Los contratos que soportan estos proyectos serán investigados por la Contraloría General de la República.
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Cuatro contratos ejecutados en la pasada administración de Copacabana, y que más adelante podrían ser revisados con lupa por la Contraloría General de la República —tras su traslado por su par en Antioquia— presentan una serie de irregularidades (como asignación a contratistas demandados, grandes adiciones y largas prórrogas) que podrían significar un detrimento patrimoniale por más de $11.000 millones.
Los contratos, que inicialmente fueron denunciados por el concejal Carlos Rincón ante el ente de control regional en junio de 2021, fueron firmados con el aval del exmandatario Óscar Restrepo Restrepo incluso a menos de 15 días de finalizar su mandato.
EL COLOMBIANO pudo establecer que actualmente el exalcalde Restrepo labora como uno de los siete contralores provinciales de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia de la Contraloría General de la República.
Los contratos
Los contratos que han motivado indagaciones preliminares por parte de los entes de control son el 407 de noviembre de 2017 para la construcción del Centro de Protección Social Benjamín Correa; el 440 de agosto de 2019 para la realización de obras de alcantarillado de la vereda Zarzál Curazao; el 553 de diciembre de 2019 para el alcantarillado de la vereda Cabuyal; y el 087 de 2020 para la construcción de una torre de parqueaderos en el hospital local (Ver recuadros).
El primero de los contratos es el 407 de noviembre de 2017 por valor inicial de más de $5.104 millones que habrían sido aportados por el Departamento de Prosperidad Social DPS y cuya finalidad era la construcción del Centro de Protección Social Benjamín Correa Fernández en 10 meses a partir del 28 de septiembre de 2018.
Dicha obra tuvo dos suspensiones en las que se paralizó su avance por más más de nueve meses, y aún así se le adicionaron cerca de $994 millones. No obstante, pese a haber recibido un anticipo del 30% (equivalente a cerca de $1.531 millones), según el concejal la obra solo ha llegado en estos tres años a un 20,8%, por lo que los 33 adultos mayores que se beneficiarían de ella siguen en la sede del antiguo hospital de Copacabana.
El segundo contrato es el 440 de 2019 del 15 de agosto. Con este contrato —por valor superior a $1.887 millones de los cuales $1,014 millones provenían de Corantioquia— se construirían los colectores de aguas residuales domésticas y se realizarían las obras complementarias del alcantarillado de la vereda Zarzál Curazao en cinco meses que se cumplirían el 16 de enero de 2020.
Este contrato tuvo tres prórrogas que terminaron doblando el tiempo de construcción; así como una adición de casi la mitad de su valor. Según la denuncia de Rincón, pese a estar en el 85% de su construcción, un problema en sus diseños previos no permitiría que el alcantarillado se pueda unir a la red principal de EPM lo que lo dejaría inoperativo, tal como estaría sucediendo actualmente.
El tercer contrato es el 087 de 2020, con el que se buscaba realizar la construcción de la segunda etapa de la torre de parqueaderos en el lote aledaño al hospital Santa Margarita. La obra tendría un costo de más de $1.274 millones e iniciaría el 21 de julio de 2020 y finalizaría cinco meses después.
Al igual que en los casos anteriores, esta obra tuvo dos prórrogas que estiraron su fecha de finalización hasta un año después del plazo límite, así como una adición de $330 millones, su cuarta parte. Sin embargo, este contrato tendría un componente delicado ya que según los hallazgos preliminares de la Contraloría de Antioquia la obra está suspendida por dos motivos (lo que para la entidad la podría convertir en un elefante blanco) siendo el más grave que para su construcción se usaron recursos para infraestructura de salud cuando este edificio es equipamiento urbano.
El último contrato es el 553 de 2019 cuyo objeto fue la construcción e instalación de puntos para toma de muestras de agua potable en acueductos rurales, la reparación de redes de alcantarillado en la vereda Alvarado y el mantenimiento y la adecuación del sistema séptico colectivo de un sector de la vereda Cabuyal, tareas tasadas en $349 millones.
El contrato tenía como fecha de inicio el 5 de diciembre de 2019 y se realizaría por 60 días, no obstante, obtuvo cinco prórrogas equivalentes a más de tres veces su duración inicial. La Contraloría indicó que en 2014 se había ordenado la reparación y /o reconstrucción del alcantarillado de la vereda Alvarado por $872 millones a través del contrato 271, el cual tenía una poliza que amparaba la calidad y estabilidad de la obra hasta el 22 de diciembre de 2019.
El 12 de julio de 2019 EPM avisó a la alcaldía de deficiencias en la construcción contratada en 2014, por lo que la alcaldía abrió el proceso licitatorio para el contrato 553 con recursos propios, en vez de hacer efectiva la póliza que aún tenía tres meses de vigencia.
Por ello, la Contraloría de Antioquia indicó en un informe preliminar que se presume una gestión fiscal antieconómica, ineficaz e ineficiente e inoportuna por parte de quienes participaron en la justificación y en la contrataciónde las obras de las redes del sector Alvarado. Además la obra no se ha entregado oficialmente pues el contratista no ha pagado una deuda con la JAL por más de $11 millones.
Cosas en común
Aparte de las extensas prórrogas y las grandes adiciones, al analizar en la plataforma de contratación pública SECOP los contratos denunciados por el concejal Rincón y analizados por la Contraloría, otro elemento notorio llama la atención: estos fueron asignados a consorcios conformados por firmas manejadas por las dos mismas personas: Edgar Alonso Zapata Arango y Adriana María Posada Tabares, que resultaron elegidos pese a las irregularidades y demoras en obras previas.
