En una mañana llena de tensiones, varios vehículos blindados pertenecientes a los esquemas de protección de magistrados y personal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron bloqueados debido a una intensa disputa legal entre empresas encargadas de proveer estos servicios.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que la situación se desató a raíz de un conflicto legal entre dos compañías, ambas inmersas en un proceso ejecutivo. Esta disputa amenazaba con afectar la continuidad del servicio y, como medida extrema, se activó un mecanismo satelital que resultó en la inmovilización de varios vehículos de protección.
Según la UNP, estos vehículos no son propiedad del Estado ni de la entidad de protección, sino que son adquiridos en arriendo a través de contratos con empresas privadas. Esta dependencia de terceros fue catalogada por al UNP como una especie de “cartelización”.
“Esta circunstancia que supedita el Estado a organizaciones exógenas que pueden ‘cartelizarse’ y debilitar la responsabilidad gubernamental de garantizar la vida, es objetivo estratégico de corrección por parte de la actual administración de la UNP”, aseguró la entidad.
La UNP, actuando para resolver la contingencia, implementó medidas para desbloquear los vehículos y restablecer la normalidad en los servicios de protección. “Los esquemas de protección de magistrados y personal de La JEP ha sido superada”, informó.
Por su parte, la JEP emitió un pronunciamiento expresando su preocupación por la situación y confirmó estar en contacto con la dirección de la UNP para resolver el “impase”.
“La JEP está en comunicación con la dirección de la UNP para solucionar un impasse que se presentó con los carros (…) La JEP solicita que de manera prioritaria se solucione esta situación y se garantice la seguridad de los protegidos”, solicitó el tribunal de paz.