Una cuadra de negocios y casas que por casi 90 años ha sido manejada por la parroquia El Calvario, en Campo Valdés, quedó en medio de una intrincada batalla legal que tiene a las autoridades repasando la historia del barrio desde su fundación.
Jacobo Betancur Peláez
Una hilera de propiedades ubicada al frente de la iglesia de Campo Valdés, que por más de ocho décadas es manejada por la parroquia El Calvario y cuya historia se remonta a la fundación misma de ese barrio a comienzos del siglo XX, es objeto desde hace varios meses de una encendida disputa.
En una pelea que se libra en un mar de escrituras, documentos notariales, denuncias en Fiscalía y hasta órdenes de desalojo que se han frenado en seco, mientras los feligreses y vecinos de la parroquia El Calvario aseguran que un grupo de particulares quiere usurpar un inmueble que toda la vida le ha pertenecido a la iglesia, los reclamantes dicen sentirse atropellados por varios sacerdotes, que los habrían acusado de ser ilegales desde el púlpito e instado a la Fuerza Pública a sacarlos de su vivienda por las malas.
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En medio de ese cruce de señalamientos la situación se puso especialmente tensa desde hace un año, luego de que salieran a flote versiones de que detrás de esas movidas habría presuntamente intereses de grupos armados con presencia en la zona y la parroquia por su parte pegara en sus paredes gigantescos carteles señalando que sus bienes no están a la venta, instando a los vecinos a no dejarse “estafar”.
“Los bienes de la parroquia El Calvario no están en venta, no se permutan, no se enajenan, no se cambian, no se deje estafar. Cualquier inquietud dirigirse al despacho parroquial”, aparece en los letreros, que no solo llenan las fachadas de la iglesia sino el frente de la cuadra de la discordia.
La disputa es tan sensible que la mayoría de vecinos y conocedores del pleito prefieren no referirse al tema públicamente, aduciendo temer ganarse enemigos, en medio de una controversia que ya aterrizó en la opinión pública desde febrero pasado cuando fue dada a conocer por la emisora Caracol Radio.
La cuadra de la discordia
La zona en cuestión es una hilera de por lo menos ocho propiedades ubicadas sobre la carrera 48A, la calle que pasa por el costado oriental de la parroquia El Calvario.
En un punto en el que coinciden los dos bandos es que dichas propiedades, en las que hay viviendas, tiendas, negocios de comida rápida, entre otros, por más de ocho décadas fueron manejadas por la parroquia, desde los tiempos de la fundación del barrio en la década de 1930.
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En aquel periodo, cuando en medio de su auge industrial Medellín comenzó a expandir su retícula urbana hacia el norte, la familia Cock, propietaria original de esos terrenos, empezó a vender lotes a familias de clase media para que construyeran sus casas y también entregó a la iglesia católica una franja de tierra para la construcción de un templo, con su respectiva casa cural.
Pese a que según consta en los registros históricos el poblamiento temprano de Campo Valdés se remonta a 1918, fue en 1935 que la urbanizadora Cock e hijos donó los terrenos para la parroquia, que posteriormente se erigió con una donación de 50.000 pesos de la época por parte de otro hombre, Carlos Peláez.
Desde hace un año, la parroquia El Calvario se llenó de avisos señalando que sus bienes no están en venta. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
A partir de esa década, junto con todo el nororiente de Medellín, Campo Valdés empezó densificarse. En el caso de la franja de terreno ubicada al frente del templo, la misma también se llenó de edificaciones de uso comercial y residencial, muchas de ellas ocupadas por familias que, cambio de vivir allí, entregaban un pago periódico a la parroquia a manera de arrendamiento.
Aunque por mucho tiempo el trato funcionó, según advierten los vecinos, durante los últimos años la situación se complicó, cuando consciente de ese vacío contractual y considerando que los valores de los arriendos debían ajustarse – ya que luego de varias décadas de inflación los pagos se habían convertido más en simbólicos que otra cosa – la parroquia pidió actualizar los contratos, hasta entonces de mera palabra.
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Mientras varias familias aceptaron sin reparos las nuevas condiciones, la actualización fue para otras una afrenta, considerando que tras vivir más de medio siglo en el lugar tenían derecho a encontrar algún camino para ser reconocidos como los legítimos propietarios.
En medio de esos roces, según advierten vecinos y conocedores del caso, una firma de inversiones entró en escena hace aproximadamente siete años, asegurando tener documentos en mano que probaban que los terrenos en cuestión nunca habían sido entregados legalmente a la iglesia.
En este punto aparece el centro del nudo. Ya que mientras para la parroquia esa historia es un engaño y sorpresiva, ya que por más de ocho décadas nadie asomó por el barrio con esos argumentos, para los reclamantes es precisamente el sustento legal de que pueden comprar sus casas.
A finales de 2022 el caso terminó por complicarse aún más, ya que una de las familias reclamantes formalizó la compra de su casa ante una notaría y certificó ante la Superintendencia de Notariado y Registro la transacción, empezando de paso a pagar el impuesto predial, tal como consta en varios documentos.
Considerando que todas esas transacciones son ilegítimas, la parroquia empezó por su lado a interponer acciones y a solicitar a la Policía el desalojo inmediato de la propiedad.
Pese a que dichas órdenes de desalojo han sido aprobadas múltiples veces, los uniformados que han llegado hasta el lugar para ejecutarlas se han frenado en seco al ver el intrincado mar de documentos que muestran ambas partes.
Y es que al igual que los reclamantes que ya pagan su impuesto predial, la parroquia también se defiende por su cuenta con otro arrume de documentos que incluyen escrituras, certificaciones y recibos en los que consta que ha pagado cumplida el impuesto predial.
En medio de ese choque de versiones, desde la orilla de los reclamantes, Huber Alonso Jaramillo Úsuga, quien es uno de los integrantes de una de las familias que hoy defiende la propiedad de su casa tras habitarla por 56 años, añade a la discusión que ellos también denunciaron ante la Fiscalía a un párroco por fraude procesal y a otro por injuria y calumnia, sosteniendo que han sido señalados injustamente desde el púlpito de ser ilegales.
Argumentando que durante la compra de su casa se siguieron todos los procedimientos legales y que todos los papeles están en regla, Jaramillo dice que su familia está dispuesta a irse hasta las últimas instancias legales para demostrar la propiedad de su casa, una determinación que también comparten desde la parroquia, desde donde se insta a que el caso se resuelva de fondo por la vía judicial.
Para conocer su versión ampliada sobre el caso, EL COLOMBIANO ha buscado ponerse en contacto con el actual párroco de El Calvario, el sacerdote Norberto Gómez Rodríguez, desde el pasado 22 de febrero, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no había sido posible.