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Por: Santiago Yepes Vidal
Luis Fernando Agudelo Henao, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, explicó cómo ha impactado en el departamento la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), por qué algunos hogares cambiaron de clasificación y qué se hará durante el nuevo periodo de acople que irá hasta julio de 2027.
En Antioquia, uno de los movimientos más llamativos se presentó en el grupo A: según las cifras entregadas por la Gobernación, los hogares clasificados allí pasaron de unos 220.000 a cerca de 101.000, es decir, 119.000 hogares dejaron de estar registrados en esa categoría de pobreza extrema.
El Gobierno Nacional decidió extender hasta el 31 de julio de 2027 el periodo de transición hacia el RUI, mientras se revisan aspectos técnicos y se atienden las reclamaciones surgidas tras la implementación. El DNP reportó más de 112.000 peticiones de inconformidad solamente durante agosto de 2026.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Luis Fernando Agudelo Henao, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, explicó qué significa realmente el cambio, cuáles son las dificultades detectadas en el departamento, qué ocurrirá con quienes vieron modificada su clasificación y cómo se prepara Antioquia para los meses que vienen.
¿Cómo recibe Antioquia la ampliación del periodo de transición hacia el RUI?
“La recibimos con alegría porque desde el primer momento de la llegada de este gobierno, e inclusive desde que entró a operar el RUI, el 31 de julio y primero de agosto, veníamos haciendo la advertencia tanto al anterior Gobierno Nacional como al nuevo.
Antes de entrar en la sopa de letras, creo que es muy importante explicarle a la gente que de lo que estamos hablando es de mecanismos de focalización.
En general, los gobiernos siempre tenemos un reto y es que tenemos muchas dificultades para identificar con claridad a quién debemos entregarle las cosas: obras, bienes, servicios y subsidios.
Por eso se han creado mecanismos de focalización, porque la idea es entregarle a cada persona lo que le corresponde. Colombia ha tenido históricamente varios mecanismos. Uno son los estratos socioeconómicos y otro es el Sisbén.
La diferencia es que los estratos socioeconómicos no entran a las viviendas, mientras que el Sisbén sí abre la puerta de los hogares mediante una encuesta.
Uno puede tener un edificio donde todas las personas tienen el mismo estrato socioeconómico, pero diferentes clasificaciones del Sisbén. Ese es un punto importante: el Sisbén, a diferencia de los estratos, abre la puerta de los hogares porque es una encuesta”.
¿Qué cambió entonces con la llegada del RUI?
“No todos los colombianos estábamos encuestados en el Sisbén. Al 31 de julio, cerca de 32,9 millones de colombianos estaban encuestados en el Sisbén y ahora un poco más de 50 millones estamos en el RUI.
El paso del Sisbén al RUI no significa que desaparezca el Sisbén, sino que cambia la composición de cómo se llega a la calificación que permite identificar a quién se le entregan las prestaciones del Estado.
Lo que se hizo fue agregarle al Sisbén una serie de registros administrativos. El RUI incorpora información de modelos estadísticos que provienen de fuentes como la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, además de información de la Adres, la Pila, la Dian, la Registraduría, el Ministerio de Educación y centrales de riesgo, entre otras.
Tradicionalmente, la encuesta del Sisbén se concentraba mucho en el gasto de los hogares. Hoy, el RUI, que es el Sisbén más todos esos registros administrativos, agrega el elemento de los ingresos.
Por lo tanto, el resultado final de las clasificaciones no cambia: se mantienen cuatro categorías. Lo que cambia es la manera como se calcula ese resultado”.
Una de las principales quejas es la de personas que antes estaban en A y ahora aparecen en C, ¿por qué puede ocurrir eso?
“Tenemos cuatro grupos grandes. La categoría A corresponde a pobreza extrema, la B a pobreza moderada, la C a población vulnerable y la D a personas no pobres o no vulnerables.
En Antioquia, al 31 de julio teníamos 1,8 millones de hogares sisbenizados. Al primero de agosto ya teníamos 2,8 millones de hogares en el RUI.
En el caso de pobreza extrema, la categoría A, teníamos 220.000 hogares y pasamos a 101.000. Es decir, se redujo a menos de la mitad: tuvimos 119.000 hogares menos de un día para otro clasificados en pobreza extrema.
En pobreza moderada también hubo un cambio. Pasamos de 437.000 hogares a 336.000. Es decir, uno de cada cuatro hogares que estaban en pobreza moderada perdió esa categorización.
