La empresa también denunció que hay empresas que roban agua de las redes públicas para optimizar procesos comerciales, lo que genera un encarecimiento del servicio.
Por cuenta del incremento de asentamientos informales en las laderas y algunas partes centrales del Valle de Aburrá, EPM denunció que se han perdido 117 millones de metros cúbicos de agua potable por parte de las conexiones ilegales que se han hecho para abastecer a 40.000 viviendas irregulares construidas en estas invasiones.
La situación denunciada por EPM es grave por varios factores. Primero porque dicho abastecimiento no le genera rentas a la empresa de servicios públicos y en cambio le deja millonarios recursos a estructuras criminales. Pero, además, representa el 35,8% del volumen de agua que se suministra anualmente en toda la región metropolitana y parte del Oriente antioqueño.
Esta problemática se concentra en Medellín, Bello e Itagüí, donde por la expansión territorial y demográfica ha crecido a ritmo acelerado por cuenta, en gran medida, de construcciones irregulares.
Solo en Medellín, de acuerdo con la Alcaldía, existen 65 puntos puntos críticos de asentamientos irregulares, en los cuales 31 estructuras delincuenciales se encargan de organizar los predios y ellos mismos los abastecen de servicios públicos básicos, todo a cambio de una renta mensual que se le debe pagar a estas personas para poder contar con el servicio, a riesgo de que no solo dejen de recibir, en este caso, el líquido vital, sino que acaben desplazados de sus propiedades.
Sectores como Nueva Jerusalén y Granizal, en Bello; las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique) y 7 (Robledo), además de los corregimientos San Cristóbal y Santa Elena en Medellín, y las ocho veredas del corregimiento El Manzanillo en Itagüí, son los que presentan mayores problemas con el suministro irregular de agua, la cual es extraída de nacimiento sin las mínimas condiciones de salubridad o para conseguirla los ilegales pegan una maraña de redes a las tuberías para hacer conexiones, causando en muchos casos fugas que perjudican el suministro tanto a quienes la sustraen irregularmente como a quienes pagan a EPM por tenerla de manera legal.
Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Aguas y Saneamiento de EPM, explicó que “una persona que se conecta de manera fraudulenta, daña la infraestructura para hacer la conexión. Entonces puede que el agua que se esté consumiendo, si es una vivienda y sean unos 29 metros cúbicos, tenga un costo de $60.000, por decir algo, pero el daño que produjo en la infraestructura vale 3 millones de pesos, valor que va cargado a la tarifa de todos los usuarios”.
Estos 29 metros cúbicos son el consumo regular que puede tener una vivienda ubicada en un asentamiento que esté haciendo uso del agua de EPM sin pagar por ella, una cifra que está 2,5 veces más alto que lo usado por las personas que están dentro de las zonas residenciales y reciben el servicio completamente legal.
Una de las situaciones donde más se evidenció este fenómeno ocurrió en Bello, donde por cuenta del asentamiento de Nueva Jerusalén, que actualmente llega a los 29.000 habitantes, según la Defensoría del Pueblo, se debió hacer toda una modernización de la red de tuberías y bombeo para no afectar el suministro, principalmente, del barrio París, quienes estaban viendo disminuida la cantidad de agua que salía de sus griferías.
“Nueva Jerusalén nos obligó a adelantar una inversión del orden de unos $15.000 millones para poder habilitar que el usuario formal mantuviera el estándar de servicio y dejar un agua para estas comunidades”, explicó el funcionario de EPM sobre este sector, en el cual, de acuerdo con los informes de inteligencia, se estaría cobrando $25.000 para suministrar el líquido a las viviendas, sin garantizar la calidad del servicio, un valor que contrasta con el costo de EPM, que para un estrato 4 está en $6.000 el metro cúbico consumido.
Empresas infractoras
Dentro de esta problemática, desde EPM también informaron que además de situaciones registradas en las laderas de Medellín, Bello e Itagüí, también se han presentado situaciones en el sector empresarial, tanto en grandes como en medianas y pequeñas industrias, en las cuales hay alteraciones de las redes para evitar el pago del servicio de agua, buscando una mayor rentabilidad.
De acuerdo con el vicepresidente Ochoa, en totalidad se inició proceso con 15 empresas en todo el Valle de Aburrá que han cometido estas irregularidades, con intervención de otras autoridades, por temas relacionados con el delito de defraudación de fluidos. “Sin embargo, muchos de estos procesos acaban en una conciliación para responder por los perjuicios generados por estas situaciones”, expresó el funcionario.
Toda esta situación genera impactos relevantes sobre las fuentes hídricas de la ciudad, ya que se incrementa el consumo general, provocando que estos embalses y los tanques se desocupen más rápido de lo presupuestado, generando algunos riesgos de desabastecimientos cuando se presentan épocas de menos lluvias, tal como lo explicó Luisa María Pérez, gerente de Gestión Integral de Sistemas Aguas EPM.
“Tener un mayor volumen de agua no facturada nos representa a nosotros una mayor atención de daños, de situaciones de fraude y demás que obligan a una mayor aplicación de recursos para atender todas estas situaciones. Recursos que finalmente van a reflejarse en la tarifa que pagamos todos los usuarios”, explicó Pérez.
Para controlar las pérdidas que se originan por estas conexiones irregulares, EPM cuenta con varias estrategias, las cuales pasan por la atención de daños y revisión de las redes con audiometría, para buscar en las profundidades las primeras fugas para hacer las intervenciones preventivas, además del programa de gestión social que se realizan con las comunidades para que denuncien las interceptaciones irregulares.
Las denuncias para evitar que se continúen presentando estos casos de defraudación de la prestación de servicios públicos se pueden hacer en la línea 123 o al 604 4444141, la línea de EPM, con el fin de reportar estos hechos y que la empresa realice la pronta intervención con el fin de que con las nuevas invasiones que se vayan generando se aumente el robo del agua potable y con ello esta comience a escasear.