y otros entes de control, con el fin de que se investiguen las presuntas omisiones y faltas en el cumplimiento de las funciones por parte de los servidores públicos responsables.