Ahí tenemos las mayores dificultades: personas que estaban en los grupos A y B, pobreza extrema y pobreza moderada, y que dejaron de estar en esos grupos.
Eso para los ciudadanos es un asunto muy preocupante porque existe el riesgo de perder subsidios. Hay que recordar que tanto Sisbén como RUI son mecanismos de focalización que se utilizan en muchos programas, desde el sistema de salud hasta subsidios de vivienda, devoluciones de IVA o programas para ingresar a la universidad.
Por lo tanto, esto es muy sensible para la política social y para la vida de los ciudadanos”.
¿Qué impacto tiene esa reclasificación para Antioquia?
“Desde el día uno le dijimos al Gobierno Nacional, tanto al anterior como al actual: tengan mucho cuidado con esto porque se viene un problema muy grande.
Hay que recordar que esto lo dejó el Gobierno Petro en julio. Lo dejaron para el final del gobierno, a sabiendas del impacto tan grande que iba a tener a nivel nacional.
De los más de 33 millones de hogares sisbenizados, cerca de 5 millones de hogares en todo el país cambiaron su clasificación. Esto significaba la salida de muchas personas de los subsidios y solo nos dieron tres meses como periodo de transición.
Una vez llegó el nuevo gobierno, nosotros, en los empalmes, el gobernador y nosotros, al Departamento Nacional de Planeación le insistimos en que esto había que cambiarlo. Nos escucharon y tuvimos la posibilidad de hacer observaciones al proyecto de decreto.
Parte de esos asuntos era que teníamos que tener un periodo de ajuste y de transición entre el Sisbén y el RUI que fuera más largo.
A partir de esas observaciones que hicimos desde Antioquia y de otros departamentos, sumadas a los problemas tecnológicos y al terremoto del 10 de agosto, se amplió el periodo de transición hasta el 31 de julio de 2027”.
¿Se sabe exactamente por qué una persona puede pasar de A a C o de B a C?
“Desafortunadamente tenemos un problema y es que no sabemos qué hay adentro de la caja negra.
A partir del 31 de julio diseñaron un algoritmo con modelos estadísticos que incluye esas fuentes: Adres, Pila, Dian, Registraduría, Ministerio de Educación, centrales de riesgo y Gran Encuesta Integrada de Hogares, entre otras.
El problema es que no sabemos cómo están mezclando esos ingredientes. Parte de lo que nosotros le pedimos de manera muy clara al anterior y al actual Gobierno es que nos digan cómo están haciendo esa mezcla.
Para nosotros ha sido muy difícil dar la respuesta porque todos nos están preguntando esto mismo y la verdad es que no tenemos acceso hoy en día a la manera de cálculo. Eso nos ayudaría mucho para poder ayudarle a la gente”.
¿Hay posibilidad de que una persona a la que le cambiaron la clasificación pueda recuperar la anterior?
“Yo creo que parte de lo que está haciendo el Gobierno Nacional y de lo que hemos podido hablar con el director de Planeación es que van a volver a mirar el algoritmo. Tienen que revisar cómo se está haciendo.
Esto también puede tener implicaciones fiscales para los municipios que reciben ingresos en función de la cantidad de personas que están en vulnerabilidad o pobreza.
No solamente tiene implicaciones para los beneficiarios de los subsidios, sino también para los municipios y para el sistema de salud.
Nosotros estamos listos, inclusive, para sugerir metodologías de cálculo que permitan mantener un peso importante para las encuestas del Sisbén. Estamos trabajando intensamente con el Departamento Nacional de Planeación porque creemos que hay que ir hacia un mecanismo de focalización lo más justo posible.
También hay que hacer una salvedad: hemos oído durante mucho tiempo sobre la existencia de colados en los beneficios del Estado. Es importante que estos sistemas sean lo más justos posibles, de manera que personas que tengan activos o ingresos que no estén apareciendo en el Sisbén no reciban subsidios a los que no tendrían derecho.
Creo que ese trabajo también hay que hacerlo. El asunto es que no se hizo bien en esta ocasión”.
¿Diez meses son suficientes para corregir lo que haga falta antes de julio de 2027?
“Nos tenemos que adaptar a este tiempo. Hubiéramos querido un poco más, porque las consecuencias del terremoto del 10 de agosto son muy importantes e intensas y necesitamos darle estabilidad en términos de beneficios a las familias de esas zonas.
Pero desde la Gobernación de Antioquia, incluso antes de que el nuevo Gobierno hiciera este anuncio, ya veníamos trabajando para entender el impacto en programas del departamento como Arrullos, transferencias monetarias y las transferencias a adultos mayores mediante renta vitalicia.
