Los vacíos de la carpeta fiscal 87-2023 confirman que el caso Los Cuellos Blancos del Puerto fue utilizado para justificar actos de seguimiento y videovigilancia a periodistas del portal web Sudaca y el diario La República. Ese expediente no contiene nada relevante para las investigaciones, solo información para justificar el seguimiento de los periodistas.
Además, todo el contenido de la carpeta secreta también fue utilizado en las audiencias judiciales y el expediente 253-2022 contra el abogado José Luis Castillo Alva. No había necesidad pues de una nueva carpeta secreta para los abogados, con la misma información ya utilizada judicialmente.
Luego, el expediente da cuenta de que el 8 de mayo el coronel PNP Harvey Colchado cumple con entregar a la Fiscalía un único reporte de la vigilancia en abril a los abogados. A partir de allí no hay más informes, ni de los abogados ni de los periodistas.
Tampoco se encuentra un documento que indique cómo los policías supieron a quién debían vigilar de los muchos integrantes y personas relacionadas con la mencionada red de corrupción.
Dejando el barco
Lo que llama la atención es que dos días después de recibir ese informe, el fiscal Andy Rodríguez emite la disposición n° 2 consignando más información sobre los periodistas y el fiscal superior Reggis Oliver Chávez Sánchez respecto a investigaciones derivadas de la queja contra una fiscal adjunta que mencionan en la resolución de abril.
La inclusión de la información de Oliver Chávez, que también está en otros expedientes, le sirve al fiscal Rodríguez para desprenderse de la carpeta contra los periodistas. El 10 de mayo se inhibe de conocer el caso y se lo deriva a la fiscal Magaly Quiroz.
Un mes después, el 15 de julio, se va del equipo especial y todo el expediente sobre los periodistas queda en el abandono.
Antes de dejar la carpeta, Andy Rodríguez incluye información sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones, de otra carpeta secreta, que le sirve para afirmar que el periodista César Romero sería el titular del número 994 690 274.
El acta que utiliza Rodríguez para realizar esa afirmación no precisa a qué investigado se le levantó el secreto de las comunicaciones.
Por otro lado, en las audiencias judiciales del expediente 253-2022, la resolución de la Quinta Sala Penal Nacional de Apelaciones y las cartas aclaratorias de Andy Rodríguez se menciona que Romero sería titular de la línea 949 719 664. Por ningún lado aparece el acta o el documento que contenga la verificación de este segundo número.
Un mes después de inhibirse de la carpeta 87-2023, el fiscal Andy Rodríguez es rotado a las fiscalías de ciberdelincuencia de Lima. En su carta aclaratoria señala que este cambio fue intempestivo.
Sin embargo, la resolución de la Fiscalía de la Nación 1758-2023-MP-FN que dispone su traslado a las fiscalías de ciberdelincuencia cuenta otra historia.
En esa resolución se indica que Juan Flores Cáceres, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, solicita la creación de un nuevo despacho en las fiscalías corporativas de ciberdelincuencia de Lima y propone que en esa nueva plaza sea designado Andy Rodríguez.
Rodríguez permanece en Lima en un despacho recién creado. Recién el 5 de enero último, la Fiscalía dispone que se reincorpore a su despacho de origen en Arequipa. Los hechos no muestran un distanciamiento con Benavides.
Cinco meses de oscuridad
Del periodo en que la carpeta secreta 87-2023 estuvo en el despacho de la fiscal Magaly Quiroz, no hay absolutamente nada. La carpeta no parece haber existido. En todo caso, las decisiones que se tomaron o los posibles reportes policiales entre mayo y setiembre podrían estar en otra carpeta, a la que no hemos tenido acceso.
Así por ejemplo, en otro expediente también secreto aparece que recién el 28 de setiembre del 2023, un día antes que la exfiscal de la Nación Patricia Benavides diera por concluida su designación en el equipo especial, Magaly Quiroz dispone que la carpeta 87-2023 que le había remitido Andy Rodríguez el 11 de mayo se incluya en el expediente secreto ST-1-2023, que tiene como investigadas a la exfiscal Rocío Sánchez y cuatro policías.
Fuentes cercanas al despacho de Quiroz refieren que lo interesante de esa carpeta era la información sobre los fiscales que había incluido Rodríguez. Pero las quejas contra Reggis Oliver Chávez y Edith Delgado Vera aparecen en otros expedientes con mejor información.
El 21 de setiembre, el fiscal superior coordinador Jorge Díaz Cabello, que de acuerdo con nuestras fuentes estuvo muy interesado en el seguimiento de los periodistas, también se alejó del equipo especial por motivos personales. En su lugar, entró como coordinador Elmer Ríos Luque.
“Se verifica que el caso que es objeto de derivación al presente despacho fiscal trata sobre hechos respecto de los cuales se evidencia, “al menos de forma inicial en grado de sospecha simple, acciones por parte de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ en la búsqueda de información relevante de los casos tramitados en este despacho y, a su vez, tendría como propósito desestabilizar el equipo especial (…) a través de ataques en diversos medios de comunicación”, dice Quiroz en la disposición n° 4 de la carpeta secreta ST-1-2023, lo que repite el argumento de Andy Rodríguez.
Archivo
Pero Magaly Quiroz también se inhibe de ver el caso. Ese mismo 28 de setiembre dispone que la carpeta ST-1-2023, que ahora contiene en su interior la 87-2023, pase al tercer despacho del equipo especial, a cargo del fiscal Christian Alfaro Cáceres.
El 13 de octubre, al revisar la carpeta derivada, Alfaro advierte que la investigación secreta 87-2023 tenía el plazo vencido desde el 5 de agosto del 2023 y que había el peligro de afectar la libertad de información
Por lo cual, el 13 de octubre, el fiscal Christian Alfaro desacumula las carpetas, levanta el secreto de la investigación y el 23 de noviembre decide archivar todo y comunicar a los involucrados.
De todo lo cual se concluye que la carpeta 87-2023 cumplió otros objetivos no relacionados con la investigación a la red de corrupción judicial ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
De nuevo en manos de Quiroz
El procurador para casos de corrupción y ahora procurador general del Estado, Javier Pacheco, ha apelado la resolución de archivo y pide que se siga investigando a los periodistas para definir el rol que estarían cumpliendo dentro de la red ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, repitiendo la tesis del fiscal Andy Rodríguez.
El recurso de apelación presentado por Pacheco ahora deberá ser revisado por la fiscal superior coordinadora del equipo especial, cargo que ahora ocupa la doctora Magaly Quiroz. Anteriormente, ella tuvo este caso cuando era fiscal provincial, a cargo del segundo despacho del equipo especial.
Un acta del fiscal adjunto Max Castro da cuenta de que hay un levantamiento del secreto de las comunicaciones en otra carpeta secreta.
El 10 de mayo, Andy Rodríguez incluye información, pero se inhibe de seguir con el caso. Algo cambió luego del primer informe de la policía.
La Fiscalía señala dos números pertenecientes al periodista César Romero, pero solo hay el reporte de búsqueda en internet de un solo número.
El contenido de la carpeta que justificó el seguimiento a los periodistas
El 10 de mayo, dos días después de recibir el único informe policial, el fiscal Andy Rodríguez se retira.
La policía refiere que se les pidió vigilar a integrantes y personas relacionadas con la organización.
El único informe de seguimiento que aparece es el realizado a los abogados.
