POR SERGIO ANDRÉS CORREA Y JULIANA GIL GUTIÉRREZ |
Veinte días después de las elecciones en Estados Unidos el presidente republicano Donald Trump autorizó comenzar los protocolos para la transición del poder al mandatario electo, el demócrata Joe Biden. El anuncio es el primer paso para que se haga realidad una nueva era en la Casa Blanca.
La antorcha está ahora en manos de Emily Murphy, la directora de la Administración General de Servicios (GSA, por sus siglas en inglés), quien es la funcionaria encargada de liderar ese proceso desde Washington. Según dijo el magnate, este aval para iniciar el cambio de mando se debe a un gesto de atención a la agencia del gobierno.
Esta, la GSA, al mando de la administradora de 47 años, es la encargada de soportar la operación de las demás agencias federales cuando un presidente sale del Despacho Oval para dar paso a su sucesor. Además, tiene la función de certificar al equipo del presidente electo para que pueda acceder a la información necesaria del empalme.
Este anuncio no significa que el republicano haya aceptado su derrota. “Trump no está concediendo la elección. Lo que sucederá ahora es un proceso administrativo, pero, al tiempo, él seguirá con sus caminos legales. En Estados Unidos el ganador de las elecciones lo define el Colegio Electoral y este se reúne el 6 de enero”, afirma el internacionalista de la Universidad Externado, David Castrillón.
Lo que sucede, entonces, es que el mandatario da la orden de emprender protocolos administrativos internos. Estos también se traducen en una transacción de 10 millones de dólares para que el gobierno entrante comience a operar, aunque los demócratas anticipaban una ruptura en el cambio de mando y tenían un fondo de 7 millones de dólares destinado para este paso.
Trump instruyó que “por el mejor interés de nuestro país, le recomiendo a Emily y a su equipo que hagan lo que sea necesario sobre los protocolos iniciales”. Acto seguido recalcó que “nuestro caso en los tribunales continúa con fuerza. Seguiremos en la pelea y creo que prevaleceremos”.
Paralelamente, se dio a conocer un oficio firmado por Murphy, dirigido al electo presidente Biden, en el que pone a su disposición recursos y servicios poselectorales, una norma que el país implementó en 1963 con el objetivo de favorecer los procesos de cambio de gobierno.
“Estoy tomando esta decisión de manera independiente, basada en la ley y en los datos disponibles. Y quiero dejar claro que no he recibido ninguna presión para demorar mi determinación”, dijo Murphy.
La internacionalista de la Universidad Javeriana, Ildiko Szegedy Maszak, considera que este anunció puede ser una “cortina de humo con la que el mandatario pretende ganar tiempo para tomar determinaciones que pondrán en problemas a la administración Biden, como la decisión de autorizar exploraciones petroleras en el Ártico cuando la atención estaba puesta sobre si aceptaría o no su derrota”.
A renglón seguido el internacionalista Alejandro Bohórquez Keeney expresa que con esta resolución el republicano muestra que se ha terminado el “show” de desconocer el resultado de los comicios porque sus ataques a la integridad de la jornada electoral “lo estaban deslegitimando” ante el electorado.
El proceso para ratificar el triunfo de Biden se extenderá hasta 2021. El 14 de enero los electores presentarán ante los congresos estatales los votos. Posteriormente, el 6 de enero, estos comparecerán ante el nuevo Congreso Federal para oficializar, por fin, la nueva presidencia, que tomará posesión el 20 de enero.