También veníamos trabajando en programas de mejoramientos de vivienda para mujeres cabeza de familia. Sobre todo en esos cuatro programas ya trabajábamos para garantizar que nadie se quedara por fuera.
Por eso, desde el departamento de Antioquia hay total tranquilidad para los beneficiarios de los programas sociales que utilizamos con el Sisbén como mecanismo de focalización: mientras este gobierno esté, no van a perder esos beneficios”.
¿Qué pasará con las familias afectadas por el terremoto que ahora aparecen con otra clasificación?
“Tenemos un trabajo muy importante. Primero, garantizar que se mantenga la calificación que había antes del 31 de julio. Esa información la tenemos salvaguardada.
Una de las grandes razones de las reclamaciones ante el DNP era que a los beneficiarios solamente les aparecía la nueva categoría del RUI y no la anterior del Sisbén. Nosotros salvaguardamos esa información.
Luego cambiaron el sistema y empezaron a aparecer las dos. También estamos trabajando con el Departamento Nacional de Planeación para que la encuesta en territorio vuelva a tener un protagonismo central en la manera como se llega a la categoría.
Por esa vía podemos atender el registro de personas afectadas por el terremoto que tiene el Dagran.
Con esas bases de datos haríamos el cruce y, trabajando con las oficinas del Sisbén de los municipios y distritos, podemos asegurarnos de que las personas afectadas por el terremoto mantengan su categorización o tengan una nueva encuesta que permita conocer con claridad cómo quedaron sus condiciones de vida”.
¿Cómo está trabajando Planeación de Antioquia con los 123 municipios y los dos distritos?
“Tenemos una funcionaria permanentemente encargada del tema del Sisbén. Tenemos relación con los 123 municipios y los dos distritos, con los responsables de las oficinas del Sisbén de cada municipio.
Eso ha sido con Sisbén y ahora con RUI. Vamos a seguir manteniendo los grupos de trabajo con ellos, la presencia constante de nuestros funcionarios en el territorio para hacer pedagogía y una línea de atención exclusiva para los funcionarios del Sisbén de cada municipio y distrito.
También tenemos un correo electrónico y capacitación permanente con ellos. Eso lo vamos a mantener.
Lo que tenemos que trabajar de manera más intensa en estos meses es con el DNP: aportar, a partir de nuestra experiencia en territorio, mecanismos de recálculo de estas calificaciones que podrían ser más justos que los que dejó la metodología del Gobierno anterior. Ese es el trabajo que tenemos de aquí en adelante”.
¿Qué debería hacer una persona que tiene dudas sobre su clasificación?
Lo primero es ingresar siempre a la información oficial.
La información oficial está en la Ventanilla Social del DNP. Allí se puede hacer la consulta, las solicitudes y las reclamaciones.
Antes de que el Gobierno anunciara este nuevo periodo de transición, tuvimos casos en los que ciudadanos muy preocupados, y algunos muy agresivos, maltrataban a funcionarios del Sisbén en los municipios.
Nosotros hicimos pedagogía en medios regionales y en concejos municipales para explicar que no había que agredir a esos funcionarios porque ellos ya no tenían el control de lo que pasaba con esa información.
También tenemos un correo donde nos pueden escribir: sisben@antioquia.gov.co.
Pero el primer respondiente y responsable de este proceso es el DNP, a través de la Ventanilla Social. Allí los ciudadanos deben consultar y hacer las reclamaciones si consideran que se han lesionado sus derechos por una reclasificación que consideran injusta”.
Finalmente, ¿qué mensaje les da a las personas que hoy están preocupadas por perder sus beneficios?
“Reiteraría el mensaje de tranquilidad para los ciudadanos. Estamos trabajando para no afectar los servicios ni la recepción que ellos tienen de los subsidios.
También hago un llamado de atención: tengan mucho cuidado con prácticas de organizaciones ilegales que, por ejemplo, les pidan prestar las cédulas para recibir dinero.
Prestar la cédula puede generarles un ingreso en el corto plazo, pero después puede tener impactos en las calificaciones o clasificaciones del RUI y generar consecuencias sobre los beneficios sociales que tengan.
Hoy muchas más personas están bancarizadas, tienen acceso a monederos, billeteras virtuales o productos financieros, y eso es un avance importante para una sociedad. Pero también hay que tener cuidado porque personas inescrupulosas pueden aprovecharse de esa situación y después esas acciones pueden tener consecuencias en las clasificaciones”.
