POR FERNEY ARIAS JIMÉNEZ |
La crisis por la covid-19 ha traído consigo diferentes retos para las personas, las empresas, las entidades financieras y el Gobierno. Con la emergencia sanitaria y las consecuentes medidas adoptadas para contener la velocidad de propagación de la enfermedad y preservar la vida, la dinámica en los hábitos y capacidad de pago de los deudores del sistema financiero se alteró de forma inesperada y significativa.
Por eso, desde marzo, la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) impartió instrucciones a los establecimientos de crédito para definir mecanismos que les permitan a los deudores cumplir con el pago de sus obligaciones.
Los planes de gracia y mecanismos de alivios implementados por los bancos, las compañías de financiamiento, las corporaciones financieras y las cooperativas financieras desde finales de marzo hasta el pasado 29 de julio han beneficiado a 11,74 millones de deudores, entre personas naturales y jurídicas, que tenían 16,71 millones de créditos por 225,53 billones de pesos.
Desde la presidencia de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (Asobancaria), Santiago Castro, sostiene que Colombia se destaca por ser el país que más créditos y personas ha atendido en medio de la emergencia, superando incluso a Brasil, cuya población es cuatro veces superior.
Las medidas de alivio han contemplado diversas opciones como periodos de gracia, diferimiento de las cuotas y reestructuraciones de los préstamos vigentes, que no necesariamente se han aplicado en todos los países latinoamericanos (ver Dicen de…).
Más apoyo
Pese a los procesos de reactivación que les han permitido a algunos sectores productivos y empresas reanudar sus actividades, y coincidiendo con un momento de ascenso de los contagios y fallecidos por la covid-19, la apuesta del Gobierno fue extender las medidas que puedan dar un respiro a la situación de los consumidores financieros.
Mediante las Circulares Externas 007 y 014 de marzo de 2020 se estableció que por 120 días las entidades financieras concedieran períodos de gracia o prórrogas para el pago de las obligaciones. Esta etapa finalizó el pasado 31 de julio por lo que, dada la persistencia de la pandemia y sus efectos sobre la actividad económica de los deudores, la Superfinanciera creó el Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD), que estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre.
La intención es que los establecimientos de crédito determinen las condiciones para la redefinición de las obligaciones de aquellos deudores cuyos ingresos se han visto afectados por la actual coyuntura y sobre los cuales las entidades cuentan con elementos que permitan inferir que podrán superar dicha condición.
Rolando Serrano, jefe de Servicios al Consumidor de Datacrédito Experian, resaltó que con esta iniciativa la superintendencia tiene como propósito reconocer la afectación de la pandemia en la economía, en el ingreso, en la capacidad de pago de personas y mantener una adecuada gestión del riesgo.
Anotó que cada establecimiento puede decidir cuáles de las medidas establecidas en el programa puede ofrecer de manera segmentada, pues en teoría hay tres grupos de deudores.
El primero, de personas sobre las cuales la entidad cuenta con información objetiva que le permita, de manera razonable, inferir que pueden continuar con el pago ordinario de sus créditos, es decir de bajo impacto.
El segundo es de quienes tengan una afectación parcial en su ingreso o capacidad de pago y sobre las cuales la entidad también cuente con información objetiva que le permiten inferir que, mediante una redefinición de las condiciones del crédito, el deudor podrá continuar con el cumplimiento de las obligaciones con unos nuevos términos acordados, quienes serían de mediano impacto.
Del tercer grupo hacen parte aquellos deudores que temporalmente enfrentan una afectación considerable o total en su ingreso o capacidad de pago, pero que podrían superar esa afectación, los que están clasificados como de alto impacto.
Bajo esa lógica, Serrano consideró que el PAD debe plantear alternativas como la reducción en el valor de las cuotas, no aumentar la tasa de interés inicialmente pactada o periodos de gracia o prórrogas, para así acompañar a los deudores, y hacer los análisis correspondientes que permitan estimar el deterioro de la cartera, periodos de gracia e incluso las afectaciones macroeconómicas relacionadas con la covid-19 que puedan tener un impacto tanto en su funcionamiento como en el comportamiento de los usuarios.
La tarea
Sobre la implementación del PAD, Édgar Aragón, vicepresidente de Riesgos de Scotiabank Colpatria, manifestó que como parte de su plan de alivios, ha beneficiado a más de 500.000 clientes quienes debido la crisis económica han visto comprometido su flujo de caja para cumplir con sus obligaciones financieras.
