El presidente defendió que el incremento del dinero para el sistema de salud fuera del 5,36 % argumentando que subirle más era “seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos”.
Además de preocupación e incertidumbre, la resolución del Ministerio de Salud que estableció que el incremento de la unidad de pago por capitación (UPC) para 2025 será del 5,36 % dejó ver una que otra ligereza por parte del presidente Gustavo Petro.
El mandatario usó su cuenta de X (antiguo Twitter) para defender el ajuste, que determina de cuánto serán los recursos que tendrá el sistema para garantizar los servicios médicos de los usuarios. Sin embargo, cayó en varias imprecisiones y falsedades.
En un fact checking que hizo EL COLOMBIANO, encontramos que de las seis afirmaciones que hizo el Jefe de Estado en tal sentido, como respuesta a un trino del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, todas mezclaron mentiras y verdades parciales (pues no hay decisiones de fondo que le den veracidad total).
Petro inició, como en todo su trino, lanzando la pregunta: “¿por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5,4 % este año, si la inflación para este año será del 3 %?”. Sobre esto, huelga explicar que el estudio del cálculo de la UPC se tienen en cuenta los datos de prestaciones de servicios de salud por parte de las EPS del año anterior. Es decir, para la de 2025 se usan datos de 2023, para la de 2024 se usaron los de 2022 y así sucesivamente. Así mismo pasa con la inflación que se registró en el año sobre el que se utilizó la información. Es decir, para el incremento de 2025 se usa el dato de inflación de 2023, que para entonces fue de 9,28 %. Del mismo modo, vale aclarar que el cálculo no se hace con la inflación proyectada (la de 2024), sino con la del año pasado (2023).
El presidente continuó su argumentación cuestionando que si querían (en referencia a quienes han criticado el ajuste) “seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de Transmilenio”.
Frente a lo anterior hay que señalar que la UPC no es un pago que el Estado le hace a las aseguradoras, sino un ingreso que debe darles mes a mes para garantizar los servicios médicos de sus afiliados. De ese dinero, pueden destinar para los gastos de administración hasta un 10 % en el régimen contributivo y hasta un 8 % en el régimen subsidiado. “Hasta” significa que no se puede más de ese porcentaje y que puede ser menos de eso. De hecho, un estudio realizado por la firma Numeris para Acemi (gremio de las EPS del régimen contributivo) encontró que de cada $100 que recibieron en entre 2010 y 2022 $4,5 (4,5 %) fueron destinados a la administración.
“No es que haya exceso de plata en las EPS ni que se esté perdiendo, es que la UPC viene quedándose corta y, en consecuencia, utilizaron las reservas técnicas y el patrimonio propio. Una UPC insuficiente acaba con las reservas, con el patrimonio de las aseguradoras y con la sostenibilidad del sistema”, explicó a este diario sobre el tema el economista de la salud Jesús Botero.
Por otro lado, no hay que dejar pasar de lado que actualmente el Gobierno controla, por medio de agentes interventores nombrados por la Superintendencia de Salud, ocho aseguradoras: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicios Occidental de Salud y Coosalud, que suman 28,3 millones de afiliados, es decir, alrededor del 56,6 % del total de usuarios del sistema.
“¿Les pareció poquito que se hubieran robado $9 billones del dinero público de la salud en el año del covid?”, continuó el presidente en su defensa del ajuste de la unidad de pago. Aquí, Gustavo Petro se refiere a un informe preliminar de abril de 2024 de la Contraloría General de la República que señaló que —entre 2020 y 2021— al menos 18 EPS desviaron cerca de $9 billones. Sin embargo, esa entidad aclaró luego que por ser preliminar hacía falta el traslado de observaciones de las involucradas para permitir que las EPS respondan a los cuestionamientos y observaciones consignados en el informe.
