Según un informe presentado por la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, el 75% de las víctimas son niñas y adolescentes, y el 80 % de los agresores son hombres.
En un boletín publicado este martes, la Defensoría del Pueblo les hace un llamado urgente a las autoridades departamentales y municipales de Medellín, para que lleven a cabo acciones contundentes que permitan hacerles frente a las violencias sexuales de las que son víctimas niñas, niños y adolescentes (NNA) en esa ciudad.
Un informe presentado en días pasados por la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes al Concejo de Medellín, señala que el mayor número de casos corresponde a NNA con pertenencia étnica, migrantes o con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, situación que se complejiza por la presencia de estructuras delincuenciales que explotan a la población con mayores grados de vulnerabilidad, y se identifica riesgo de revictimización. Según el informe, el 80% de los agresores son hombres.
Es supremamente grave que el documento dé cuenta de que el 75% de las víctimas son niñas y adolescentes, es decir, que existe una violencia basada en género dentro de esa violencia sexual que ha venido en crecimiento exponencial desde el 2010”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asis.
Ya en un informe llamado ‘Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: análisis de la respuesta estatal’, del 2023, la Defensoría había alertado sobre el aumento en los últimos años de esa situación de violencia sexual, pero además, sobre el subregistro que dificulta un panorama real de vulneración y afecta la respuesta institucional de forma estructural.
“A lo anterior se suma la falta de acciones de prevención y pedagogía que permitan atacar y cuestionar las causas culturales que hacen que exista esa violencia”, manifestó el Defensor del Pueblo, que a su vez pidió que se creara una mesa intersectorial en la que no solo participe Medellín, sino todos los municipios del área metropolitana para enfrentar la vulneración de derechos de forma articulada, integral y exhaustiva.
De acuerdo con información de la Fiscalía, solo entre 2020 y 2023, en Medellín se cometieron 885 delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. En lo que va de este año, con corte al 15 de marzo, iban ocho. A pesar de la alarmante cifra, hay que decir que estos vienen bajando desde 2021, cuando ocurrieron 298 casos. El año pasado se presentaron 107, una disminución del 64% en dos años.
El delito sexual más recurrente es la pornografía en la que explotan a menores de edad. Según la Fiscalía, en el 2020, a pesar de la pandemia, ocurrieron 135 casos; al año siguiente fueron 164; en el 2022, 121; y el año pasado, 57. En los primeros meses de este año las autoridades registraron dos casos.
El segundo delito con más ocurrencia es la explotación sexual con fines comerciales de menores de edad. Allí, aunque los casos que han llegado a manos de las autoridades han mermado, no lo han hecho al mismo ritmo de los otros delitos: en 2020 fueron 88; en el 2021, 90; 76 en 2022 y 42 el año pasado. No obstante, hay que reiterar que el subregistro en estos delitos es importante porque las víctimas no tienen la información suficiente para denunciar, temen hacerlo o no pueden hablar con las autoridades.
Otra situación que preocupa a la Defensoría es el aumento del uso de imágenes para la explotación sexual de niñas y niños y el uso de las redes sociales para la captación de las víctimas. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, en 2023 fueron identificadas 65 víctimas del delito de utilización o facilitación de medios para ofrecer actividades sexuales con menores de 18 años.
Frente al aumento de casos en las plataformas digitales, donde se facilita la multiplicidad de formas de explotación que se pueden hacer virales e incentivar su naturalización, debe ser ampliada la mirada sobre la mutación del delito a esos espacios. “El Ministerio de las TIC y la Fiscalía General deben adelantar acciones que mitiguen los riesgos asociados a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los espacios virtuales”, es otro de los llamados de Camargo.
Hay que recordar que el pasado 29 de enero el alcalde Federico Gutiérrez firmó un decreto de toque de queda que restringe la movilidad de los menores de edad en zonas de alto riesgo de explotación sexual.
La normativa aplica entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana para el Parque Lleras y sitios cercanos, para el corredor vial de la 33 (desde la calle 37, entre las carreras 43A y 54, entre la autopista y la carrera 80 en ambos sentidos), para La Candelaria (desde la calle Colombia hasta Rojas Pinilla, entre Bolívar y Cúcuta, incluida Plaza de Botero y la Veracruz) y para el corredor de la 70 (desde la carrera 71 y la carrera 68A, entre calles 47D hasta la Circular 1).
Ese toque de queda tiene vigencia inicialmente hasta el próximo 31 de julio.