Un caso positivo para COVID-19 en una trabajadora de servicios generales de la cárcel La Vega de Sincelejo, encendió la alerta en ese centro penitenciario, y para que la Secretaría de Salud Departamental realice pruebas masivas y tome otras medidas preventivas.
Jhonny Chadid, presidente del sindicato del Instituto Nacional y Penitenciario (Inpec) en Sucre, informó que el sábado anterior la Secretaría de Salud Departamental confirmó un caso positivo de una empleada de servicios generales de la cárcel La Vega.
“Se hizo el cerco y seguimiento, hasta el día de hoy no hay otras personas que tengan síntomas, los que de pronto tuvieron contacto con ella se encuentran aislados”, dijo Chadid.
Indicó que el personal administrativo y de guardias del Inpec se están haciendo los tamizajes.
“Quiero enviarles un mensaje de tranquilidad a los familiares de los internos, y a la personas que tienen relación con el sistema carcelario de Sucre, el COVID-19 entró por un funcionario que no tiene mucho contacto con el personal de guardia, ni con los internos, porque está en un área administrativa”, aseveró.
Sin embargo dijo que se espera la presencia de la Secretaría de Salud Departamental para que se atienda de manera inmediata la situación y se realicen las pruebas a los internos en general.
Según el presidente del sindicato, en días anteriores en la cárcel realizaron 80 pruebas preventivas ordenadas por un juez, producto de una acción de tutela que interpusieron.
“Ahora la situación es real, por eso requerimos que hagan presencia ya que son las personas privadas de la libertad que están en condiciones especiales y corresponde a salud púbica del departamento atenderlas”, indicó.
En cumplimiento precisamente del fallo de tutela han llegado a la cárcel La Vega, los elementos de protección como tapabocas, gel, caretas, para prevención del COVID-19.
Actualmente la cárcel alberga a 640 internos y cuenta con 80 funcionarios entre guardias de seguridad y parte administrativa.
Anteriormente había más de 800 internos, pero a través de brigadas jurídicas, han logrado evacuar a más de 300, teniendo en cuenta las directrices adoptadas por el Gobierno nacional para descongestionar los centros carcelarios y penitenciarios por la emergencia del COVID-19.
