POR JUAN FELIPE ZULETA VALENCIA
La “oportuna reacción ciudadana y la solidez de los argumentos expuestos”, fueron claves, piensa Julio Gómez, director de la Corporación Autónoma de Risaralda –Carder–, para suspender temporalmente la caza autorizada de 23 especies de fauna, 5 de estas en su jurisdicción.
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El asunto comenzó con la determinación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, de otorgar permiso a la empresa Tesoros de Colombia Sustainable para recolectar individuos de especies de ranas, mariposas y aves bajo la figura de “caza de fomento”, actividad que consiste, según explicó su director, el biólogo Iván Lozano, en capturar los individuos, lograr su reproducción en cautiverio, devolverlos al hábitat del que fueron extraídos y comercializar los nuevos ejemplares.
Desde la empresa defienden la tesis de que a través de la reproducción y venta a coleccionistas se combate eficientemente el comercio ilegal y la demanda de especies amenazadas. En esta labor Lozano lleva 14 años, en los cuales ha sido reconocido en el exterior. National Geographic, de hecho, destacó su aporte en la protección de la rana Lehmann, venenosa y rara especie en riesgo crítico.
Lo que dijo la Anla
La Anla también defendió su decisión y ratificó la postura que esbozó en un comunicado de hace dos semanas. Aclara inicialmente que lo que hizo mediante la resolución 02370 del 3 de diciembre de 2019 fue modificar una licencia ambiental ya existente, otorgada por la CAR de Cundinamarca, para el funcionamiento de un zoocriadero bajo control de Tesoros de Colombia.
Dicha modificación consistió en ampliar la caza de fomento de nuevas especies.
La entidad aseguró que para dicha modificación de la licencia realizó estricto seguimiento a la labor del zoocriadero con las especies que ya manejaba anteriormente, como la rana Lehmann y la kokoi granadilla, tarea adelantada, según responde la empresa, desde 2018.
Finalmente, la Anla señaló que la “recolección y colecta de individuos de la fauna silvestre, en todas sus modalidades, ha sido regulada en Colombia desde el Código Nacional de Recursos Naturales, Decreto Ley 2811 de 1974 y demás normas compiladas en el Decreto 1076 de 2015”.
Precisó que la caza de fomento es definida por el Código como la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir ejemplares para el establecimiento de zoocriaderos.
Argumentos en contra
Sin embargo el director de Carder asegura que la resolución se apoyó en vacíos normativos y que “existe suficiente soporte para demostrar que esta actividad de zoocría podría acelerar el riesgo de extinción de varias de estas especies (incluyendo las cinco de su jurisdicción), por varios factores, entre estos, que requieren de condiciones muy específicas para sobrevivir y es muy poco probable reproducir estas condiciones en cautiverio”, señala.
Y es que a pesar de que la empresa decidió suspender temporalmente la caza para “entablar un diálogo más amplio con las comunidades”, en los últimos días expertos en todo el país se han sumado en un ejercicio espontáneo para evidenciar lo que consideran como fallos en la resolución.
José Miguel Rengifo, vicerector de investigaciones de la Javeriana, y una de las principales autoridades en materia de conservación en el país, argumenta que “en varios apartes de la resolución la Anla dice que no se conoce el estado poblacional real de las especies, cuando hay vacíos de información o incertidumbre debe prevalecer el criterio de precaución, es decir, tomar decisiones que generen el menor impacto posible sobre la biodiversidad”.
Entre los fallos que señalan desde el sector científico es recurrente el que indica que la Anla malinterpreta la normativa ambiental al basarse, por ejemplo, en registros de la Uicn –Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza– para afirmar en la resolución si una especie está o no amenazada, pasando por alto registros más precisos respecto a la situación de dichas especies en el país, como los Libros Rojos, un caso puntual que ilustra esto, dice la investigadora Ángela María Amaya, es el de la tángara multicolor, en categoría vulnerable y que según señala la Anla no figura bajo amenaza.
Para Carlos Wagner, director de la feria internacional Birdfair, que puso a Colombia en el mapa del aviturismo mundial, es clave en esta discusión aclarar que las críticas no apuntan a la reproducción en cautiverio, la cual es, dice, una estrategia de conservación. Sin embargo, rechaza que se haga con fines comerciales.
Contrario a lo que expone Lozano, asegura que la comercialización, en lugar de frenar el tráfico crea mercados para especies sobre las cuales antes no recaía demanda.
Finalmente, coincide con el director de Carder, Julio César Gómez, en que la experimentación con estas especies y su posible desaparición podría negarles a las comunidades beneficiarse de la fauna cercana con prácticas sostenibles como el aviturismo, para beneficiar un mercado basado en un principio que Gómez considera poco ético: “Bajo ninguna circunstancia cabe que una especie silvestre sea comercializada”.
