JACOBO BETANCUR PELÁEZ
Mientras caminaba por la avenida El Poblado, cerca al centro comercial San Fernando Plaza, una pareja de hombres armados se abalanzó sobre David Pérez para quitarle su celular y el computador portátil.
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Bajo la oscuridad de la noche y en cuestión de segundos, este líder juvenil pasó de estar conversando con uno de sus amigos a quedar atrapado en medio de un confuso forcejeo, lleno de golpes y gritos.
“Cuando el parrillero saltó de la moto me tumbó contra un muro y me empezó a pegar. Yo nunca en mi vida he peleado y no sabía qué era recibir un puño en la cara o el cuello”, reconstruye Pérez, recordando que, mientras lo atacaban, uno de los hombres comenzó a gritar.
“¡Que nos entregués el celular y el computador o te matamos!”, advirtió uno de los atacantes, quien a un par de metros de distancia desenfundó una pistola y amenazó con dispararle.
Temiendo lo peor, David recuerda que entregó ambos dispositivos, no sin antes recibir otro golpe y más amenazas, mientras sus atacantes regresaron a la vía y emprendieron la huida.
Aunque podría tratarse de un atraco callejero común, similar a los cerca de 14.435 que según los datos de la Secretaría de Seguridad se han reportado en la ciudad entre enero y septiembre de este año, el caso de David fue muy diferente.
Por tener su billetera y otros objetos de valor intactos, durante el registro de la denuncia, las autoridades vieron altamente probable que aquel episodio estuviera ligado con su participación en las manifestaciones ciudadanas del Paro Nacional que vivió con fuerza el país entre mayo y junio de este año.
Según reconstruye Pérez, todo comenzó el pasado 4 de junio, cuando su nombre apareció en un panfleto firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, junto a profesores y estudiantes de la Universidad Eafit.
Tildándolos de comunistas, esa organización criminal (junto a otros grupos como Las Águilas Negras o el Comité Anticomunista de Antioquia) amenazó con atentar contra su vida por su liderazgo en algunos de los eventos ciudadanos de las jornada de protesta nacional, entre los que se incluye un concierto cultural en Punto Cero, acciones simbólicas y espacios académicos junto a estudiantes de Eafit.
Tal como lo contó esa misma universidad durante esos días, tan pronto llegaron las amenazas ésta activó un protocolo con un equipo jurídico y psicosocial, buscando proteger y rodear a los estudiantes, profesores y demás líderes amenazados.
En el caso de Pérez, las intimidaciones llegaron después de más de tres años de activismo, asociado a organizaciones como No Matarás, Lunes de Ciudad, El Derecho a No Obedecer y la Alianza Pa’ Dónde Vamos.
Aunque luego de aquel primer panfleto Pérez acudió a las autoridades, narra que este solo sería el comienzo de una cadena de más amenazas, seguimientos y finalmente el ataque en la avenida El Poblado, que sufrió el pasado 31 de agosto.
Personas en la calle que lo siguen y le toman fotografías, hasta llamadas amenazantes en donde se escuchan disparos o piezas fúnebres como el Réquiem de Mozart comenzaron a hacerse más frecuentes con el paso de los días.
Por esta razón, y tras activar protocolos con varias instituciones del orden local y nacional, Pérez decidió abandonar la ciudad para proteger su vida.
Sin embargo, reprocha que tras más de cuatro meses de zozobra aún no logra recibir protección de ninguna de ellas, al igual que sus demás compañeros amenazados.
“Las autoridades han estado muy reacias a generar acciones coordinadas”, denuncia Pérez, añadiendo que aún no ha recibido respuesta frente a la viabilidad de tener algún esquema o apoyo por parte del Estado para protegerse, por lo que decidió irse de Medellín, dejando atrás muchos de sus planes y proyectos de vida.
Pese a estar preocupado por el riesgo, el líder juvenil dice que decidió hacer su situación pública, para que las instituciones se tomen en serio su protección y la de sus compañeros, que desde junio pasado han preferido mantenerse en el anonimato temiendo represalias.
El caso de Pérez hace parte de un conjunto de amenazas e intimidaciones que desde mediados de este año varios centros educativos y organizaciones ciudadanas han denunciado en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional.
En junio pasado, la Universidad Eafit denunció que varios de sus profesores y estudiantes habían recibido intimidaciones.
“Rechazamos categóricamente las amenazas a integrantes de nuestra comunidad universitaria y personas cercanas a nuestra Institución, y solicitamos celeridad a las autoridades en cuyas manos ya se encuentran las respectivas denuncias que como Universidad hemos realizado”, expresó esa institución en un comunicado, difundido el pasado 17 de junio.
“Ya hago esto público para visibilizar que los liderazgos juveniles están muy expuestos y para hacer un llamado a las autoridades para que los protejan y pongan fin a esa desarticulación”, señala, agregando que en total son al menos 12 estudiantes y tres profesores los que atraviesan por una situación idéntica.