MÉXICO:
Exteriores confirma que al menos una mexicana fue sometida a una operación ginecológica sin su consentimiento y siete más fueron pacientes del doctor acusado de practicar histerectomías forzadas.
Una migrante mexicana fue sometida a una operación ginecológica sin su consentimiento mientras estuvo detenida en el Centro de Detención de Irwin (en Georgia, Estados Unidos), según ha confirmado el Gobierno mexicano en un comunicado este lunes por la tarde. La Secretaría de Exteriores investiga desde el pasado 14 de septiembre cuántas migrantes mexicanas pudieron haber estado involucradas en el escándalo de las extirpaciones de úteros practicadas presuntamente en esa institución. De momento, ninguna de las 18 encuestadas fue sometida a una histerectomía, pero fuentes de la Secretaría confirman a EL PAÍS que las quejas de las internas apuntan a patrones de negligencias médicas contra hispanohablantes. Y que la muestra es todavía pequeña.
La investigación del Gobierno mexicano comenzó después de la denuncia que hizo una extrabajadora del centro, la auxiliar de enfermería Dawn Wooten el 14 de septiembre y que recogieron algunas ONG como Project South, Georgia Detention Watch y la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos. En su queja pública, Wooten aseguró que el Centro de Detención del condado de Irwin practicó histerectomías masivas a migrantes de diferentes países de América Latina y apuntó hacia un ginecólogo de la institución a quien señaló como el “coleccionista de úteros”, el doctor Mahendra Amin. “Toda la gente a la que ve tiene una histerectomía; prácticamente todo el mundo”, añadió Wooten. La enfermera señaló también que algunas víctimas le habían contado que no habían entendido del todo por qué debían someterse a la operación en la que se remueve parcial o totalmente el útero. La Cancillería mexicana destaca que al menos siete de las entrevistadas fueron pacientes de Amin.
El caso más grave que revela la Secretaría es el de una mexicana — todavía interna en ese centro— que fue sometida a una operación ginecológica sin su consentimiento y, aunque no especifican si se trató de un procedimiento de esterilización o no, aseguran que no fue una histerectomía. “El expediente médico proporcionado por ICE [Servicio de Control de Inmigración y Aduanas] no incluye documentación que sustente el consentimiento de la connacional para dicha intervención quirúrgica”, concluye el comunicado. Además, fuentes de la Secretaría señalan otro caso, de una mexicana deportada que fue sometida a otra intervención ginecológica en ese mismo centro, aunque no especifican si hubo o no consentimiento.
El caso de la migrante mexicana se suma a otras víctimas latinoamericanas de ese mismo lugar. Mileidy Cardentey Fernández, de Cuba, relató a la agencia estadounidense de noticias Associated Press cómo fue intervenida quirúrgicamente sin su permiso en agosto. Se le dijo que tenía que someterse a una operación para tratarle quistes en los ovarios, pero más de un mes después, sigue sin estar segura del procedimiento que se le realizó. Después de solicitar sus registros médicos en repetidas ocasiones para averiguarlo, el Centro de Detención del condado Irwin le entregó más de 100 páginas en las que se detalla el diagnóstico de quistes, pero nada sobre el día de la cirugía.
Este sábado, un grupo de congresistas de Estados Unidos visitó el centro para conocer de primera mano las condiciones en las que viven las migrantes y entrevistarlas sobre las denuncias. La congresista por California, Nanette Díaz Barragán, cuenta en una entrevista a este diario que habló con unas ocho mujeres, pero especialmente recuerda el testimonio de una víctima de El Salvador. “En marzo le dijeron que fuera al ginecólogo porque tenía dolor en su área vaginal. Acudió con el doctor Amin. Y le recetó unas inyecciones que no sabía para qué eran, tampoco dio su OK. Se trataba de Depo-Provera, una inyección anticonceptiva. Se la pusieron en marzo y después de unos días, sentía mucho dolor, se doblaba, y empezó a sangrar… Estuvo sangrando 42 días. Pidió una segunda opinión y la enviaron a Psiquiatría”, cuenta Díaz Barragán desde el otro lado del teléfono. “Las mujeres ni saben lo que les están haciendo. No están dando el consentimiento”, añade la congresista.
Tanto Díaz como sus colegas relataron este fin de semana la desesperación de decenas de mujeres internas que denunciaron tratos vejatorios dentro de la institución. Algunas les recriminaron haber llegado “demasiado tarde”. Y otras, como a Díaz Barragán, le entregaron cartas que rezaban: “Ustedes no saben todo lo que hemos sufrido. Alguien debe responder por esto”.
“Desde luego es algo inaceptable que rechazamos de antemano”, apuntó la semana pasada el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre el caso de las histerectomías. E informó de que su equipo, de la mano de la oficina consular de Atlanta, se encontraba investigando la magnitud del que, de confirmarse, sería uno de los mayores abusos a migrantes cometidos durante la Administración de Donald Trump.
Tras el escándalo de la denuncia de Wooten, los demócratas se sumaron las acusaciones después de que en los últimos tres años han condenado duramente el trato que brinda el Gobierno de Trump a los inmigrantes, incluyendo la separación de familias y la detención de niños en la frontera. “De ser ciertas, las deplorables condiciones que se describen en la queja de la denunciante — incluyendo las acusaciones de que se les están practicando histerectomías masivas a mujeres inmigrantes vulnerables — serían un abuso impactante contra los derechos humanos”, expresó la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado.
