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Red de préstamos ‘Gota a Gota’ seguía a sus víctimas con una app

Luis Ernesto Caicedo

La banda delincuencial delinquía en Barranquilla y tres municipios del Atlántico.

TOMADA DE:https://caracol.com.co/radio

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La DIJIN de la Policía propinó un duro golpe a los usureros en el norte del país.

Fueron capturadas 11 personas que pertenecerían a una red ilegal de préstamos, conocidos como ‘Gota a Gota’, que delinquía en Barranquilla y en los municipios de Galapa, Baranoa y Soledad, en el departamento de Atlántico.

Las autoridades le seguían la pista desde hace 3 años, con seguimientos e interceptaciones telefónicas, en donde se descubrió su modalidad criminal. Las principales víctimas eran personas vulnerables, a quienes les ofrecían exorbitantes cuotas de interés. Cuando incumplían con los pagos, ‘los cobradores’ los amenazaban de muerte.

Los investigadores de la DIJIN evidenciaron que los usureros creaban empresas fachadas de estaciones de servicio de combustible y adquirían bienes para dar apariencia de legalidad al dinero que había sido recaudado.

En función de la usura, esta estructura criminal habría creado un emporio económico con la capacidad de lavar más de 10 mil millones de pesos y recaudaba diariamente montos aproximados de 18 millones de pesos.

Lo más insólito del caso es que la red delincuencial creó su propia aplicación móvil llamada “COBROS WABR3”, para seguir a sus víctimas y hacer un balance en tiempo real de las actividades de recaudo y préstamo.

Durante la pandemia de la COVID-19, los delincuentes contaron con la participación de un ex funcionario público para tramitar licencias que acreditaban a los ‘cobradores’ como empleados y emprendedores de domicilios y tenederos de diferentes barrios.

La banda criminal era liderada por una pareja de esposos, llamados ‘Los Patrones’. Contaban con el apoyo de ‘Oscar’ para tramitar licencias de funcionamiento de los establecimientos de comercio y los permisos de movilidad de ‘los cobradores’.

La Policía Nacional calificó de histórica que las 11 personas capturadas, fueron judicializadas por primera vez por el delito de lavado de activos, a partir de la configuración de usura. También deben responder por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

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