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Tribunal negó demanda que pretendía tumbar a 15 concejales de Medellín

El Concejo de Medellín ha tenido un periodo turbulento. Foto: Archivo.

Los magistrados negaron, en primera instancia, las pretensiones del demandante.

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El Tribunal Administrativo de Antioquia negó, en primera instancia, la demanda que pretendía dejar sin investidura a 15 de los 21 concejales de Medellín.

El argumento del demandante —un ciudadano— radicaba en que los corporados habían cometido irregularidades durante la reelección del secretario general de la corporación, Jorge Restrepo, quien está apartado del cargo desde junio en cumplimiento de una medida cautelar aceptada por un juez en otra demanda.

En consideración del demandante, los corporados deben perder la investidura por presuntamente incurrir en un conflicto de intereses para favorecer la elección de Restrepo, en la votación que tuvo lugar el 15 de octubre de 2021 (para la vigencia de 2022), pues esta no habría estado enmarcada en un concurso de méritos.

Restrepo ocupó el cargo desde 2020 y fue reelegido para 2021 porque los concejales resaltaron la calidad de su trabajo, tanto, que también decidieron reelegirlo para 2022. Pero, dice la demanda, “la reelección debió realizarse, sin excepción alguna, mediante concurso público de méritos”.

El Tribunal, sin embargo, desestimó estos argumentos. Para los magistrados, los argumentos presentados fueron infundados.

En ese sentido, el fallo negó la pérdida de investidura de los 15 concejales, que son: Jaime Cuartas, Sebastián López, Aura Marleny Arcila, Fabio Humberto Rivera, Luis Carlos Hernández, Luis Bernardo Vélez, Daniel Duque, Dora Saldarriaga, Juan Ramón Jiménez, Babinton Flórez, Julio González, Nataly Vélez, Alfredo Ramos, Lucas Cañas y Lina García. Aunque Albert Corredor, María Paulina Aguinaga y Simón Molina; también fueron incluidos, los tres renunciaron a sus cargos hace poco.

Los demandados ya habían dicho, algunos de forma individual, otros conjunta, que actuaron de buena fe y que, incluso, pidieron varios conceptos jurídicos no solo de los abogados del Concejo, sino en consultas a otras instancias y llegaron a la conclusión de que el actuar era legal.

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