El empresario Vives Caballero le causó la muerte de seis jóvenes en el sector de la Gaira, en Santa Marta, al atropellarlos en estado de embriaguez.
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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres integrantes de la Policía Metropolitana de Santa Marta por presuntas irregularidades en el traslado de Enrique Vives Caballero quien le causó la muerte de seis jóvenes en el sector de la Gaira, en Santa Marta, al atropellarlos en estado de embriaguez.
Los involucrados son: el intendente Julio Gaspar Hernández López; el intendente jefe, Alex Cruz PedrazaPedraza y el capitán,Billy Rubén Andrews Junco.
Los hechos:
Según el ente de control, el intendente Hernández López, como jefe turno del Centro de Traslado por Protección de la Policía Metropolitana de Santa Marta, habría permitido la salida del señor Vives Caballero a la Clínica Perfect Body, en un vehículo particular, sin que existiera una emergencia médica y sin autorización y/o comunicación del fiscal séptimo seccional URI a cuyas órdenes se encontraba luego de ser capturado en flagrancia tras el accidente de tránsito.
Según las pruebas obtenidas, el responsable de estos hechos fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía a las 02:30 de la mañana del 13 de septiembre de 2021. Por tanto, a partir de ese momento tenía la condición de indiciado y estaba a cargo de ese ente investigador.
La Procuraduría también cuestionó la conducta del uniformado Cruz Pedraza quien, como responsable superior de los reclusos de los Centros de Traslado por Protección, posiblemente no supervisó la salida del capturado.
Por otro lado, el Ministerio Público manifestó que, a pesar de que Vives Caballero conoció oportunamente la realización de la audiencia prevista para el 16 de septiembre de 2021 en la Clínica Perfect Body, el hoy condenado abandonó este centro médico y fue llevado a la fundación FUSAM donde los médicos legistas constataron su estado de salud, el cual no ameritaba compromiso grave que justificara el desconocimiento de los protocolos policiales.
Por este último traslado, la Procuraduría también formuló cargos al capitán Andrews, en su condición de comandante de la Subestación de Policía Gaira quien no habría cumplido con el “Protocolo para la aplicación de las medidas de traslado por protección” establecido en la Policía Nacional.
Las conductas reprochadas fueron calificadas provisionalmente como grave a título de dolo en el caso del intendente Hernández y como falta grave a título de culpa gravísima para los uniformados Cruz Pedraza y Andrews Junco.