SANTIAGO OLIVARES TOBÓN
El litigio, ganado por EPM, se originó por irregularidades en el cobro de la plusvalía para el predio donde se construyó la planta de tratamiento. La multa equivale a la quinta parte del presupuesto de Bello para 2023.
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Después de un largo litigio, EPM acaba de ratificar en una resolución el cobro coactivo contra la Alcaldía de Bello por 132.000 millones de pesos por irregularidades en el cobro de la plusvalía para la compra del terreno donde se construyó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Aguas Claras.
Esta decisión se conoce dos años después de que el Consejo de Estado ratificara la sanción luego de la petición de la empresa de servicios públicos.
Este pleito tiene una historia larga. Resulta que EPM busca recuperar la plata pagada el 29 de diciembre de 2009 para poder construir esta planta de tratamiento, debido a que el gerente de la empresa en ese momento, Federico Restrepo, encontró algunas anomalías en el proceso de liquidación. El 26 de febrero de 2010 interpuso un recurso de reconsideración para que la Alcaldía de Bello respondiera por esta plata.
Desde entonces han sido casi 13 años de conflictos entre ambas partes y de procesos judiciales y una sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia del 18 de diciembre de 2014 le ordenó a Bello restituir los más de 89.000 millones de pesos que se habían pagado en 2009, con sus respectiva actualización al valor de la fecha, aunque la decisión fue apelada conjuntamente por la administración municipal y la Procuraduría.
“Se declara que EPM no está obligado a pagar suma alguna por los conceptos contenidos en la Resolución anulada, por consiguiente se ordena la devolución del valor de $89.527’412.785”, señaló el fallo de ese momento. El dinero fue cobrado con aval del Concejo de Bello, debido a que el suelo fue revalorizado para poder hacer la construcción de esta obra en un terreno que hasta antes del proyecto era un área de reserva.
El Municipio de Bello aseguró que esta deuda no fue saldada porque ellos tenían una decisión judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia del 2011, en segunda instancia, la cual los favorecía y no los obligaba a la devolución de estos recursos. Sin embargo, había una segunda decisión, en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que ya favorecía a EPM.
El resultado de la apelación de la administración municipal ante el Consejo de Estado de ese momento tampoco favoreció los intereses de Bello y ratificó la medida a favor de EPM el 3 de diciembre de 2020, por lo que Bello no solo debía pagar los 89.000 millones de pesos entregados en 2009, sino también el valor actualizado a la fecha, que ya llega a los 132.000 millones de pesos.
Pero como la Alcaldía de Bello, según EPM, se negó a hacer este pago antes del 10 de octubre de 2021, fecha límite para hacer la cancelación de esta deuda, la empresa de servicios públicos realizó el cobro coactivo a esta administración municipal, con sus respectivos intereses por mora.
“En cumplimiento de sus deberes legales, EPM debe proteger el patrimonio público, que ha sido objeto de reconocimiento en las decisiones judiciales, razón por la cual ordenó el decreto de las medidas cautelares que resultan procedentes contra el Municipio de Bello, conforme el régimen constitucional y legal”, indicó la empresa mediante un comunicado este lunes.
EL COLOMBIANO se contactó con el abogado externo de la Alcaldía de Bello, Rodrigo Palacio, pero señaló que por el momento no podía atender ningún cuestionamiento.