A Helmut Barros Peña, quien estuvo en el cargo durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, lo señalan de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación..
Lo que pasó con 38.848 millones de pesos que se gestionaron a través del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), y que podrían estar perdidos por un posible caso de corrupción, acaba de derivar en la imputación de dos delitos penales contra el exdirector de esa entidad Helmut Barros Peña, quien estuvo en el cargo en el último tramo de la administración de Juan Manuel Santos.
En el expediente también aparece mencionado el contratista Edgard Antonio García Gámez, quien –de acuerdo con el acervo probatorio recaudado– se habría aliado con el exdirectivo para quedarse de forma irregular con parte de esos recursos.
De hecho, los delitos que se les imputan a los dos –según confirmó la Fiscalía– son interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
En la imputación se indicó que “el 20 de noviembre de 2017 los procesados suscribieron, al parecer de manera irregular, un contrato por más de 68.435 millones de pesos. El objeto estaba relacionado con la venta de 2.087 créditos hipotecarios correspondientes a cartera vencida del FNA”.
Y ahí se habría gestado el entramado corrupto que tiene ahora al exfuncionario enredado. Según el expediente, el valor real de la cartera vencida era de 107.284 millones de pesos, pero pese a que la información la conocían de primera mano los imputados terminaron –de acuerdo con la investigación judicial– pactando un contrato de cobro por el 30 por ciento menos.
Las pruebas que destapó la Fiscalía indican que la cifra pactada fue de 68.435 millones de pesos, lo que derivó en el detrimento de los 38.848 millones de pesos por los que les imputaron los dos delitos.
Además, según informó la Fiscalía, en el expediente también aparecen procesados otro contratista identificado como Óscar Ricardo Cruz Sánchez y el empleado de una fiduciaria llamado Germán Eduardo Manzanera.
Ellos dos, quienes supuestamente habrían ayudado a sellar la presunta trama corrupta, deberán responder como posibles responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
¿Cómo encajan?
De acuerdo con la investigación, el contrato habría sido direccionado para favorecer a las empresas de Cruz Sánchez y García Gámez, que, además, contaban con el aval de la financiera en la que laboraba Manzanera.
Finalmente, se evidenció que la adjudicación favoreció a una compañía que no tenía experiencia en la recuperación de cartera, no era una entidad financiera, su capacidad de pago era limitada y no contaba con el músculo financiero requerido para ejecutar la labor con la que se comprometía.
En todo caso, todos los implicados han dicho que actuaron de acuerdo con la normatividad vigente y, de paso, han negado cualquier tipo de responsabilidad en algún delito.
Y precisamente por eso es que el ente acusador decidió imputarlos para que todo se resuelva en la etapa de juicio y se determine si hubo o no corrupción