HEIDI TAMAYO ORTIZ
Hay polémica porque la Alcaldía anunció que seguirá operando el lugar, aunque ya fue vendido a un tercero.
TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/
El anuncio del alcalde de Medellín Daniel Quintero de mantener el control de la Clínica 80, que ya fue vendida a un privado por un valor de $96.500 millones, reviste visos de ilegalidad, tal como lo interpretó Felipe Negret Mosquera, agente liquidador de Saludcoop, hasta hace poco dueña del inmueble.
Por esa decisión el alcalde Daniel Quintero fue señalado de, supuestamente, buscar la expropiación de la Clínica de la 80, pues comunicó que el Municipio la seguirá operando bajo la figura de comodato (préstamo), aun cuando esta ya fue adquirida por la Clínica Vida, entidad sin ánimo de lucro que lleva 30 años atendiendo pacientes con cáncer y cuyo plan es instalar en su nueva sede un gran centro oncológico.
La pregunta es por qué la Alcaldía de Medellín querría obstaculizar un negocio ya cerrado, cuando debería estar materializando la entrega de la clínica al agente liquidador de Saludcoop, que se la prestó desde el 26 de marzo de 2020 tras firmar un contrato de comodato precario para que la ciudad aumentara la capacidad de la red de salud ante las emergencias ocasionadas por la pandemia.
Hoy, bajo la excusa de que la emergencia sanitaria en el país se extendió hasta el 30 de abril y que en algunos países se han presentado rebrotes de covid-19, la Alcaldía afirma que seguirá operando la clínica y prestando los servicios necesarios ante la pandemia, situación que no cuadra con las cifras de evolución del virus en la ciudad
Es más, la administración municipal indicó que “sigue trabajando en la adquisición de este inmueble para que siga prestando servicios a la ciudadanía con atención de carácter público”, un hecho extraño pues el lugar ya tiene otro dueño. De hecho, Ruth Mena, subsecretaría de Gestión de Servicios de Salud, reiteró ayer que están haciendo todos los esfuerzos administrativos para lograrlo: “Como funcionarios públicos y dado que se invirtieron recursos públicos, la Alcaldía de Medellín seguirá velando por la protección de esta inversión”.
Para Felipe Negret Mosquera, este hecho es tan increíble como contradictorio, y significaría un mensaje anticipado de expropiación, precedido de una “presunta retención ilegal de un bien ajeno”. Por ello, Saludcoop ejercerá todas las medidas judiciales correspondientes y solicitó el acompañamiento de órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría.
EL COLOMBIANO conoció la petición de Negret a ambas entidades: a la Contraloría le pidió control fiscal preventivo “frente a actuaciones unilaterales y arbitrarias desplegadas por el Municipio de Medellín” y a la Procuraduría, acompañamiento preventivo urgente por la misma razón. Todo, con el fin de lograr la restitución de la clínica, de forma organizada y pacífica, respetando el contrato.
¿Cuánto invirtió la Alcaldía?
Como lo ha informado EL COLOMBIANO en varias ocasiones, para poner la clínica en funcionamiento, tras recibirla en préstamo de parte de Saludcoop, la administración municipal invirtió $23.744 millones en adecuaciones locativas. Se ha dicho que unos $6.962 millones representan costos de bienes de infraestructura que no pueden sacarse y ahí podría radicar el temor de los funcionarios de haber incurrido en un presunto detrimento patrimonial.
Pero, según Quintero, no habría pérdidas de dinero. En febrero de este año, cuando se conoció que Clínica Vida compró la Clínica de la 80 (desembolsó $16.500 millones cuando suscribió la promesa de compraventa y los $80.000 millones restantes por medio de un crédito con Davivienda), el alcalde aseguró que con el pago por atención a los pacientes que hicieron las EPS al Hospital General de Medellín (que operó la clínica durante el comodato) se recuperó la totalidad de lo invertido.
No obstante, no ha presentado los estados de inversión versus las utilidades para demostrarlo y, con su último anuncio de no entregar aún la clínica genera dudas. Lo que se sabe es que allí fueron atendidos 6.154 pacientes, entre el 23 de julio de 2020 y el 31 de octubre de 2021, no todos por covid-19, y que el último usuario salió en noviembre del año pasado. Personal médico que trabajó allí aseguró que hoy el lugar sigue cerrado.
De cualquier forma, no sería coherente que hoy Quintero esté argumentando que seguirá operando el sitio para proteger los recursos públicos invertidos, pues desde que firmaron el contrato de comodato, las partes aceptaron que el dinero invertido por la administración en la adecuación de este espacio, mientras estuviera en préstamo, no sería reconocido por Saludcoop. Dicho de otra manera, es un principio legal que las inversiones pasan al propietario del bien y los $96.500 millones obtenidos por la venta, que ya Negret tiene en caja, serán destinados a pagarles a las clínicas y hospitales públicos y privados con los que la EPS en liquidación tiene deudas.
Más contradictorio aún es que la secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, envió una carta a Saludcoop, el 21 de febrero de este año, en la que dio por terminado el contrato de comodato, agradeció por el préstamo del lugar y solicitó que se analizara la posibilidad de incluir los bienes y equipos en los que invirtió la Alcaldía en la posible venta de la clínica.
“En caso de que no se contemple incluir dentro del valor de venta de la clínica en mención, los bienes y equipos que son propiedad del Municipio de Medellín, le solicitamos respetuosamente informarnos en aras de proceder con el retiro de estos para su disposición”, anotó la secretaria.
Tras comprar el inmueble, Francisco Lozano, gerente de Clínica Vida, informó que estaban evaluando la negociación de dichos equipos con la Alcaldía. Sin embargo, no fue posible establecer si la administración municipal le está pidiendo reconocer lo invertido en esas adecuaciones de infraestructura.
Negret también considera una falacia que la Alcaldía diga que como agente liquidador se negó a venderle la Clínica al Municipio, algo que fue el deseo y la promesa de Quintero desde que se la prestaron. Sin embargo, no es que no haya querido, sino que la ley no se lo permitió.
Según Negret, ninguna entidad pública podía hacer negocio con Saludcoop, pues tiene una sanción fiscal vigente. Y así se los comunicó en un oficio remitido el pasado 30 de diciembre, al alcalde Quintero y a sus secretarios de Hacienda y Privada.
Por el momento, los buenos términos en los que parecieron haber quedado la EPS en liquidación y el Municipio se fueron al piso. Y sorprende porque, afirmó Negret, en otros lugares del país, a gobernaciones y alcaldías se les prestaron clínicas para la atención en pandemia. Tampoco se las pudieron vender, pero estas ya fueron devueltas.