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PUERTO RICO: “No ha lugar”: juez desestima demanda contra la construcción de un condohotel en la costa de Aguadilla

El proyecto Cliff Hotel & Country Club está ubicado en el terreno que colinda con la construcción ilegal sobre la cueva Las Golondrinas. (Jorge A Ramirez Portela)

PUERTO RICO:

Por David Cordero Mercado

El tribunal determinó que Salva Aguadilla, Inc. e Inversiones Vilmasor carecen de legitimación activa en el caso que planteó que The Cliff Corp. sometió información falsa para obtener permisos de construcción.

TOMADA DE: https://www.elnuevodia.com/

El juez superior Johnny Reyes Villanueva, del Tribunal de Aguadilla, declaró este martes “no ha lugar” la demanda presentada por Salva Aguadilla, Inc. e Inversiones Vilmasor en contra de The Cliff Corp., por presuntamente someter información falsa para obtener permisos conducentes a la construcción de un condohotel en el acantilado costero aguadillano.

“Surge meridianamente claro de la prueba presentada que Salva Aguadilla Inc. carece de legitimación activa”, concluyó el juez. “Si bien es cierto que el daño reclamado puede tratarse de consideraciones ambientales, no existe un nexo entre el interés de Salva Aguadilla y sus miembros de proteger el mogote, la creación, y las especies de flora y fauna que pudieron haberse encontrado en el área y, la acción radicada”, sostuvo.

La sentencia del juez plantea que cuando una asociación acude al tribunal en nombre de sus miembros, aunque esta no haya sufrido daños propios, para tener legitimación activa la asociación debe demostrar que: “(1) el miembro tiene legitimación activa para demandar a nombre propio; (2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización, y (3) la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual (de sus miembros)”.

Los dos permisos impugnados por la organización ambientalista y la corporación Inversiones Vilmasor LLC datan de 2021. Específicamente, según explicó de forma previa Miguel Sarriera, abogado de la parte demandante, se estaba objetando el permiso único incidental (PUI), emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), y un permiso de construcción, que otorgó el municipio, que permitía desarrollar desde las calles que conectarían las villas hasta la infraestructura de tuberías.

La demanda presentada el 28 de febrero se fundamentó en siete causas de acción, entre ellas, que The Cliff sometió información falsa para evitar tener que someter una declaración de impacto ambiental, que se invade la “zona de amortiguamiento” que debe proteger el acantilado contiguo, incumplimientos con los estudios de suelo, la disposición del material extraído de la corteza terrestre fuera del área designada, la invasión de la franja de separación de la zona marítimo terrestre, la falta de acceso a vías públicas y el bloqueo del acceso público a la costa.

“Aun cuando determináramos para propósitos argumentativos, que Salva Aguadilla Inc. y sus miembros cuentan con legitimación activa, estos no demostraron que la propiedad de la parte demandada cuenta con permisos que contienen información falsa, incorrecta o que hubiesen sido obtenidos mediando dolo o fraude”, concluyó Reyes Villanueva.

El juez también sostuvo que los testigos expertos presentados por los demandantes -el perito en vida silvestre José Luis Chabert, el ecólogo Ariel Lugo y el ingeniero Nelson Mattei-, “no lograron establecer con exactitud cuál era la información incorrecta o falsa ni en que consistió el dolo o fraude”.

“Es conocido que el dolo, al igual que el fraude, no se presume y debe ser probado. Ante la falta de prueba para sustentar las causas de acción presentadas, procede la desestimación”, planteó Reyes en la sentencia.

La demanda incluyó a The Cliff Corp. y la corporación Grupo Caribe LLC, ambas del desarrollador Carlos Román González, así como al arquitecto Jorge Oliver Piñeiro.

El pasado 28 de febrero, el mismo día que se radicó la demanda, la Oficina de Permisos del Municipio de Aguadilla otorgó el permiso de construcción final del proyecto descrito como un condohotel de 86 villas o “townhouses” de tres dormitorios cada una, para un total de 258 habitaciones. También se permitió construir una casa club de dos niveles con una piscina –según los planos–, así como el pórtico de entrada a la hospedería.

En entrevista previa con este medio, el alcalde Julio Roldán Concepción y otros funcionarios del ayuntamiento habían planteado que, al contar con todos los endosos correspondientes por parte de agencias del gobierno central, la emisión del permiso por parte del municipio se tornaba de carácter ministerial.

En junio pasado, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ordenó detener el proyecto condohotelero tras detectar fallas en el control de las aguas pluviales y de escorrentías, en violación de la Ley de Agua Limpia. En declaraciones a este medio el 8 de marzo, la EPA reiteró que la investigación continuaba y que The Cliff y Grupo Caribe no habían evidenciado el cumplimiento.

El Cliff Hotel & Country Club comparte la entrada con los predios que dan acceso al terreno sobre la cueva Las Golondrinas, en el barrio Borinquen de Aguadilla, sobre el cual la empresa Aguadilla Pier –también de Román González– construyó ilegalmente dos estructuras que eventualmente fueron demolidas por orden del tribunal.

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