Por ejemplo, el contrato 407, lo ejecutó el Consorcio Copacabana 2017, conformado por la persona natural Edgar Alonso Zapata Arango; EAZA ingeniería SAS, representada por el mismo Zapata; y AMPT ingeniería SAS, representada por Posada Tabares. Todas las empresas domiciliadas en el mismo piso del edificio Primer Plano en Guayabal.
El contrato 440 de 2019 lo realizó un consorcio conformado por la empresa Civilmaz Ingeniería SAS, cuya representante legal es Posada Tabares; Rodanissi SAS (domiciliada también en la misma oficina de Primer Plano), y 7G7 SAS.
Para el contrato 553 de 2019 se conformó el Consorcio Muestreos Copacabana conformado por Civilmaz Ingeniería SAS, EAZA SAS, y Rodanissi SAS. Y para el contrato 087 de 2020, se encargó su ejecución al Consorcio Parqueaderos integrado por Civilmaz Ingeniería SAS, Rodanissi SAS y EAZA SAS.
Causa curiosidad que los contratos —pese a tener diferentes fechas y que los implicados tienen varios procesos ejecutivos pendientes ante la justicia— le fueran aprobados a estas firmas en Copacabana aún cuando en ese municipio ya estaba atrasado en otras obras.
Por ejemplo, al buscar el nombre de Zapata Arango en las bases de datos de la Rama Judicial, le aparecen más de 30 registros como demandado, mientras que a Posada Tabares le registran seis.
Restrepo responde
El exalcalde y hoy contralor provincial Óscar Restrepo respondió a las preguntas de EL COLOMBIANO. Inicialmente negó cualquier tipo de relación con Zapata y Posada.
Al preguntársele el porqué se seguía eligiendo a los consorcios conformados por tan cuestionados contratistas para realizar obras —pese a las demandas por incumplimiento desde 2010 y que ya había quedado mal entre 2018 y 2019 con el Centro del Adulto Mayor—; Restrepo señaló que, por ley, tanto él como el área jurídica de su administración y su Comité de Contratación de Infraestructura estaban obligados a dejarlos participar en los procesos licitatorios.
“Como responsables de la administración y la contratación pública estamos sujetos a las normtivas que rigen el tema como la Ley 80 de 1993 o la Ley 1150 de 2007. También debemos garantizar el debido proceso y la pluralidad de los oferentes. Estas empresas cuando se presentaron cumplían las condiciones exigidas por la ley y por ende no había inconveniente en que se postularan o en que se aprobara su designación si salían favorecidas en la licitación. Obviamente, investigaciones en Colombia tiene todo el mundo y más los que trabajamos en el sector público, y tener investigaciones no significa estar condenado ni muchos menos”, explicó.
Al indagársele sobre el porqué de las parálisis de las obras desde hace tanto tiempo, Restrepo indicó que esa pregunta debería responderla la adminitración actual al igual del destino de otras obras importantes como el Comando de Policía de Copacabana y tres gimnasios al aire libre que, según él, tenían todo listo para empezar.
“Trabajamos hasta el 31 de diciembre de 2019. Estuvimos al frente de las obras porque nos interesaba que se pusieran al servicio de la comunidad. Tenemos un informe de empalme en el que no tuvimos ningún reparo de las 20 obras que dejamos hasta ese momento, ya fuera para iniciar o en construcción. El alcalde actual tenía tres meses para objetar algún tema y nunca lo hizo. Yo tengo el informe de empalme recibido a satisfacción. Ahora esas obras no se han terminado, ¿por qué?”, agregó.
Restrepo indicó que actualmente no ha sido notificado por ningún ente de control, aunque sabe que hay denuncias de la comunidad y de figuras, como Rincón, preocupados por el abandono de las obras. También confirmó que es posible que, de ser enviadas a la Contraloría de la República, las denuncias lleguen a su dependencia, sin embargo dio garantías que de suceder esto se marginaría del caso.
“Que la gente tenga la tranquilidad de que yo estaré marginado 100% de cualquier decisión que tenga que tomar frente a las denuncias o reclamos de la comunidad sobre esos temas y sobre otros que tengan que ver con Copacabana. Aedmás estaría impedido, me toca hacer como en el ‘Central Park’, caso para el cual también me declaré impedido”.
De otro lado EL COLOMBIANO se contactó con Zapata en uno de los teléfonos de una de sus empresas, pero aunque recibió la solicitud de este diario, no la respondió. Caso similar ocurrió con la Alcaldía de Copacabana, pues pese a que se le dejaron varios mensajes al teléfono del vocero designado para el tema, no se obtuvo respuesta, ya que estaba por fuera de la ciudad.
Por ahora, según trascendió, las denuncias del concejal también serían trasladadas desde la Contraloría de Antioquia a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de la Nación.
30 registros por demandas tiene uno de los contratistas en la Rama Judicial
CONTEXTO DE LA NOTICIA
CONTRATO 407 DE 2017 PARA CENTRO DEL ADULTO MAYOR
Su valor inicial fue de $5.104 millones aportados por Prosperidad Social. Se haría en 10 meses desde el 28 de septiembre de 2018. Tiene el 20% de ejecución. Tuvo dos suspensiones y una adición de $994 millones.
CONTRATO 440 DE 2019 DE ALCANTARILLADO VEREDAL
CONTRATO ALCANTARILLADO DE CABUYAL, RETRASADO
PARQUEADERO DEL HOSPITAL, CON ADICIÓN