Meses después se conoció un concepto del Ministerio de Hacienda que señalaba que, por tratarse de parafiscales, los recursos que manejan las EPS no les aplica la regla de anualidad, que es que los ingresos de un año tengan que ser ejecutados en el transcurso del mismo, pues es plata que está por fuera del presupuesto general de la Nación. Como lo explica el consultor independiente de sistemas de salud, Ramón Abel Castaño, lo que ocurrió con ese monto fue que, “como en la pandemia disminuyó el gasto en salud que hacían las EPS, lo que no gastaron lo usaron para pagar deudas antiguas”. Y, además, hasta ahora no ha habido un fallo de responsabilidad fiscal determinando que haya habido alguna irregularidad con el manejo de recursos públicos.
Por otro lado, Petro habló otra vez de las reservas técnicas: “¿Les pareció poquito que luego (de) que se transformaran en aseguradoras financieras, el exministro (Alejandro) Gaviria les haya regalado otros billones de pesos que también se esfumaron porque no dejaron para las reservas técnicas que exige la ley y que suman otros $10 billones? “.
Al respecto, hay que recordar que las reservas técnicas son los recursos para pagar obligaciones futuras de las EPS y para responder por siniestros que puedan preverse en el futuro u otras obligaciones. Por lo tanto, son pasivos de las aseguradoras que se utilizan para emergencias, como lo fue la pandemia del covid-19.
“¿Les pareció poquito que Coosalud haya servido de fiador para los préstamos particulares del dueño de la EPS por $400.000 millones, que luego no pagó y que en la junta directiva de la EPS, los Santos y los Pastrana no hayan dicho ni pío?”, fue otro de los dardos que lanzó el presidente de la República.
Coosalud fue la más reciente EPS intervenida por la superintendencia, realizada a finales de noviembre pasado, argumentando que tenían una deuda de $433.000 millones y que habrían desviado dineros de la salud hacia paraísos fiscales. Entre tanto, Petro fue más allá y también señaló que en esa empresa “se ‘refundieron’ $200.000 millones que el erario le entregó para atender a sus afiliados”, en referencia a que supuestamente habían usado para un préstamo esa cantidad y que provenían de los recursos de UPC.
Sobre esto, vale aclarar que esos señalamientos aún tienen la calidad de supuesto, toda vez que aún son parte de investigaciones por parte de la Superintendencia de Salud; además, la junta directiva de Coosalud (de la que hacen parte Rafael Santos y Jaime Pastrana) le pidió al mandatario rectificar el comentario de que se les había “refundido” ese dinero. Explicaron que fue un movimiento crediticio legal en que la garantía para “respaldar la operación de crédito consistía en los recursos o los ingresos cedidos de las IPS de propiedad del grupo cooperativo Coosalud”.
“Recursos propios de la cooperativa cercanos a 50 mil millones también estaban fondeando la fiducia cuyo destino no era otro que el cumplimiento de las reservas técnicas de la EPS. Ningún banco acepta como aval recursos de exclusiva destinación”, agregaron. Por su parte, Petro se negó a rectificar.
El mandatario cerró su comentario en redes preguntando si “le pareció poquito que la Nueva EPS de los Vargas Lleras, haya escondido $5 billones de deudas en facturas para hacer aparecer falsamente que la EPS estaba bien, solo con el fin de seguir ordeñando al Estado con decenas de billones de pesos?”. Este comentario se suma a los señalamientos que ha hecho en contra de Enrique Vargas Lleras —quien además de ser hermano del exvicepresidente Germán Vargas, estuvo por años a la cabeza de la Junta Directiva de la mencionada aseguradora.
No obstante, hay que decir que las acusaciones del Jefe de Estado —en el sentido de que esa familia escondió y no pagó facturas por $5,5 billones— han quedado en entredicho en instancia legales. A finales de octubre del año pasado el Consejo de Estado le ordenó a Gustavo Petro debe retractarse de esas acusaciones contra Enrique Vargas. “Se trata de imputaciones realizadas de manera concreta y específica a personas determinadas, sin que dentro del plenario obre prueba siquiera sumaria que permita acreditar que tal circunstancia se hubiese verificado de manera previa a su divulgación”, expresó el alto tribunal en su fallo.