NÉSTOR ALONSO LÓPEZ
Le contamos otras estrategias de la entidad para sanear su caja.
Aunque los pasajeros ya volvieron a montarse a sus vagones en cantidades similares al periodo previo a la pandemia por covid-19, las cuentas del Metro de Medellín todavía no cuadran del todo, por lo cual se buscan medidas que permitan aliviar la situación financiera de la entidad al tiempo que se sacan adelante los proyectos estratégicos.
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Este jueves 26 de enero, la empresa informó que por primera vez en su historia emitirá bonos sostenibles en el mercado de valores para financiar los proyectos estratégicos más relevantes que necesita la compañía de transporte en el mediano y el corto plazo.
Desde la empresa detallaron que el monto de dicha emisión será de $350.000 millones o el valor equivalente en la Unidad de Valor Real (UVR) vigente en la fecha de emisión. Asimismo, indicaron que esta es una estrategia para garantizar la sostenibilidad financiera, que fue consolidada a lo largo de dos años, durante los cuales se hicieron ajustes a los procesos internos y de gobierno corporativo de la compañía.
Los mencionados bonos equivalen a un mecanismo de financiación vía préstamo que le permite al Metro, como entidad emisora, recibir recursos por los cuales deberá pagar unos intereses periódicos y, posteriormente, pagar la totalidad de los recursos al final del plazo que se pacte.
O sea, se trata de una modalidad de crédito que no representa privatización, puesto que no implica un cambio accionario o de participación en las acciones para sus propietarios, Distrito y Gobernación, explicaron desde la empresa de transporte.
Un factor adicional a favor es la confianza que se demuestra en la calificación AAA de la Empresa Metro, que la hace atractiva para posibles inversionistas que quieran hacerse a deuda pública y le facilitaría obtener tasas de interés más competitivas.
Además, le permite a la empresa acceder al mercado de valores, que tiene una mayor cantidad de recursos con costos de financiación más bajos y plazos de pago más largos que los que hay en el mercado financiero tradicional. Esto permite tener cuotas más convenientes para pagar la deuda, acordes al flujo de caja de la empresa, señalaron desde la compañía.
“Los bonos tendrán cinco series y su valor nominal será de $1.000.000 con un plazo de vencimiento de entre uno y treinta años a partir de la fecha de emisión. El pago de capital e intereses se realizará en pesos y la tasa máxima de rentabilidad de los bonos para cada subserie será definida por el Ministerio de Hacienda”, detallaron desde la empresa.
Entre los proyectos que se esperan financiar con la emisión de los bonos están la modernización de trenes de primera generación, la accesibilidad universal para personas con discapacidad en las líneas A y B (que fueron construidas hace 27 años) y el impulso a los desarrollos de eficiencia energética que podrían contribuir a la reducción del consumo de energía.
No obstante, todavía no se conoce la fecha exacta en la que se dará la emisión de los bonos sostenibles porque esta dependerá de las condiciones ofrecidas por el mercado respecto a las tasas y plazos.
Otras cartas del Metro para sanear su caja
Entre otras estrategias para aliviar la situación financiera, el Metro le pidió al Gobierno Nacional el aplazamiento en el pago de la deuda del sistema masivo por tercer año consecutivo. Esa medida ya había sido aceptada y aplicada para los años 2021 y 2022 por el gobierno de Iván Duque, pero ahora hay expectativa frente a cuál va a ser la respuesta y las condiciones durante el nuevo periodo del presidente Gustavo Petro.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el gerente de la Empresa Metro, Tomás Elejalde, afirmó que hay buenas perspectivas, pues el año pasado y tras los empalmes con los alcaldes del país, el mismo Gobierno Nacional aceptó que se incluyera un artículo sobre el congelamiento de pagos en la Ley del Presupuesto General de la Nación que fue aprobada el 18 de octubre en el Congreso.
“La ley existe y esa es una decisión importante”, dijo Elejalde, quien señaló que faltan son los trámites burocráticos en las instancias que corresponda, como el Ministerio de Hacienda.
Así el Municipio de Medellín podrá contar con unos 50.000 millones de pesos del recaudo por sobretasa a la gasolina (10% sobre el precio por galón), que le quedan libres para trasladárselos a su vez al Metro con el fin de que los destine a la operación del sistema masivo. Y lo mismo podrán hacer los otros nueve municipios que conforman el Área Metropolitana.
“Esto no quiere decir que se esté rebajando o afectando el presupuesto de ningún municipio, porque es dinero que no pasa por su caja”, aclaró el gerente del Metro. Por su parte, la Gobernación también hizo petición para que le suspendan la obligatoriedad de transferir el monto correspondiente a la pignoración del 40% de la renta del tabaco.
En su momento, el entonces ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, indicó que en los dos años precedentes, el Metro dejó de recibir alrededor de $750.000 millones, por lo que desde un principio le pidió un salvavidas a sus socios y a la Nación.
A juzgar por lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, la luz verde frente a esta petición en el tercer año se espera para abril o la primera mitad de mayo.
Una tercera carta para obtener el punto de equilibrio financiero está también sobre la mesa y consiste en los $300.000 millones que reservó el Gobierno para redistribuir en 2023 entre los sistemas de transporte masivo de las distintas capitales que quedaron menguados por los aforos reducidos por vagón con que tuvieron que operar en la pandemia. Todavía no se ha revelado cuánto podría recibir el metro de Medellín por ese concepto.
Con esas medidas, el Metro considera que podrá devolver sus gastos operacionales al punto de equilibrio que perdió con la emergencia sanitaria, es decir que se puede auto sostener su operación, por lo menos en lo que respecta a los tres sistemas que dependen directamente de ella: metro, metrocable y tranvía. Sin embargo, la reposición de trenes y la modernización sí requieren de fuentes diferentes de financiación.
Por el contrario, el Metroplús depende de las transferencias que le haga el Distrito a través del Fondo para la Estabilidad Tarifaria para llenar la brecha entre lo que le cuesta operar, lo que, en total, significa un aporte de $70.000 millones al año.
El plan de accesibilidad, consistente en la instalación de rampas y reposición de ascensores para cumplir con la normatividad actual, cuesta alrededor de $100.000 millones y se suman a una cantidad entre los $160.000 millones y los $170.000 millones que se deben destinar para la reposición de vagones que resultan indispensable para atender las necesidades de la demanda en las líneas A y B del metro en los próximos dos o tres años. Ambos proyectos dependen de que se haga realidad la emisión de los bonos de deuda pública.