“En línea con las direcciones de la Superfinanciera hemos diseñado canales de comunicación para atender a todos los clientes que requieren apoyo o asesoramiento para brindarles diferentes alternativas. Hemos llevado campañas de comunicación y varios clientes nos han manifestado que estarán retomando sus pagos nuevamente. Otros van a requerir apoyo adicional o la extensión de sus alivios”, dijo.
Por su parte, Jorge Alberto Corrales, gerente de la Cooperativa Financiera de Antioquia (CFA), explicó que el PAD está orientado a generar alternativas para que los deudores puedan cumplir y honrar sus obligaciones, pero por otra parte obliga a las entidades a provisionar los intereses que se causan durante los periodos de gracia, y calificar los riesgos dependiendo de los tres grupos en los que están segmentados los usuarios (bajo, alto y medio impacto).
CFA contabiliza unos 13.000 ahorradores cuya cartera de crédito totaliza unos 190.000 millones de pesos. “A diciembre, provisionar los intereses no recaudados por la pandemia nos van a representar 5.800 millones de pesos. Actualmente tenemos unos excedentes acumulados de 6.000 millones lo que nos permite crear la provisión sin afugias”, mencionó Corrales.
En esas circunstancias, precisó que el reto está en cómo gestionar la cartera, pues antes “otorgábamos préstamos y a partir de que se generara algún deterioro creábamos la provisión. Ahora, lo que nos piden es crear la provisión sobre los intereses y esta se puede liberar en la medida que la cartera se recupere”.
El gerente de CFA aseguró que tiene muy adelantada, en un 90 %, la tarea de agrupar y calificar a sus deudores a quienes les ha ofrecido alternativas de apoyo.
A su turno, Andrés Velásquez, gerente de Mercadeo de la cooperativa financiera Confiar, manifestó que el establecimiento desarrolló alternativas para que los asociados redefinan sus obligaciones, las cuales se ofrecerán mediante asesoría individual, lo que permitirá que cada persona explique su situación económica.
“Ofreceremos redefiniciones de crédito llevándolo a un nuevo plazo, periodos de gracia, unificaciones o reestructuraciones. La idea es brindar un apoyo real al deudor y que la cuota, al final del proceso, disminuya”, enfatizó.
Para quienes perdieron sus ingresos o cerraron sus negocios, Confiar posibilitará iniciar negociaciones de acuerdo de pago. Además, se indicó que esta labor será paulatina, por lo que se contactará a quienes accedieron a los alivios entre marzo y julio para conocer su condición económica y darles una nueva alternativa si lo requiere (ver Claves).
Este diario consultó a otros establecimientos financieros (Grupo Aval, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Agrario) sobre la implementación del PAD para sus clientes, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Mirando los alivios
Las utilidades de los establecimientos de crédito a mayo continúan mostrando presiones a la baja, según el más reciente reporte de actualidad del sistema, de la Superfinanciera: Los resultados acumulados al cierre del quinto mes sumaron 4,1 billones de pesos, menores a los 5,4 billones reportados a mayo de 2019.
Debido a la implementación de las Circulares Externas 007 y 014 de 2020, se prevé que a mayo los establecimientos de crédito dejaron de recaudar cerca de 3 billones de pesos por intereses, aseguró la entidad, que agregó como este valor, por efecto de los periodos de gracia, representa 37,8 % del total de interés de cartera por cobrar.
De esta manera, “los resultados se vieron impactados por el mayor gasto en provisiones para el reconocimiento y revelación de los deterioros del portafolio en la coyuntura, presionando a la baja las utilidades”, dice el informe.
Bajo esa óptica, la firma evaluadora de riesgos Fitch Ratings espera que la cartera vencida empiece a mostrar deterioro en la segunda mitad de 2020 y se mantenga en esa senda en 2021, por la terminación de los programas de alivio y el ambiente económico más débil, especialmente en sectores como servicios, transporte, infraestructura, comercio, construcción y consumo.
Desde la dirección de Instituciones Financieras de Latinoamérica de Fitch, que lidera Theresa Paiz-Fredel, se advirtió que el resultado final de las medidas de alivio como el PAD debe ser el repago de los montos adeudados y no un aplazamiento de que esa cartera incobrable.
Fitch prevé que será retador para los bancos identificar el impacto real de la pandemia en la capacidad de pago de los deudores y controlar y monitorear el deterioro en la cartera crediticia bajo las actuales condiciones económicas .