Señalan que las víctimas podrían haber sido enterradas en los cementerios de San Javier y en los corregimientos.
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La Corporación Jurídica Libertad le solicitó a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas que amplíen la búsqueda de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 a por lo menos cuatro cementerios de Medellín
Adriana Arboleda, directora de la Corporación, señaló que le entregaron un plan a la JEP y a la Fiscalía para que amplíen su rango de búsqueda de personas desaparecidas durante la Operación Orión. Lo que dijo Arboleda es que tanto el alto tribunal como el ente fiscal deben comprender que las víctimas no solo fueron enterradas en La Escombrera, sino que los propios perpetradores de los crímenes trasladaron los cuerpos hasta varios cementerios, inhumados como cuerpos no identificados, en camposantos como el cementerio Universal, el cementerio de San Javier y de los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.
Arboleda recordó que aunque actualmente el Universal tiene medidas cautelares, hay que ampliar estas acciones en los demás cementerios mencionados, con el fin de preservar la evidencia y los restos de víctimas que podrían estar allí inhumadas.
Además, hizo un llamado de atención para que la JEP y los organismos involucrados vinculen de manera más efectiva a las familias víctimas, pues asegura que aunque se han recuperado restos, los procesos de identificación avanzan de manera lenta. Son más de 6.000 cuerpos recuperados, pero las labores de identificación no avanzan, sostuvo.
Cabe recordar que la JEP ordenó el pasado 27 de septiembre mantener el cerramiento y la prohibición de intervención de cualquier persona o el desarrollo de cualquier actividad en el sitio correspondiente al “polígono nuevo”, en La Escombrera, por los próximos 12 meses, esto con el fin de adelantar trabajos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín.
Además, le exigió a la Policía y a la Alcaldía, tomar todas las medidas necesarias para garantizar la conservación y el cerramiento del lugar.La JEP, además, citó al alcalde Daniel Quintero, y al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a una audiencia pública el próximo 4 de octubre.
En dicha audiencia, el alcalde Quintero tendrá que mostrar los resultados del informe de geotecnia que la Alcaldía debió haber entregado el pasado 21 de septiembre, así como la adaptación del plan de intervención a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y de la Unidad de Búsqueda, de acuerdo con los hallazgos del estudio. El alcalde además tendrá que especificar temas relativos a las áreas de trabajo que de acuerdo con el informe se requieren para la revisión de rellenos y su disposición temporal, para la ubicación del campamento, de las familias y de las organizaciones acompañantes.
Por su parte, el gobernador de Antioquia tendrá que dar a conocer su propuesta para el proceso de dignificación y memoria histórica para las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13.
La JEP sostiene que al menos 435 personas fueron víctimas de desaparición forzada entre 1978 y 2016, siendo el periodo entre el segundo semestre del 2002 y el primer semestre del 2003 donde más víctimas hubo de este delito: cerca de 126 personas en apenas un año. En ese periodo en la Comuna se llevaron a cabo incursiones militares como la Operación Orión y la Operación Mariscal, de las cuales hay múltiples denuncias sobre alianzas de las fuerzas del Estado con grupos paramilitares para cometer terribles violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada.