Santiago Olivares Tobón
Disputa por una nueva mina sería la causa de esta nueva ola violenta, que se recicla cada tanto desde hace 40 años.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
El hallazgo de una nueva mina en una lejana zona de Segovia, que promete una bonanza de este mineral por varios años, llamó el interés de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) para meterse en una zona históricamente controlada por grupos guerrilleros. Por esta razón, esta organización criminal inició una confrontación a sangre y fuego que obligó a cerca de 1.000 personas a tener que dejar sus casas y ubicarse en un caserío, en una zona donde tienen una falsa sensación de seguridad.
Desde hace cerca de tres meses, las balaceras en las veredas Cañaveral Chicamoqué y Mina Nueva, en Segovia, y en Bocas de Chicamoqué, de El Bagre, se volvieron parte del paisaje del terror que se vive en esta zona, que tuvo su histórico control del Eln. Con el paso de los meses se ha venido fortaleciendo el Frente 4 de las disidencias de las Farc. Esta zona también está cercana al sur de Bolívar, otro eje de esta disputa.
“La situación en esa zona es muy delicada y pareciera que ese grupo criminal (AGC) quisiera meterse hasta muy adentro”, relata uno de los habitantes de uno de los caseríos ubicado en la trocha que conecta al parque de Segovia con estas veredas, ubicadas a siete horas en camioneta, campero, camión o bus escalera. Un carro particular tradicional no llega ni al inicio del recorrido.
Así queda evidenciado en las paredes de las casas y negocios, un 70% de estos construidos en madera, que se ubican en la zona. Las marcas de “AGC Precente (sic)” dejan en evidencia el deseo de control de esta estructura criminal.
Desde los primeros kilómetros hacia estas veredas lo primero que le dice a quienes viajan en los buses escaleras abarrotados de personas y de víveres que van a estas distantes veredas es “deben apagar y guardar el celular para evitar problemas con los ‘muchachos’ que están en el camino”, relató un viajero que habló con EL COLOMBIANO sobre el panorama que se vive en este municipio del Nordeste antioqueño.
Los víveres los llevan los buses escalera día de por medio. Cargan bultos de arroz, carne, productos no perecederos y hasta canecas llenas de agua, porque “con esta es la que pueden cocinar”, comentó una de las personas que cargaba una de estas chivas.
Cuando se les pregunta sobre el conflicto que se vive en esa zona, pareciera como si se les hablara de un tema prohibido. Tanto en el pueblo como en las veredas, optan por evadir el tema y lo poco que cuentan es a regañadientes.
En esta nueva guerra, la manzana de la discordia tiene como eje una mina que se encontró en el sector de Mina Nueva, del cual se rumora en todos los rincones de Segovia y El Bagre que, según se rumora, es rica y podría garantizar recursos por muchos años. Tampoco se deja de lado los terrenos aptos para la siembra de la mata de coca.
“Hace como cuatro años se empezó a rumorar que en Mina Nueva encontraron mucho oro y eso alertó a los del otro bando y desde hace un mes se calentó mucho esa zona y a partir de eso se dieron los desplazamientos”, relató otro vecino de una de las veredas aledañas.
A partir de los cruces de disparos originado por esta guerra, se estima que cerca de 1.000 personas, principalmente provenientes de Mina Nueva, se están radicando en carpas ubicadas en la vereda Carrizal, donde encontraron presencia de militares, aunque no están distantes de la zona de conflicto. No obstante, las cifras oficiales hablan de 260 personas, indicaron desde la Gobernación de Antioquia.
Pero, según informes de inteligencia, pareciera que la confrontación entre las tres estructuras delincuenciales en cuestión está lejos de culminar, pese a que tanto desde las disidencias como desde las AGC se han tenido decenas de bajas que han debilitado a sus estructuras. Mientras tanto, los desplazados deberán mantenerse en el albergue, a la espera del envío de las ayudas que llegan cada día en el bus escalera.
Desde la Gobernación indicaron que por estas disputas se han presentado la quema de dos viviendas, hurto de dinero, documentos y objetos a la población civil y la quema de una bomba de gasolina.
Una guerra tras otra
Segovia y Remedios han vivido una guerra reciclada al menos en los últimos 40 años. Entre 1982 y 1997 se registró una violencia política recurrente contra la población civil, dirigida especialmente hacia las asociaciones comunitarias, sindicatos, juntas cívicas, comité de derechos humanos y miembros de la Unión Patriótica.
Esta ola de violencia fue cometida por redes criminales articuladas por miembros activos de la Fuerza Pública, en asociación con civiles y paramilitares.
Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, Silenciar la democracia: Las masacres de Remedios y Segovia (1982-1997), en el Alto Nordeste se registraron 32 masacres entre 1982 y 2002. La más recordada fue perpetrada por una incursión paramilitar en 1988 que dejó 46 víctimas.
El informe del Centro de Memoria señala que los conflictos sociales producidos por el auge del oro a principios de los años 80 en la región, además de su acelerado crecimiento demográfico, derivaron en un movimiento social liderado por los sindicatos de la región.
Resulta que desde 1986 varios movimientos sociales se unieron a la Unión Patriótica, partido que logró ganar las alcaldías de Apartadó, Mutatá, Remedios, Yondó y Segovia. La UP también alcanzó seis de las 10 curules en los concejos de Segovia y Remedios, lo que derivó en que tildaran de guerrilleros y comunistas a los habitantes de estas localidades.
El punto más crítico de la violencia llegó el 11 de noviembre de 1988, cuando una alianza criminal entre miembros de la Fuerza Pública, paramilitares del Magdalena Medio y políticos regionales, bajo el nombre de Muerte a Revolucionarios del Nordeste, asesinó a 46 personas, dejó 60 heridos y decenas de familias desplazadas.
El Centro Nacional de Memoria Histórica recuerda que por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de prisión al exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal, César Pérez García, quien se alió con miembros del Batallón Bomboná y del comando de Policía de Segovia, así como con los paramilitares Fidel Castaño y Henry Pérez, este último exjefe de las Autodefensas de Puerto Boyacá para cometer esta masacre luego de que su partido perdiera las elecciones del 86.
En su momento fue condenado Fidel Castaño como determinador y dos civiles y cinco miembros de las Fuerza Pública por su participación en la planeación y ejecución de la masacre.
Después de las disputas políticas, comenzaron las guerras por controlar la riqueza aurífera y el territorio para el manejo del narcotráfico entre el Nordeste y el Bajo Cauca, donde los mayores afectados son los habitantes de las zonas rurales, principalmente aquellas distantes de aquel parque principal donde abundan las compraventas de oro, almacenes de motos y los bares y tabernas.
Esta parece ser otra etapa de las guerras recicladas en la región desde hace 40 años.
7 horas se demora en llegar a donde están los desplazados, desde el casco urbano.