Por primera vez militares aceptan cargos por ´falsos positivos´ ante la JEP, en el hecho está involucrado un general en retiro, 20 uniformados y un civil por la muerte de 247 jóvenes.
Por primera vez desde que se discute en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el asunto de los ´falsos positivos´, un grupo de militares reconocieron su responsabilidad en ellos, constituyendo un hecho sin precedentes, pues hasta ahora, varios de ellos, quienes se encontraban implicados, habían negado su participación.
Los falsos positivos componen una época oscura del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y fueron ejecuciones extrajudiciales de jóvenes que fueron hechos pasar ante los medios de comunicación y la ciudadanía en general como guerrilleros muertos en combates con la fuerza pública.
Un general en retiro, 20 uniformados y un civil reconocieron su responsabilidad ante la JEP en la muerte de 247 jóvenes inocentes presentados como guerrilleros y este órgano los imputó bajo los cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad.
Catalina Díaz, magistrada de la JEP, dijo que, tras conocerse la imputación de cargos a los militares y el civil, 22 de los 26 comparecientes reconocieron la verdad y responsabilidad en los crímenes.
Dentro del grupo de uniformados figura un oficial de alto rango, el general en retiro Paulino Coronado, antiguo comandante de la Brigada 30 del Ejército, quien expresó sentimientos de perdón por el dolor causado por los execrables actos cometidos, conllevando al deceso de seres inocentes que se presentaron como combatientes.
Luego de esto, la JEP enviará la aceptación de responsabilidad de estas personas al Ministerio Público para que este emita sus observaciones e inicie nuevas audiencias de reconocimiento de verdad y responsabilidad, para posteriormente emitir respectivas sentencias que no necesariamente son privativas de la libertad, pero sí reparativas con las víctimas.
El primer auto sobre falsos positivos en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander en la frontera con Venezuela emitido el 6 de julio de 2021, se imputaba a 10 militares y un civil por el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión.
En el segundo auto se imputaba a dos coroneles y 13 militares de otros rangos del Batallón La Popa, con sede en Valledupar en el departamento del Cesar, por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la zona norte del país, concretamente en la región Caribe, pero los dos altos rangos del Ejército imputados no aceptaron los cargos.
Eduardo Cifuentes, magistrado de la JEP, destacó el alto porcentaje de aceptación de los cargos, porque en estos dos autos la aceptación correspondió al 84%.
Patrones de macrocriminalidad fueron encontrados en los dos autos debido a alianzas del Ejército y grupos paramilitares.
Civiles inocentes, en su mayoría campesinos eran atraídos para ser asesinados y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, con esto se aumentaban las cifras de bajas y se obtenían incentivos y recompensas de sus superiores.
