Juan Felipe Zuleta Valencia
Hay cruce de señalamientos de incumplimientos y, mientras tanto, la economía del municipio acusa un grave golpe.
El balneario Nudillales es la ventana turística del municipio de Alejandría, y de hecho uno de los lugares más emblemáticos en el Oriente antioqueño.
A mano alzada y tirando bajito, de la actividad del balneario se derivan poco más de $200 millones en ingresos al municipio, cada fin de semana, en servicios relacionados con turismo. Pero el balneario está cerrado desde hace ya dos semanas. Las propias autoridades del municipio lo cerraron de manera intempestiva el pasado sábado 3 de agosto, cuando la inspectora llegó al lugar y ella misma vació la piscina de agua natural ante la mirada de algunos turistas que estaban en el sitio, según contó William Velásquez, representante legal de Asocobal, la asociación que desde 2018 venía administrando el concurrido balneario.
Detrás del cierre hay un lío con múltiples matices. Según William, la salida de la asociación Asocobal, conformada por socios adultos mayores y que es reconocida como la que dio vida al lugar que hoy es referente turístico, tiene de por medio incumplimientos a la palabra, al Código de Comercio e intereses políticos y económicos.
William asegura que al comienzo de este año con nueva alcaldía a bordo, él y los socios de Asocobal estaban tranquilos porque aunque el contrato que tenían solo le restaban seis meses más, hasta julio, la nueva alcaldesa Gloria Cecilia Naranjo les manifestó que podían estar tranquilos porque incluso si llegado el caso cambiaba la administración del balneario iban a poder continuar trabajando en las casetas que ellos mismos construyeron y en las que ofrecen diversos productos a los visitantes generando más de 25 empleos. Era, dice, William, una promesa que les daba algo de sosiego.
Pero dice que todo cambió luego de que solicitaran al municipio que les certificaran una donación que hizo la asociación de $12 millones a las fiestas del pueblo. “Al parecer eso no gustó en la alcaldía”, asevera.
El caso es que Asocobal fue notificado este año que no continuaría como administrador del balneario y tras varias reuniones quedó ratificada la entrega del predio el 27 de julio. Pero llegado el día William señala que tomaron la decisión de no entregarlo por lo que consideraron una serie de incumplimientos y trabas, desde desconocerlo como integrante de la asociación (a pesar de ser representante legal) para evitar que construyera su caseta (que era la faltaba por construir), hasta la negativa luego de que pudieran seguir vendiendo los almuerzos en el balneario, un ingreso con el que podían destinar una comisión al fondo de solidaridad de la asociación con el que los adultos mayores socios y sus familias pueden acceder a algunos servicios de salud o costearse citas en Medellín, y situaciones similares. Ante las negativas, apunta William, dice que finalmente pidió que para entregar le reconocieran a la asociación las mejoras realizadas desde 2018. Por ejemplo, fueron ellos que construyeron el puente peatonal y unas obras necesarias de mitigación por unas socavaciones que generaron las aguas y que causaron en 2022 un cierre del lugar. También señalan haber hecho intervenciones de baños y mejoramiento general de todo el lugar. Pero tampoco hubo acuerdo para el reconocimiento de dichas mejoras.
Entonces como no hubo acuerdo para la entrega, en la última semana de julio llegaron de planeación municipal a hacerle una inspección y le entregaron una serie de requerimientos que debían subsanar, pero también, en el mismo oficio, le avisaron el cierre del lugar. Así que su abogado Ramón Valencia interpuso los recursos por presuntos la presunta irregularidad de los procedimientos, entre estos, que la alcaldía no era la encargada de adelantar esta medida sino la inspectora y que el documento ni siquiera estaba bien redactado porque era contradictorio. De manera que el viernes la alcaldía empleó otra vía y sacó el la resolución que ordenaba el cierre indefinido y el sábado la inspectora madrugó a desembalsar el balneario, a pesar de los alegatos de William de que en el propio documento que le estaban entregando constaba que la decisión no estaba en firme.
