Recientemente las entidades accionadas en la Sentencia T-302 de 2017 divulgaron y celebraron que en La Guajira la muerte por desnutrición se redujo en un 45% en el primer trimestre del 2024.
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Esta información tiene como base lo consignado en el boletín epidemiológico expedido por el Instituto Nacional de Salud (INS) de la semana No 14, donde se confirma mediante procedimientos clínicos y de laboratorios la muerte de 10 menores de 5 años, resultados que fueron comparados con lo sucedido durante el primer trimestre de 2023.
En el mismo informe se reportan 691 menores de cinco años con desnutrición aguda confirmada por vía clínica, lo que supera lo ocurrido en el 2023 en 75%. ¿Qué hechos especiales se han presentado en La Guajira para que la muerte por desnutrición se desacelere, cuando la incidencia de la desnutrición está en pleno crecimiento?, ¿el contexto está tan bueno como para cantar victoria y sacar pecho?, ¿hay motivos para alabar las acciones de las instituciones y festejar el inicio del fin de la desnutrición?
Lo cierto es que nada especial ha ocurrido en La Guajira más allá de los cambios en los gobiernos territoriales, lo que ha llevado a la demora en la apertura del presupuesto del 2024, por lo tanto, los procesos de contratación de personal aún no culminan, limitando la conformación de las brigadas de la Gobernación y del Icbf dedicadas a la búsqueda activa de los niños en condiciones de desnutrición en la Alta y Media Guajira.
La dinámica que se traía del 2023 se perdió durante el primer trimestre del 2024, constituyéndose en la razón principal para la reducción abrupta de la notificación de muerte de menores de cinco años, lo que remite a la existencia de un alto subregistro de casos de muertes. Es decir, que el número de niños muertos que alcanzan a ser reportados en el informe semanal del Instituto Nacional de Salud, son los que logran acceder a la red de servicios médicos a iniciativa de sus familiares que los llevan hasta los centros urbanos.
Al finalizar el 2023 los programas más relevantes de acceso al agua y nutrición se desactivaron. La distribución de agua por carrotanques y entrega de recipientes de almacenamiento terminaron en medio del escándalo de la compra irregular denunciado por la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, equipos y suministros que se encuentran parqueados y depositados en guarniciones militares de Uribia y Riohacha.
Por otro lado, el servicio de agua a través de los 17 proyectos de pilas públicas bajo la responsabilidad de Esepgua en donde se invirtieron cerca de $124 mil millones no ha entrado en funcionamiento. Solo se encuentran activas las pilas proveedoras de agua de Sararao y Amaripa en el municipio de Maicao, construidas bajo la estrategia de obras por impuestos.
El servicio de atención a la primera infancia por parte del Instituto de Bienestar Familiar se encuentra en reestructuración y en el primer trimestre solo se implementó un pilotaje dejando sin cobertura a más de 70 mil niños que durante el 2023 fueron atendidos a través de las desaparecidas Unidades Comunitarias de Atención bajo modalidad propia, UCAs. Igualmente, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y las ollas comunitarias comenzaron a operar con traumatismos durante la parte intermedia de abril.
Los programas, obras y acciones del Plan Provisional de Acción para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017 aprobado parcialmente por la Corte Constitucional aún no arrancan, ya que el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública (Mesepp) no se ha reunido y no ha podido coordinar su operacionalización, lo que se hará efectivo en mayo, comité que se encuentra convocado a instancia de la Gobernación de La Guajira y la Consejería Presidencial para las Regiones.
Así las cosas, no existen razones objetivas para sacar pecho por la disminución de la muerte de niños. En esta problemática hay mucho por hacer para cambiar estructuralmente el escenario por la muerte prevenible de nuevos niños debido a la desnutrición. Cantar victoria y divulgar que se va por buen camino es negar el actual contexto y ocultar las falencias que tienen las entidades del Gobierno en su articulación para incidir en el nivel de inseguridad alimentaria en La Guajira.
El informe semanal del Instituto Nacional de Salud No 14 no muestra el éxito de las acciones puntuales y desarticuladas de las entidades. Este evidencia las deficiencias existentes en la notificación, ya que durante el primer trimestre de 2024 no se pueden identificar hechos relevantes para cambiar la tendencia que hasta ahora ha prevalecido.
Luce contradictorio, pero congratularse con un resultado sin hacer mayores esfuerzos para lograrlo, equivale a reconocer la validez de los postulados de la mano invisible propuestos por Adam Smith desde 1.776. Muchos ciudadanos en La Guajira se preguntan ¿cómo explicar la reducción de los indicadores de mortalidad de niños por desnutrición sin agua, sin alimentos, sin atención del Icbf, sin contratación, sin personal, sin inversión, sin instituciones de calidad y sin coordinación?
Creer en la teoría de la mano invisible es claudicar, aceptando que la población decidió libremente y por sus propios medios disminuir la desnutrición y sus muertes, situación que está lejos de la realidad. Celebrar y sacar pecho por los resultados, es admitir que la muerte por desnutrición en La Guajira se ha venido corrigiendo sola, es decir, sin la intervención del Estado, lo cual es difícil de entender en medio de la gestión de un Gobierno que tiende a fortalecerlo desde las funciones de distribución de bienes y servicio, generación de condiciones de equidad y estabilización social en el territorio.
Sentirse orgulloso por las cifras del primer trimestre, no es consistente con la realidad, lo que lleva a pensar que a través de las publicaciones en las redes sociales de X ha prevalecido la intención de sacar réditos políticos de una información que es débil, insuficiente y contradictoria, ya que nada ha cambiado de manera contundente.
Aunque no es una responsabilidad directa del actual Gobierno, la situación luce más crítica, dado que la brecha existente al comparar la tasa promedio nacional de mortalidad de niños menores de 5 años (por 100.000 niños) con la de La Guajira del 2017 y 2023 se hace más amplia. Mientras que en el 2017 la tasa de mortalidad por desnutrición en La Guajira era de 4 veces más de alta que la media nacional, en la actualidad la mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición de La Guajira se encuentra 8,3 veces por encima de la media nacional (52,5 La Guajira /6,3 el promedio nacional).
Estos análisis permiten concluir que no tiene sentido celebrar o sacar pecho con las cifras presentadas por el INS en su informe epidemiológico semanal No 14, ya que el Estado de cosas Inconstitucional en La Guajira sigue inamovible y la acción del Gobierno más que avanzar ha retrocedido, si se tienen en cuenta los indicadores seguidos la Corte Constitucional en sus evaluaciones periódicas. Por ello, esta corporación ha insistido en que declararía un posible desacato por la crisis humanitaria en La Guajira. José Fernando Reyes, en calidad de presidente de la Corte, señaló que no se descarta declarar un posible desacato por no impartir las soluciones a la crisis humanitaria del Departamento, ya que “no es posible que los niños en La Guajira se sigan muriendo de física hambre”.
Si el Estado no ha actuado de manera coordinada y de manera contundente para mitigar la prevalencia de la mortalidad en menores de cinco años por factores asociados a la desnutrición, no hay forma de explicar la sacada de pecho por parte las instituciones accionadas, al no ser que todas ellas crean en la mano invisible de Adan Smith y que esta se encuentre trabajando horas extras para que de inmediato se disminuyan las muertes de niños y niñas. Por Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.