El abogado Valencia señala que la serie de arbitrariedades y atropellos no tienen justificación, pues según dice a William llegaron a intimidarlo con una supuesta orden de arresto si abría nuevamente el balneario, a pesar de que, según Valencia, Asocobal tenía derecho a mantener abierto el lugar pues la resolución tenía un recurso de 10 días que no se cumplió. Dice que la propia Fiscalía alertó que un eventual arresto podría meter al comandante de la policía en lío por presunto prevaricato.
Además de lo que califica como una serie de medidas producto del abuso de autoridad, las cuales ya entutelaron, lo que plantea el apoderado es que lo que llama la atención es que tras siete meses de gobierno de la nueva alcaldesa y 10 años de trabajo de la inspector,a solo hasta ahora que está en disputa la entrega del balneario sin que se le reconozca absolutamente nada a Asocobal vienen a hacer hallazgos como los que le hicieron para justificar la orden de cierre indefinido.
En cuanto a la discusión de fondo, plantea que lo que debió hacer la alcaldesa era acudir a un juez administrativo mediante una acción que se llama acción contractual. Explica el abogado que a la luz de lo que dicta la ley en un contrato comercial, la asociación tiene derecho a que le den prioridad para renovar el contrato a menos que el propietario, en este caso el municipio, requiera el lugar para habitación o para construcción, pero si lo que busca es arrendarlo a otra persona para ejecutar el mismo objeto que hacía Asocobal, es decir administrar el balneario, estaría violando el Código de Comercio. Y en caso de que el juez determine que no infringe el mismo, complementa, lo que procede es le paguen a la asociación no solo las mejoras sino aspectos como el posicionamiento de la marca, en este caso todo lo que hizo Asocobal para convertir Nudillales en referente turístico.
¿Qué dice la alcaldesa?
La alcaldesa Naranjo, por su parte, asegura que no hicieron otra cosa más que aplicar la norma ante supuestos reiterados incumplimientos por parte de Asocobal.
Dice la mandatario que, además de que el contrato vencía el 27 de julio y desde febrero estaban notificados de que el contrato era improrrogable pues ya llevaban allí dos alcaldías, la asociación incumplió reiteradamente con los arreglos y mejoras como instalación de barreras de seguridad, compuertas y otra serie de intervenciones a las que se habían comprometido y que la alcaldía pasada fue permisiva al prorrogarle el contrato a pesar de no ejecutar las mismas. Además habla de una extralimitación de funciones de su antecesora Sor María Ocampo, al haberles prorrogado el contrato seis meses después de finalizado su mandato.
Enfatiza que el balneario continuará cerrado y que una vez la alcaldía lo tenga en su poder, adelantarán las obras que se necesitan para luego abrir licitación para un nuevo administrador del lugar y que este tomará el control total de las actividades del balneario incluyendo ventas y demás. Reconoce que hay “mucha gente interesada” en llegar a administrar el posicionado balneario. William también dice estar convencido de que hay personas cercanas a la alcaldesa interesadas en quedarse con el balneario y que eso, justamente, es lo que ha motivado estas maniobras que él considera irregulares.
Asegura Naranjo que lo que está pidiendo la asociación como reconocimiento de mejoras es “totalmente desbordado” y habla de $600 millones y de un supuesto pedido de la asociación para que le reconozcan donaciones que hicieron, según ella, a “la alcaldía anterior”. Y asevera que más bien es la asociación la que “entraría a deberle” al muncipio por haberse quedado seis meses más gracias a una decisión que, enfatiza, no podía tomar la alcaldesa anterior.
“La demora es que ellos entreguen”, concluye y reconoce que por ahora no es posible hablar de una fecha tentativa de apertura. En lo único en lo que coinciden ambas partes es que el cierre aporreará bastante al municipio pues estiman que entre el 60% y 70% de todo el flujo turístico del municipio está jalonado por Nudillales.
En el municipio lo único que piden es que se solucionen las cosas para permitir la reapertura, pues hospedajes, restaurantes, parqueaderos y otros negocios dependen, en buena medida, de la actividad del balneario.